- El régimen de excepción, adoptado en marzo de 2022, ha resultado en graves abusos en contra de niños, niñas y adolescentes detenidos en comunidades de bajos ingresos.
- Muchos niños han sido doblemente victimizados, primero, por las pandillas que abusaron de ellos, y luego por las fuerzas de seguridad que los detuvieron y maltrataron. Estas violaciones de derechos humanos pueden tener consecuencias profundas y duraderas en sus vidas.
- El gobierno debería implementar una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos que desmantele a las pandillas, prevenga el reclutamiento de menores y brinde protección y oportunidades a los niños.
(San Salvador) – El régimen de excepción, adoptado en marzo de 2022, ha resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra de niños, niñas y adolescentes detenidos en comunidades de bajos ingresos en El Salvador, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 114 páginas, “‘Su hijo no existe aquí’: Violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el régimen de excepción en El Salvador” documenta casos de detenciones arbitrarias, tortura y otras formas de malos tratos en contra de niños detenidos en el marco de lo que el presidente Nayib Bukele denomina una “guerra contra las pandillas”. Los menores detenidos han sido sometidos a condiciones deplorables en detención incluyendo, en ocasiones, hacinamiento, y falta de alimentación y atención médica adecuados, así como contacto con abogados y familiares. En varios casos, los niños han sido detenidos junto con adultos durante los días iniciales de su detención. Muchos han sido condenados por delitos definidos de forma amplia y en juicios con violaciones al debido proceso.
“Los niños, niñas y adolescentes de comunidades vulnerables en El Salvador han sufrido graves violaciones de derechos humanos debido a las detenciones indiscriminadas implementadas por el gobierno”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “El gobierno debería implementar una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos que desmantele las pandillas, prevenga el reclutamiento de niños y les proporcione protección y oportunidades”.
Policías y soldados han llevado a cabo innumerables redadas, particularmente en comunidades vulnerables donde la violencia de las pandillas era una presencia constante, deteniendo a más de 80.000 personas, incluyendo cerca de 3.000 niños, niñas y adolescentes. Durante años, la pobreza generalizada, la exclusión social y la falta de oportunidades educativas y laborales han dejado a muchos niños con pocas opciones viables, permitiendo que las pandillas abusen de ellos y que las fuerzas de seguridad los estigmaticen como delincuentes y los acosen.
Entre junio de 2023 y julio de 2024, Human Rights Watch entrevistó a más de 90 personas en El Salvador. En septiembre y diciembre de 2023, Human Rights Watch visitó comunidades en varios departamentos del país. Entre los entrevistados se encontraban víctimas de abusos, sus familiares y abogados, así como varios jueces, agentes de policía, exfuncionarios gubernamentales, maestros, expertos en seguridad, periodistas y miembros de la sociedad civil. También revisamos expedientes judiciales de casos relevantes, así como antecedentes médicos, educativos y penales.
Los arrestos indiscriminados han llevado a la detención, a menudo durante periodos prolongados previos al juicio, de numerosos niños sin ninguna conexión aparente con las actividades abusivas de las pandillas. Con frecuencia, esos arrestos parecen estar basados en la apariencia física y las condiciones socioeconómicas de los menores, más que en evidencia creíble y sólida. En algunos casos, las autoridades han realizado detenciones basadas en información cuestionable, como denuncias anónimas no corroboradas. Las fuerzas de seguridad habitualmente no han presentado órdenes de registro o detención y rara vez han informado a los detenidos y sus familiares sobre los motivos de la detención.
En uno de los casos documentados, soldados detuvieron a un estudiante de secundaria de 16 años en Sensuntepeque, departamento de Cabañas, cuando regresaba a su casa después de jugar un partido de fútbol en mayo de 2022. Un familiar dijo a Human Rights Watch que los soldados lo obligaron a desvestirse, le quemaron el torso con un encendedor y le ordenaron que confesara a qué pandilla pertenecía.
Los documentos del expediente judicial muestran que luego fue acusado de agrupaciones ilícitas, sobre la base de un único testimonio de un “testigo criteriado” anónimo, y condenado a seis años de prisión. El joven permanece detenido.
