(Washington, DC) – El presidente de Guinea Ecuatorial debería adoptar medidas concretas para respetar los derechos humanos, abordar la corrupción y mejorar la transparencia, señalaron hoy Global Witness, Human Rights Watch, Open Society Foundations y Oxfam America. El 15 de junio, las cuatro organizaciones mantendrán una reunión con el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo en Washington, DC, en la cual exhortarán al mandatario a impulsar una serie de profundas reformas.
Actualmente, Guinea Ecuatorial se distingue por sus altos niveles de corrupción, pobreza y graves problemas de derechos humanos.Los fastuosos hábitos de una elite reducida integrada por allegados del Presidente son financiados con los ingentes ingresos generados por el petróleo, mientras que la mayoría de la población del país no goza de derechos económicos y sociales básicos y, de este modo, se ve condenada a la pobreza. El presidente Obiang ejerce un amplio control sobre todos los poderes del gobierno. No se permite la actuación libre e independiente de organizaciones de la sociedad civil, y es habitual que se restrinja la libertad de expresión y de prensa.
“El presidente Obiang se ha comprometido en reiteradas oportunidades a asegurar una gobernanza efectiva y el respeto de los derechos humanos, y esta reunión ofrece una oportunidad única para efectuar un análisis inmediato y honesto sobre estos compromisos”, aseveró Arvind Ganesan, director del programa de negocios y derechos humanos de Human Rights Watch. “Esperamos que la visita del Presidente redunde en avances concretos hacia una reforma”.
Se han llevado a cabo numerosas iniciativas extranjeras de investigación sobre los altos niveles de corrupción vinculados con los cuantiosos recursos naturales de Guinea Ecuatorial. Esta semana, el Departamento de Justicia de Estados Unidos modificó la acción judicial interpuesta en octubre de 2011, mediante la cual solicitó la confiscación de activos del hijo mayor de Obiang, Teodoro Nguema Obiang Mangue, conocido como Teodorín, por presunta apropiación indebida de cientos de millones de dólares a través de maniobras de corrupción. También en Francia y España avanzan otras investigaciones sobre corrupción y lavado de dinero en las cuales están implicados Teodorín u otros funcionarios.
“A medida que se conocen detalles de estas investigaciones, el manto de corrupción que afecta al gobierno se vuelve más evidente”, señaló Corinna Gilfillan, titular de la oficina de Global Witness en Estados Unidos. “El presidente Obiang debería responder a estas denuncias en forma pública y explicar de qué manera el gobierno tiene previsto investigarlas, además de permitir que los procedimientos legales avancen sin interferencias”.
En un discursopronunciado durante el Foro Mundial de Ciudad del Cabo en junio de 2010, que recibió amplia difusión, Obiang se comprometió a promover la transparencia, el desarrollo social, reformas legales y el respeto de libertades fundamentales. En 2011, ofreció varios discursos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y, en su carácter de presidente de la Unión Africana en ese entonces, elogió la democracia y los principios de derechos humanos. En marzo de 2010, su gobierno aceptó implementar decenas de recomendaciones formuladas durante el examen sobre la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial efectuado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
No obstante, el gobierno de Obiang ha conseguido avances sumamente limitados en el cumplimiento de tales compromisos. Si bien las reformas constitucionales aprobadas en noviembre de 2011, por ejemplo, establecen límites temporales al mandato presidencial, igualmente consolidan y amplían el poder irrestricto de Obiang. Le permiten designar una cantidad desconocida de miembros del nuevo Senado y nombrar o aprobar a los titulares de instituciones “independientes”, supuestamente encargadas de mejorar la rendición de cuentas en el gobierno. En mayo, Obiang ascendió a su hijo Teodorín a un nuevo puesto, el de Vicepresidente Segundo, cuyas atribuciones no constan en la Constitución del país, la cual fue reformada recientemente.
Las organizaciones señalaron que exigirían a Obiang adoptar medidas concretas para incrementar la transparencia pública, combatir la corrupción, dar prioridad a gastos destinados a mitigar la pobreza, poner fin a la represión política, sancionar reformas judiciales y permitir a periodistas y activistas de la sociedad civil del país y extranjeros actuar con libertad. Concretamente, instaron al gobierno del Presidente Obiang a:
- Reforzar significativamente la transparencia y la rendición de cuentas en materia fiscal, entre otras cosas, dando a conocer la totalidad de los ingresos, gastos y presupuestos del gobierno; efectuando y publicando auditorías anuales de todas las cuentas del gobierno, incluso aquellas en el extranjero; y exigiendo que los funcionarios públicos declaren su patrimonio.
