Estimado Embajador Gómez Robledo:
Nos dirigimos a usted para expresarle nuestra profunda preocupación por las presuntas amenazas y agresiones contra defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero. Nos inquieta especialmente la seguridad de las personas que continúan estando expuestas a agresiones, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas provisionales para protegerlas. Las organizaciones internacionales que suscriben esta carta lo instamos respetuosamente a que implemente de manera inmediata las medidas de seguridad necesarias para que los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades de manera libre y segura.
Como es de su conocimiento, los Estados tienen una obligación especial de proteger a los defensores de derechos humanos contra los riesgos que pueden enfrentar como resultado directo de su trabajo. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), "la labor de promoción y protección de los derechos humanos que por iniciativa propia realizan las personas bajo [las] jurisdicciones [de los Estados] es una actividad legítima que coadyuva con una obligación esencial de los Estados y, por lo tanto, genera en ellos obligaciones especiales de protección respecto de quienes se dedican a promover y proteger tales derechos. En una sociedad democrática las actividades de derechos humanos deben ser tanto protegidas como estimuladas".
La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció claramente la obligación de México de proteger a los defensores de derechos humanos en Guerrero cuando otorgó medidas provisionales a favor de 107 defensores y familiares que viven allí2. En abril de 2009, la Corte determinó que estas personas se encontrarían en "una situación de extrema gravedad y urgencia y de posible irreparabilidad de daños a los derechos a la vida e integridad personal". La decisión de la Corte se basó en información proporcionada por la CIDH, según la cual estos defensores habían sufrido un mayor número de "presuntas amenazas y hechos de violencia" durante los primeros meses de 2009, tales como intimidación, seguimientos y escuchas telefónicas. También tuvo en cuenta que los cuerpos de Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía, dos defensores de derechos humanos que habrían sido secuestrados por la Policía Ministerial de Guerrero en febrero de 2009, fueron encontrados varios días después con signos visibles de tortura.
La Corte Interamericana ordenó al gobierno mexicano que protegiera la vida y la integridad física de los beneficiarios de las medidas provisionales, y que planificara con ellos la implementación de tales medidas, para que ello ocurra de forma diligente y efectiva.
No obstante, el gobierno no ha implementado adecuadamente las medidas de seguridad básicas que acordó con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la ONG con sede en Guerrero que presentó estos casos ante el sistema interamericano. Estas medidas incluyen la entrega de teléfonos celulares y satelitales a algunos beneficiarios, y la protección policial mediante dos rondines diarios a los domicilios de las viudas de Ponce Rosas y Lucas Lucía, así como acompañamiento policial cuando lo soliciten.
Según Tlachinollan, la única medida que el gobierno ha implementado cabalmente hasta hoy es la entrega de 6 teléfonos celulares y 2 teléfonos satelitales para los 107 beneficiarios. No obstante, algunos de los teléfonos no funcionan adecuadamente.
Aún más preocupante, hemos recibido denuncias de que México no ha brindado la protección policial prometida a las viudas. El primer día que Margarita Martín de las Nieves, viuda del Sr. Ponce Rosas, debía ser escoltada hasta su vivienda por oficiales de la policía estatal luego de reunirse con funcionarios del gobierno, esto no sucedió y su seguridad fue puesta en riesgo. Según personal de Tlachinollan, si bien la policía estatal había prometido acompañar a la Sra. Martín de las Nieves hasta su domicilio luego de una reunión el 24 de junio, no pudieron comunicarse con el comandante del primer sector de la región Costa Chica de la policía preventiva estatal cuando llamaron a los números a que tenían para ubicarlo al finalizar la reunión. Por ello, la Sra. Martín de las Nieves se retiró sin acompañamiento policial. Después de la reunión, cuando regresaba a bordo de una camioneta en compañía de su cuñado-quien también es uno de los beneficiarios de las medidas de protección dispuestas por la Corte-y su esposa, un hombre no identificado que se encontraba agachado a la orilla de la carretera en un cruce de caminos disparó contra ellos sin alcanzarles. Cuando el conductor aceleró, el hombre emitió otros dos disparos en dirección a la camioneta. El agresor los siguió a pie hasta que el vehículo en el cual viajaba Martín de las Nieves pudo escapar.
Hasta el 29 de junio, el personal de Tlachinollan no había podido corroborar si el gobierno había iniciado efectivamente los rondines policiales a las viviendas de las viudas, ya que la única comunicación con estas era a través de un teléfono satelital que había entregado el gobierno pero que no funcionaba por problemas técnicos.
Creemos que, a fin de garantizar la seguridad de otros defensores de derechos humanos alcanzados por las medidas provisionales de la Corte Interamericana, el gobierno mexicano debería implementar también medidas adicionales ya propuestas por Tlachinollan. Estas medidas incluyen entregar radios móviles a los beneficiarios para mejorar su comunicación entre sí, e instalar luces sensoriales diurnas y nocturnas así como una chapa de seguridad en el ingreso a las oficinas donde trabajan los defensores. El gobierno también debería asegurar que las autoridades competentes realicen investigaciones adecuadas, oportunas e imparciales, que permitan identificar y juzgar a quienes han perpetrado los presuntos ataques contra los defensores.
Lo instamos a que adopte e implemente de manera inmediata las medidas necesarias para proteger a las personas que trabajan en la promoción y protección de los derechos humanos en Guerrero, incluidas aquellas acordadas por el gobierno mexicano y los peticionarios en el marco de los procedimientos ante el sistema interamericano de derechos humanos.
Asimismo, resulta absolutamente esencial que se juzgue a los responsables de estas agresiones. Lo exhortamos enérgicamente a que siga de cerca que las autoridades locales competentes realicen una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de las presuntas agresiones contra la Sra. Martín de las Nieves.
Confiamos en que este grave asunto recibirá su inmediata atención.
Atentamente,
Katya Salazar José Miguel Vivanco
Executive Director Director Ejecutivo - Americas Division
Due Process of Law Foundation Human Rights Watch
Lisa Haugaard Joy Olson
Executive Director Directora Ejecutiva
Latin America Working Group Education Fund Washington Office on Latin America