El encarcelamiento masivo ha sobrecargado el ya frágil sistema judicial de El Salvador. Más de 1.000 niños han sido condenados durante el régimen de excepción, con sentencias que van desde los 2 a los 12 años de prisión, a menudo por cargos definidos de forma excesivamente amplia, como el delito de “agrupaciones ilícitas”, y frecuentemente sobre la base de testimonios policiales no corroborados. En muchos casos, las autoridades forzaron a los menores a realizar confesiones falsas, mediante una combinación de acuerdos judiciales abusivos y, a veces, malos tratos o tortura.
Policías y soldados arrestaron a una estudiante de 17 años de un pueblo rural en el departamento de Sonsonate, el 1 de julio de 2022, sin mostrarle una orden de detención. El 9 de enero de 2023, un juez la presionó a ella y a otros siete niños para que se declararan culpables conjuntamente de colaborar con la pandilla MS-13 a cambio de sentencias reducidas. Ella niega haber cometido ese delito. Sin embargo, por temor a sentencias más largas, todos se declararon culpables y fueron sentenciados a un año de prisión. “No teníamos opción”, dijo. “Todos queríamos estar con nuestra mamá”.
Las autoridades han tomado pocas medidas, si es que alguna, para proteger a los niños, niñas y adolescentes de la violencia por parte de otros detenidos, incluyendo casos de golpizas y agresiones sexuales. Decenas de niños han estado incomunicados de sus familias por semanas o meses; muchos solo han podido ver a sus abogados o familiares por unos minutos antes o durante las audiencias.
Durante años, los centros de detención juveniles en El Salvador han presentado condiciones graves: hacinamiento, escasez de personal, insalubridad y falta de infraestructura adecuada. Esta situación ha generado un entorno peligroso y deshumanizador que no solo no prioriza el bienestar de los menores, sino que también obstaculiza severamente cualquier posibilidad real de rehabilitación y reinserción social.
Muchos niños han sido doblemente victimizados, primero, por las pandillas que abusaron de ellos y que, en algunos casos, intentaron reclutarlos, y luego, por las fuerzas de seguridad que los detuvieron y maltrataron, posiblemente con consecuencias profundas y duraderas.
La prolongada y alta tasa de homicidios del país, que alcanzó un máximo de 106 por cada 100.000 habitantes en 2015, ha disminuido drásticamente, llegando a un mínimo histórico de 2,4 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023, según cifras oficiales. Las autoridades también han informado sobre una disminución en las extorsiones. Sin embargo, la falta de transparencia sobre las tasas de criminalidad y las denuncias de manipulación de las cifras hacen difícil evaluar con precisión el alcance exacto de la reducción de la violencia.
El gobierno debería establecer un mecanismo para revisar los casos de los detenidos durante el régimen de excepción, señaló Human Rights Watch. Este mecanismo debería dar prioridad a la revisión de los casos de niños, niñas y adolescentes y otros detenidos vulnerables, con miras a liberar a quienes fueron detenidos sin pruebas y priorizar la persecución penal, bajo el debido proceso, de altos líderes de las pandillas que son los máximos responsables por delitos atroces.
El gobierno también debería desarrollar una estrategia de seguridad integral que proteja a los menores de la violencia y el reclutamiento de las pandillas, incluyendo mediante la implementación de iniciativas de prevención de la violencia, programas de rehabilitación para los menores reclutados y apoyo para la reinserción de niños en conflicto con la ley. Es fundamental que la privación de libertad de niños, niñas y adolescentes sea utilizada como último recurso y por el menor tiempo posible. Cuando la detención sea inevitable, debe tener lugar en instalaciones seguras, humanas y propicias para la reinserción de los niños, niñas y adolescentes a la sociedad.
Los gobiernos de Estados Unidos, América Latina y los Estados miembros de la Unión Europea deberían aumentar la atención internacional sobre la situación en El Salvador, incluyendo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Los gobiernos y las instituciones financieras internacionales, en particular el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), deberían suspender todo tipo de préstamos o donaciones existentes a las instituciones gubernamentales presuntamente involucradas de manera creíble en abusos, incluyendo a la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, el sistema penitenciario y la Fiscalía General de la República.
“La detención indiscriminada de niños, niñas y adolescentes amenaza con perpetuar los ciclos de violencia en El Salvador”, dijo Goebertus. “La comunidad internacional debería exhortar al gobierno a cesar las violaciones de derechos humanos y proteger la vida y el futuro de la niñez”.
