Mucha gente pensó que nunca vería a Radovan Karadzic comparecer ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). Ni las víctimas de violaciones que entrevisté en Bosnia en 1993, ni los que estaban retenidos en campos de concentración, llegaron siquiera a soñar con ese momento. Pero incluso en medio del conflicto, en circunstancias difíciles, los civiles de la zona reunían laboriosamente detallados testimonios de supervivientes con la esperanza de que algún día hubiese justicia para estos crímenes. Incluso después de que se creara el TPIY y se presentasen cargos contra Karadzic por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, parecía poco probable que le arrestasen.
Sin embargo, esta semana el presunto genocida se ha enfrentado a una comisión que juzgará su papel en la masacre que costó la vida a miles de niños y hombres tras la caída de Srebrenica en julio de 1995, así como crímenes en varias ciudades bosnias, incluyendo el bombardeo a Sarajevo durante el sitio a la ciudad.
¿Qué ha pasado hasta llegar aquí? Uno de los factores fundamentales ha sido la insistencia de la Unión Europea para que Serbia cooperase como condición previa al Acuerdo de Estabilización y Asociación, el primer paso para convertirse en miembro de los Veintisiete. La UE insistió en que Serbia entregase a sus fugitivos, incluyendo a Karadzic y a su secuaz, el general Ratko Mladic, antes de estrechar vínculos. El mensaje enviado es que la justicia es el centro de los valores de Europa.
El momento elegido para la detención de Karadzic es una lección para los líderes mundiales que aún no han tomado partido sobre la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente de Sudán, Omar al Bashir. El fiscal de la CPI quiere que se dicte una orden contra Al Bashir acusándole de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, por su campaña contra la insurgencia en Darfur.
Muchos arguyen que no es el momento adecuado, como ya lo hicieron cuando Karadzic fue acusado. Dicen que la orden contra Al Bashir podría interponerse en el camino de la paz. Ya no se puede dar marcha atrás a la acusación contra Karadzic. Pero los preocupados por el caso de Al Bashir aún tienen un lugar al que dirigir sus quejas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene autoridad para interferir procesos judiciales independientes de la CPI. El mismo Estatuto de Roma que creó esta Corte tiene una disposición que permite al Consejo de Seguridad suspender investigaciones de la CPI durante 12 meses, si considera que la interrupción es necesaria para mantener o restaurar la paz y la seguridad.
La Unión Africana y la Organización de la Conferencia Islámica ya han instado al Consejo de Seguridad a que use esta medida. El aplazamiento ha generado un acalorado debate en el seno del Consejo de Seguridad, que pretendía renovar esta semana la fuerza de paz híbrida para Darfur compuesta por la ONU y Unión Africana. Uno de los motivos para conceder un aplazamiento es el miedo a las represalias contra las fuerzas pacificadoras y los trabajadores de ayuda humanitaria.
Pero la detención de Karadzic muestra la importancia de la presión diplomática, que puede ayudar a que las víctimas obtengan justicia. Las nefastas consecuencias que se predijeron como resultado de la acusación a Karadzic no sólo nunca se materializaron, sino que su poder disminuyó y quedó fuera del juego político.
En el caso de Sudán, el Consejo de Seguridad ha considerado que la impunidad de los crímenes en Darfur consiste en sí misma en un tratado de paz y seguridad. Nada les ha hecho cambiar de opinión, ni siquiera los continuos ataques por parte del Gobierno y de sus aliados, los janjaweed. Además, las conversaciones de paz en Darfur han estado estancadas durante nueve meses por motivos que no tienen que ver ni con la CPI ni con la posibilidad de una orden de arresto contra Al Bashir. No se entiende cuál puede ser el beneficio de un retraso en la justicia ahora.
Por otra parte, la Justicia y la CPI podrían pagar un precio muy alto por ese atraso. Se sentará un precedente peligroso para otros acusados: las amenazas y la violencia pueden permitir que se chantajee al Consejo de Seguridad para conseguir aplazamientos. Aunque no se debe tomar a la ligera el riesgo para las fuerzas pacificadoras y de ayuda humanitaria, las amenazas de represalias deben enfrentarse a una firme respuesta del Consejo de Seguridad. Más que escarbar en una montaña de demandas, el Consejo debería insistir en que los autores de crímenes de guerra rindan cuentas. Cualquier otra cosa sería permitir que el Consejo se convirtiera en un rehén de la violencia.
Ya no es momento de echarse atrás. La comunidad internacional debe aceptar su responsabilidad y brindarle a las víctimas de crímenes tan horribles la justicia que merecen. Los miembros de la Unión Europea, incluida España, deben mantener su determinación para asegurarse de que los fugitivos que aún no están bajo custodia del TPIY, incluido el general Mladic, sean capturados. Los Veintisiete deben permanecer igualmente firmes en su compromiso para acabar con la impunidad en Darfur y en la resistencia de la Justicia internacional ante un posible retraso del caso de la CPI contra Al Bashir. Las víctimas de Bosnia y de Darfur no se merecen menos.
Sara Darehshori es una de las responsables del Programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch.
