(Nairobi) - Más de 300 personas siguen desaparecidas tres años después de un conflicto debido a la insurgencia en la región del Monte Elgón, y el Ejército de Kenia es responsable de desaparecer por la fuerza a la mayoría de ellas, Human Rights Watch señaló en un informe publicado hoy. El Gobierno de Kenia debe establecer inmediatamente una investigación independiente para exhumar posibles fosas comunes e investigar las atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad de Kenia y la milicia conocida como la Fuerza de Defensa de la Tierra Sabaot (FDTS). La Corte Penal Internacional (CPI) debe ampliar su investigación en Kenia si el Gobierno de Kenia no puede o no desea llevar a cabo estas investigaciones.
El informe de 48 páginas, “‘Hold Your Heart’: Waiting for Justice in Kenya’s Mt. Elgon Region” (“‘Detén tu corazón’: A la espera de la justicia en la región del Monte Elgón de Kenia”), examina los intentos de las familias de los desaparecidos por el Ejército de Kenia y la milicia FDTS por buscar la verdad y la justicia. En los últimos tres años, el Gobierno de Kenia ha hecho poco para ayudar a las víctimas en su búsqueda, dijo Human Rights Watch, y no ha garantizado una investigación independiente e imparcial sobre los abusos cometidos por ambos lados.
"La situación de los familiares de las víctimas es una de las cicatrices más duraderas de la violencia en Monte Elgón", dijo Daniel Bekele, director para África de Human Rights Watch. "Si no hay cuerpos para enterrar, no hay certificados de defunción, y no existe un reconocimiento oficial sobre la pérdida de sus familiares, estas familias permanecen en un limbo jurídico y psicológico".
El informe se basa en investigaciones de campo y entrevistas realizadas en la provincia occidental de Kenia. Mientras que muchas violaciones de derechos humanos provenientes del conflicto Monte Elgón permanecen impunes, "Hold Your Heart" se centra en el problema específico de los secuestros no resueltos por la milicia FDTS y las desapariciones forzadas a manos de las fuerzas de seguridad de Kenia.
La responsabilidad primaria de investigar los crímenes cometidos en Monte Elgón corresponde a las autoridades de Kenia. Como se demuestra en este informe, no ha habido investigaciones creíbles en los últimos tres años por las atrocidades cometidas en Monte Elgón, dijo Human Rights Watch.
El leve movimiento insurgente comenzó en Monte Elgón en 2006 cuando la milicia FDTS se resistió a los intentos del Gobierno de desalojar a los ocupantes ilegales. La milicia atacó a miles de civiles sospechosos de apoyar al gobierno - violándolos, matándolos y mutilándolos. En el período previo a las elecciones de diciembre de 2007, la FDTS llevó a cabo una campaña de terror en favor de los candidatos opositores del Movimiento Democrático Naranja (ODM) para los consejos locales y el Parlamento.
En respuesta, en marzo de 2008, el Gobierno de Kenia inició una operación de mano dura militar y policial conjunta conocida como Okoa Maisha ("Salvar Vidas" en swahili). Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo cientos ejecuciones extrajudiciales y torturaron y detuvieron arbitrariamente a miles de personas. Entre 2006 y mediados de 2008, la FDTS mató a unas 750 personas y las fuerzas de seguridad a cerca de 270. Además, más de 300 fueron desaparecidas - un estimado de 199 a manos de las fuerzas de seguridad y 126 a manos de la FDTS.
Una mujer contó lo que los soldados le dijeron mientras se llevaban a su esposo: "¿Has oído los balazos en Kimaswa? Esa es el arma que se va a utilizar contra tu marido".
Las atrocidades cometidas en Monte Elgón cesaron a mediados de 2008 después de que organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos denunciaran la insurgencia y la brutalidad d el Ejército para enfrentarla. El Ejército y la Policía afirmaron en el momento estar llevando a cabo investigaciones internas sobre la conducta de las unidades que operan en Monte Elgón, pero en última instancia desestimaron las acusaciones de abuso, y ningún miembro de las fuerzas de seguridad fue obligado a rendir cuentas.
Del mismo modo, a pesar de la gran cantidad de asesinatos atribuidos a la milicia y al hecho de que más de 3,000 hombres y niños fueron rodeados y detenidos bajo sospechas de ser miembros o simpatizantes de la FDTS, sólo cuatro han sido declarados culpables de homicidio y otros fueron condenados por delitos menores tales como la pertenencia a un grupo proscrito. Cientos de asesinatos, desapariciones forzadas y casos de violación y tortura cometidos por la FDTS en Monte Elgón, bajo el servicio de los políticos, han quedado impunes.
En la ausencia de investigaciones nacionales creíbles, Human Rights Watch recomienda que el fiscal de la CPI analice si se cometieron en Monte Elgón delitos que son competencia de la CPI y considere la apertura de investigaciones adicionales sobre la situación de Kenia para hacer rendir cuentas a los principales responsables. La Corte Penal Internacional ya está investigando la violencia en Kenia tras las elecciones presidenciales de 2007.
