Ministra Gladys Margot Echaíz Ramos
Fiscal de la Nación
Ministerio Público-Fiscalía De La Nación
Av. Abancay Cdra 5
Lima
Estimada Dra. Echaíz,
Me dirijo a usted para expresarle nuestra profunda preocupación por el violento enfrentamiento que tuvo lugar el 5 de junio en la provincia de Bagua y en el cual perdieron la vida al menos 32 personas, entre ellas varios policías y civiles que participaban en una manifestación. Hasta hoy, tanto el gobierno como los grupos indígenas ofrecen versiones contradictorias de los hechos. Dada la gravedad de lo ocurrido la semana pasada, es crucial que la Fiscalía promueva una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial que permita identificar y juzgar a quienes cometieron delitos.
Hemos recibido denuncias creíbles de que el viernes 5 de junio la policía intentó despejar violentamente una manifestación organizada por grupos indígenas en la provincia de Bagua. La manifestación se produjo tras varias semanas de protestas que reclamaban que el gobierno del Presidente García suspendiera una serie de decretos legislativos que facilitarían actividades económicas en el Amazonas peruano. Según algunos informes de prensa, los helicópteros de la policía habrían disparado indiscriminadamente contra los manifestantes, lesionando a varios de ellos, incluido un conocido líder y activista indígena. Esto aparentemente profundizó el enojo de los manifestantes, lo cual derivó en un violento enfrentamiento entre policías y manifestantes que tuvo como saldo decenas de policías y civiles muertos. Asimismo, los manifestantes habrían presuntamente agredido violentamente y asesinado a varios policías que habían secuestrado en una localidad cercana.
Se han brindado versiones contradictorias sobre la cantidad de policías y civiles que murieron durante los sucesos en Bagua. Según las cifras oficiales, 23 oficiales de policía perdieron la vida y 24 resultaron heridos, en tanto el saldo entre los manifestantes indígenas fue de 9 víctimas fatales y 155 heridos. Sin embargo, el número de muertos civiles continúa siendo incierto. Otras fuentes señalan que más de 25 civiles fueron asesinados y, según información recibida por Human Rights Watch, algunos testigos afirman que miembros de las fuerzas de seguridad habrían arrojado los cuerpos de varios manifestantes al río.
En vista de la gravedad de estas acusaciones, y a fin de asegurar que estos delitos se investiguen y juzguen adecuadamente, es de vital importancia que su Fiscalía realice una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de todos los presuntos crímenes, tanto aquellos cometidos por civiles contra policías, como los cometidos por la propia policía. Para facilitar estas investigaciones, deberían darse inmediatamente los siguientes pasos:
- Asegurar que se adopten las medidas pertinentes para que los miembros de la policía y el Ejército no aprovechen el acceso que tienen a algunas zonas durante el toque de queda para ocultar o destruir pruebas incriminatorias;
- Elaborar y difundir una lista de todos los civiles que participaron en las manifestaciones y cuyo paradero se desconoce, que luego deberá ser usada para investigar dónde se encuentran y determinar la cantidad exacta de víctimas civiles; y
- Coordinar con la Defensoría del Pueblo para asegurar que los testigos, tanto civiles como policías, sientan que cuentan con la protección necesaria para ofrecer su testimonio en un entorno seguro.
Estamos sumamente preocupados porque hemos recibido denuncias de defensores de derechos humanos que sugieren que estas medidas todavía no han sido adoptadas.
Además de lo anterior, y con el propósito de fortalecer el trabajo de la Fiscalía de la zona, la instamos respetuosamente a que conforme una comisión de fiscales de alto nivel con la experiencia profesional y los antecedentes adecuados para llevar a cabo esta investigación crítica. Deben contar con las facultades y los recursos necesarios para determinar cuestiones clave sobre responsabilidad penal, incluido el alcance de cualquier participación estatal en los crímenes.
Quisiera agradecerle de antemano su atención a la presente carta.
Atentamente,
José Miguel Vivanco
CC: Presidente Alan García
