La interferencia del Presidente de Colombia Álvaro Uribe con las investigaciones adelantadas por la Corte Suprema de Justicia de Colombia y sus reiterados ataques contra tal institución constituyen una amenaza a la independencia del poder judicial, dijo hoy Human Rights Watch.
El día de ayer, el Presidente Uribe divulgó un comunicado de prensa solicitando se investigue una denuncia según la cual el magistrado de la Corte Suprema Dr. Iván Velásquez habría intentado persuadir a un detenido para que brindara testimonio implicando al presidente en un asesinato. Uribe declaró que habría recibido una carta de dicho sujeto, denunciando las supuestas presiones del magistrado.
Uribe también ha reconocido que llamó por teléfono al Dr. Velásquez, para preguntarle sobre este asunto. El magistrado Velásquez es el jefe del equipo de la Corte Suprema encargado de investigar las relaciones entre políticos y grupos paramilitares en los escándalos popularmente conocidos como de la “parapolitica.”
“La Corte Suprema, a pesar de enormes obstáculos, ha logrado progresos sin precedentes en la investigación de los vínculos entre paramilitares y políticos cercanos al presidente,” dijo José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “La llamada telefónica del Presidente Uribe al magistrado encargado de conducir investigaciones sumamente delicadas constituye una presión política que podría intimidar a la Corte y afectar el resultado de estos procesos.”
La Corte Suprema ha iniciado investigaciones contra docenas de congresistas pertenecientes a la coalición de Uribe, incluyendo al primo del Presidente Uribe, el senador Mario Uribe, por supuesta colaboración con paramilitares, quienes además de estar vinculados al narcotráfico son responsables de innumerables atrocidades. Como consecuencia de estas investigaciones, catorce congresistas se encuentran actualmente detenidos.
Las declaraciones del Presidente Uribe se producen poco tiempo después de la publicación de un informe de la prestigiosa revista semanal colombiana Semana, acerca de las investigaciones realizadas por la Corte Suprema sobre llamadas telefónicas de algunos congresistas detenidos, en las cuales parecerían estar tramando sobornos a testigos y funcionarios públicos y la destrucción de evidencias en su contra.
La Corte Suprema ha defendido al Juez Velásquez, y ha solicitado que se inicie una investigación sobre una posible obstrucción de justicia por parte del presidente. El Juez Velásquez, quien ha trabajado por dos décadas en la rama judicial, ha negado enérgicamente cualquier esfuerzo por involucrar a Uribe en las investigaciones, señalando que, en cualquier caso, es el Congreso, y no la Corte Suprema, la institución encargada de investigar al presidente.
La versión de los hechos dada por el Juez Velásquez habría sido corroborada por una fiscal que fue testigo de la entrevista de Velásquez con el detenido en el transcurso de sus investigaciones. La fiscal habría dicho que el Presidente Uribe nunca fue mencionado durante dicha diligencia.
Human Rights Watch subrayó que Uribe reiteradamente ha formulado declaraciones agresivas contra la Corte y los medios de comunicación que están investigando a su administración y a sus aliados políticos.
A comienzos de este año, cuando la Corte Suprema dictaminó que la Constitución prohibía el indulto por la conformación de grupos paramilitares, Uribe se enfrentó a la Corte, acusándola de tener un “sesgo ideológico.” Anteriormente, había arremetido contra destacados medios de comunicación colombianos, cuando revelaron acusaciones según las cuales el ex jefe de inteligencia de Uribe, Jorge Noguera, habría colaborado con los paramilitares.
La semana pasada, Uribe acusó al periodista Gonzalo Guillén de El Nuevo Herald de hacerle falsos señalamientos en un libro publicado por Virginia Vallejo, la ex amante del conocido jefe del cartel de drogas de Medellín, Pablo Escobar. Vallejo asegura en el libro que Escobar le presentó personalmente a Uribe. Guillén, quien ha escrito sobre vinculaciones entre la administración de Uribe y los paramilitares, y que previamente ya había denunciado serias amenazas contra su vida, ha declarado que él no ha tenido nada que ver con el libro de Vallejo ni con las acusaciones contenidas en él. Después de las criticas de Uribe, Guillen anunció que había recibido nuevas amenazas de muerte y que tendría que salir del pais.
“En un país como Colombia, donde periodistas y jueces muchas veces han sido asesinados por sus investigaciones, el Presidente debe ejercer el mayor cuidado para evitar incluso la apariencia de estar intimidándolos, o estar poniéndolos en peligro,” dijo Vivanco.