"Es imperativo que el Gobierno de Kenia cumpla con su obligación de proteger los derechos de todos sus ciudadanos", dijo Bekele. "Los organismos regionales e internacionales deben intervenir si el gobierno no puede garantizar justicia para las víctimas de Monte Elgón cuyas familias han esperado justicia durante más de tres años".
El gobierno también ha hecho pocos esfuerzos por identificar y exhumar las fosas comunes y permitir un entierro digno a las víctimas, señaló Human Rights Watch. Algunas tumbas fueron exhumadas durante la operación militar de 2008, pero los residentes dicen que aún quedan muchas más. Cuando miembros de organizaciones no gubernamentales locales trataron de investigar las fosas comunes, fueron amenazados por los soldados.
Los funcionarios del gobierno también han bloqueado a familiares de los desaparecidos el acceso a la compensación que vendría con el reconocimiento oficial de las muertes de sus parientes. Las organizaciones de viudas y familiares de las víctimas dijeron a Human Rights Watch que no pudieron acceder a los certificados de defunción de sus familiares desaparecidos, y por lo tanto no puede recibir la compensación o los beneficios que les corresponden según la ley keniana, incluidos los títulos de tierras, propiedad y el acceso a cuentas bancarias.
Abogados y organizaciones de derechos humanos están ayudando a las víctimas denunciando casos ante la Corte Superior de Bungoma y el Tribunal de Justicia de África Oriental, e interponiendo quejas ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Otros han presentado quejas ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU.
"El Gobierno de Kenia debe reconocer el alcance de las desapariciones y actuar con decisión para exhumar fosas comunes e identificar a las víctimas", dijo Bekele. "El fracaso del gobierno para llevar a cabo estas acciones no sólo ha privado a los familiares de las víctimas de la verdad y la justicia, sino que también ha impedido la asistencia material necesaria".
Testimonios seleccionados de "Hold Your Heart":
El marido de Faith V. fue detenido por soldados en su casa el 16 de marzo de 2008:
Comenzaron a torturarlo justo al lado de nuestra casa. Eran soldados de Chepkube. Cuando lo ví ser golpeado, encerré a los niños en la casa para que no lo vieran. No podía soportarlo.... Decidí correr [a casa] y no verlo.
Cuando me puse a llorar y los niños empezaron a llorar, los militares regresaron [a mi esposo] y él les mostró su identificación. Me dijeron: "Te trajimos a tu esposo para que lo veas por última vez. "¿Ha escuchado los balazos en Kimaswa? Esa es la arma que se va a utilizar contra su marido" Los soldados sospechaban de mi esposo porque él era de Chepyuk [una zona donde los residentes habían sido desplazados debido al programa de reasentamiento de tierras del gobierno, al cual se oponen la FDTS].
El marido de Elsa Chesut desapareció después de ser detenido por los militares:
El día 20, después de ver que mi marido no regresaba, fui [al campamento militar] a investigar. Pero en la puerta un soldado me dijo: "No buscamos a esposos en el campamento. Los buscamos en el bosque. Ve a buscar a tu marido al bosque". Dijo esto porque el depósito de cadáveres estaba en el bosque. Allí era donde se dejaban los cuerpos. Pero en ese momento yo no pensaba así. Yo no creía que estaba muerto.
Jane A. dijo a Human Rights Watch que después de que su hijo fue secuestrado por la FDTS:
Yo nunca he ido al gobierno a presentar una denuncia. No sabía cómo ir al gobierno a hacer esto, y no podía distinguir entre los matones y la policía.
De acuerdo con una mujer cuyo marido fue secuestrado:
Yo no fui con el jefe o la policía, porque si hubiera ido, me habrían matado. Tenía miedo de que si yo lo reportaba, mi vida estaría en peligro. Todavía no lo he reportado. Todavía pienso lo mismo. Esas personas siguen en el bosque. Algunos de ellos han sido absueltos por los tribunales y simplemente siguen ahí. Pueden acabar contigo por mencionar sus nombres.
Ursula C., cuyo esposo fue desaparecido también por el Ejército, quedándose sola con nueve hijos, dijo a Human Rights Watch:
Tengo muchos problemas para mantener a estos niños. Había dos niños en la escuela secundaria y no podía pagar las cuotas escolares. Ellos [los funcionarios de la escuela] nunca me dieron ninguna beca. Dijeron: "Vaya y tráiganos el certificado de defunción de su marido". Cuando fui a buscar el certificado de defunción, el jefe me dijo: "No haz sepultado a tu marido. ¿Quieres que vaya a la cárcel? ¿Qué evidencia tienes de que tu esposo murió? ¿Cómo sabes que murió? Podría haberse ido a Uganda u a otro lugar". Así que me echaron. Tuve que vender la última vaca que me quedaba para pagar las cuotas escolares.
