(Washington, DC) - El presidente Barack Obama debe ordenar al Departamento de Justicia que aplique las normas de la Ley para la Eliminación de las Violaciones Sexuales en Prisión (PREA) a los detenidos en centros estadounidenses para inmigrantes, señalaron hoy Human Rights Watch y otras diez organizaciones en una carta dirigida al Presidente.
El 3 de febrero de 2011, la oficina del fiscal general Eric Holder hizo públicas las disposiciones propuestas dentro de esta ley para detectar, prevenir, reducir y castigar el abuso sexual contra las personas bajo la custodia del Gobierno. Los detenidos en centros para inmigrantes de Estados Unidos estarían excluidos de estas normas, a pesar de que la ley dispone su aplicación en todos los centros de internamiento federales, estatales y locales.
"Una violación sigue siendo una violación independientemente de que ocurra en una prisión federal, una cárcel local o un centro de detención para inmigrantes", señaló Jamie Fellner, asesora principal del Programa de Estados Unidos de Human Rights Watch. "Al excluir a estos detenidos, las normas propuestas por el fiscal general exponen a una población, ya de por sí vulnerable, a un riesgo aún mayor que el que corre la población penitenciaria en general", agregó.
Las otras organizaciones firmantes de la carta son: Unión Americana de Libertades Civiles (American Civil Liberties Union), Immigration Equality, Detención Justa Internacional (Just Detention International), Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (National Immigrant Justice Center), National Immigration Forum, Médicos para los Derechos Humanos (Physicians for Human Rights), Prison Fellowship, Southern Center for Human Rights, Proyecto de Derechos Civiles de Texas (Texas Civil Rights Project) y Women's Refugee Commission. Los grupos instaron a la Fiscalía General a que modifique las normas propuestas para que incluyan la protección a las personas detenidas en centros para inmigrantes.
La Ley para la Eliminación de las Violaciones Sexuales en Prisión, aprobada por unanimidad en el Congreso y confirmada por el presidente George W. Bush en 2003, estableció un imperativo nacional de proteger del abuso sexual a todas las personas, adultas o menores de edad, bajo la custodia del Gobierno. En virtud de esta ley, se creó la Comisión Nacional para la Eliminación de las Violaciones en las Prisiones (NPREC) para examinar las causas y las consecuencias de las violaciones en las prisiones, así como recomendar normas nacionales para eliminarlas. Fellner formó parte de los ocho miembros de la comisión.
La violencia sexual en los centros de detención para inmigrantes es un problema grave. El informe de la comisión resumió los testimonios del abuso sexual generalizado durante más de dos décadas en el centro de detención de inmigrantes Krome, en Miami, Florida. Un informe de Human Rights Watch publicado en 2010 recopiló más de 50 incidentes documentados y denuncias de acoso, ataques y abusos sexuales en centros de detención de inmigrantes desde la creación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 2003. Esto podría representar una pequeña proporción del total de casos ocurridos, ya que los inmigrantes detenidos suelen tener miedo de denunciar un incidente o son deportados antes de poder presentar una denuncia.
La detención de inmigrantes es el sistema carcelario que registra el crecimiento más rápido en Estados Unidos. En 2009, el ICE tenía bajo su custodia a entre 380,000 y 442,000 personas en alrededor de 300 centros de detención del país. Algunas estaban recluidas en centros de procesamiento administrados directamente por el ICE y otras en centros de detención contratados y dirigidos por empresas privadas, cárceles de estados o condados contratadas por el ICE o centros administrados por el Oficina Federal de Prisiones. Los inmigrantes menores de edad detenidos están internados en centros administrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Aunque los inmigrantes están detenidos un promedio de 30 días, la detención en algunos casos puede durar años.
Para los fines de la ley, el Congreso definió el concepto de "prisión" como "cualquier centro de internamiento de un Gobierno federal, estatal o local, administrado por dicho Gobierno o por una organización privada en representación de dicho Gobierno".
De acuerdo con el lenguaje claro de la ley, la comisión incluyó a los centros de detención de inmigrantes en su ámbito de competencia. Una de sus audiencias públicas se centró en los adultos y los niños en centros para inmigrantes, y contó con el testimonio de un representante del Departamento de Seguridad Nacional. El informe final de la comisión incluyó un capítulo sobre el abuso sexual contra inmigrantes en centros de detención mientras esperaban decisiones administrativas sobre su situación legal. Las normas propuestas por la comisión incluyen la protección especial de estos detenidos para responder a sus necesidades y vulnerabilidades únicas, así como a la falta actual de rendición de cuentas para los que abusan de ellos.
Todo indica que la intención del Congreso era someter a los centros de detención de inmigrantes a las normas de la Ley para la Eliminación de las Violaciones Sexuales en Prisión, según las organizaciones. Además de la definición inclusiva de las prisiones en la ley, los informes del comité legislativo hacen hincapié en la aplicación de sus protecciones a los detenidos tanto por delitos penales como por infracciones administrativas, entre ellos los inmigrantes. Siguiendo esta interpretación, la Oficina de Estadísticas sobre Justicia, autorizada por la ley para recolectar estadísticas sobre las violaciones en las prisiones, incluye a los centros de detención para inmigrantes en sus datos.
"La decisión del fiscal general Holder de excluir a los detenidos en centros para inmigrantes de la aplicación de la PREA es tan inesperada como equivocada", señaló Fellner. "Este cambio de posición de última hora del Departamento de Justicia se contrapone a lo que sabemos acerca del abuso sexual en los centros para inmigrantes y el compromiso del Congreso de proteger frente a la violación a cualquier persona privada de libertad por el Gobierno", agregó.