- Adoptar medidas para combatir la corrupción entre funcionarios y justificar el uso de fondos públicos difundiendo los ingresos generados por los recursos naturales, y remover los obstáculos a la participación de la sociedad civil antes de intentar sumarse nuevamente a la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI), un proyecto internacional destinado a promover mayor apertura informativa sobre la renta generada por las actividades de petróleo, gas y minería.
- Incrementar significativamente el gasto para la mitigación de la pobreza, la educación primaria y la atención de la salud básica.
- Respaldar las libertades políticas mediante el respeto del derecho de los miembros de la oposición a viajar libremente, celebrar encuentros, expresar su opinión y obtener acceso a medios de comunicación sin discriminación. El gobierno debería además crear un órgano electoral independiente para asegurar que todos los comicios sean libres, justos y con rendición de cuentas.
- Poner en marcha una reforma integral para garantizar la independencia judicial y lograr que otros aspectos del sistema judicial cumplan con los instrumentos internacionales de derechos humanos suscriptos por Guinea Ecuatorial.
- Poner fin a la persecución y las represalias contra críticos en el país, y permitirles actuar con libertad e independencia y continuar ejerciendo su profesión.
- Permitir y autorizar claramente que organizaciones no gubernamentales extranjeras, periodistas y expertos en derechos humanos de la ONU ingresen a Guinea Ecuatorial, viajen libremente, se reúnan con funcionarios y particulares, y realicen un trabajo independiente sin limitaciones o riesgos de represalias contra quienes proporcionen información.
“El gobierno recibe miles de millones de dólares a través de ingresos petroleros que no se dan a conocer. Los avances en materia de rendición de cuentas y focalización del gasto gubernamental en la mitigación de la pobreza deben implicar la transparencia de los ingresos y gastos del gobierno. Los ciudadanos y periodistas deben tener la libertad de controlar el uso de las riquezas generadas por el petróleo y se debe permitir la libre operación de organizaciones que tienen un rol de vigilancia”, indicó Ian Gary, gerente sénior de políticas sobre industrias extractivas de Oxfam America.
La reunión extraoficial que se mantendrá en Washington, DC, organizada conjuntamente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Woodrow Wilson Center, será el primer encuentro de Obiang con estas organizaciones de la sociedad civil, que señalaron la necesidad de asegurar una intervención más amplia de organizaciones de la sociedad civil, tanto del país como extranjeras. Por ejemplo, EG Justice, una importante organización con sede en Washington, DC, y la única en el mundo que se dedica exclusivamente a temas de derechos humanos y justicia social en Guinea Ecuatorial, no fue invitada a participar. La actividad de la sociedad civil en Guinea Ecuatorial está tan restringida que no existe ninguna organización de derechos humanos registrada en el país.
“Esperamos que esta reunión sea una señal de que el Presidente y el gobierno comenzarán a convocar periódicamente a la sociedad civil en vez de atacarla”, observó Sarah Pray, analista sénior de políticas de Open Society Foundations. “Será crucial que un espectro más amplio de organizaciones reciban oportunidades similares de participación y que la sociedad civil pueda operar libremente en el país”.
Información de referencia sobre Guinea Ecuatorial
Obiang ha sido jefe de Estado de Guinea Ecuatorial desde que asumió el poder en 1979 tras un golpe de Estado, y es actualmente el mandatario que más tiempo ha permanecido en funciones en todo mundo. A mediados de la década de 1990, este país de África Occidental, con una población de 680,000 personas, descubrió que tenía reservas de petróleo. Actualmente, el país es el cuarto productor más importante de petróleo del África subsahariana.
Gasto social
Si bien el gobierno de Obiang ha incrementado relativamente los niveles de gasto social, continúa asignando prioridad a inversiones públicas en proyectos que reportan escasos beneficios a los sectores pobres, como múltiples palacios presidenciales y un complejo hotelero de US$ 830 millones en las afueras de Malabo, la capital del país, que sirvió de sede a la cumbre de la UA celebrada en junio de 2011. Los índices de mortalidad materna e infantil se han reducido, en parte gracias a un programa de prevención del paludismo financiado principalmente por compañías petroleras extranjeras, pero los niveles continúan siendo elevados. Según estadísticas de la ONU y el Banco Mundial de 2010, casi uno de cada ocho niños muere antes de cumplir cinco años.
Corrupción
En la modificación de demanda presentada el 11 de junio de 2012, el Departamento de Justicia de Estados Unidos afirma que Teodorín, el hijo de Obiang, obtuvo ilegalmente fondos de empresas madereras y de construcción a través de compañías ficticias, aumentó artificialmente el valor de contratos públicos de construcción en hasta un 500 por ciento, y desvió fondos públicos a una cuenta en un banco privado bajo su control durante su gestión como Ministro de Agricultura y Bosques. La denuncia indica que Teodorín realizó gastos fastuosos por más de US$ 300 millones entre 2000 y 2011 que habrían sido solventados con fondos obtenidos mediante corrupción, como la adquisición de una mansión de US$ 80 millones en París, obras de arte de Renoir y otros grandes maestros de la pintura por US$ 45 millones, una mansión de US$ 30 millones en Malibú, California, una propiedad de US$ 15 millones en San Pablo, propiedades por un valor total de US$ 8 millones en Ciudad del Cabo, un avión Gulfstream de US$ 38.5 millones y más de US$ 2.7 millones en objetos que pertenecieron a Michael Jackson.
El gobierno de Obama ha creado una unidad especializada “contra la cleptocracia” para investigar denuncias de corrupción que afectan a altos funcionarios extranjeros. Según una proclama suscripta en 2004 por el presidente George W. Bush, que lanzó la iniciativa del gobierno estadounidense contra la cleptocracia, ex funcionarios públicos y miembros actuales de gobiernos, así como otras personas que hayan estado involucrados en corrupción o se hayan beneficiado a través de este tipo de maniobras, no podrán ingresar al territorio de Estados Unidos.
Una investigación impulsada en Francia ha conseguido hasta el momento que se confiscara una gran cantidad de artículos suntuosos adquiridos con fondos presuntamente irregulares y que se dicte una orden internacional de arresto contra Teodorín.
Obiang y su gobierno han defendido enérgicamente a Teodorín, y han sostenido que obtuvo su fortuna a través de emprendimientos comerciales legítimos. Por medio de sus abogados, Teodorín ha negado todas las denuncias sobre corrupción en Francia y Estados Unidos.
Poco después de que la policía francesa confiscara 11 automóviles deportivos de lujo de Teodorín, en septiembre de 2011 Obiang nombró a su hijo delegado permanente adjunto de Guinea Ecuatorial ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con sede en París, presuntamente con la intención de concederle inmunidad diplomática y evitar que sea juzgado.
La nueva constitución de Guinea Ecuatorial crea un Tribunal de Cuentas encargado de controlar los gastos del gobierno e investigar posibles casos de corrupción, pero su titular será designado directamente por el Presidente.
Persecución de voces opositoras
El Dr. Wenceslao Mansogo Alo, un destacado médico y defensor de derechos humanos, fue liberado el 6 de junio tras permanecer casi cuatro meses en prisión, pero aún deberá pagar las multas impuestas por la justicia, se ha mantenido la suspensión de su licencia profesional y continúa la clausura de su clínica de salud privada. Ponciano Mbomio Nvó, uno de los abogados de Mansogo, fue suspendido del ejercicio profesional por dos años en abril de 2012, luego de criticar al gobierno durante los alegatos finales en el juicio contra su cliente.
El activista Alfredo Okenve Ndo, dedicado a promover la transparencia y la gobernabilidad inclusiva, también ha sido objeto de persecución continua. Okenve fue destituido de dos cargos en la Universidad Nacional luego de criticar la falta de transparencia del gobierno durante un evento celebrado en mayo de 2010 en Washington, DC. Una empresa privada que tenía intención de contratar a Okenve retiró la oferta tras recibir presiones del gobierno.
Anteriormente, el gobierno acusó a organizaciones internacionales de la sociedad civil que han criticado su desempeño de intentar “ensuciar la imagen” de Guinea Ecuatorial, mantener una “actitud irresponsable abiertamente injusta y racista”, de “chantaje” y de “difamaciones, prejuicios, injurias y desinformación”.
Obiang ha perseguido a sus críticos ante la justicia. El 30 de septiembre de 2011, un tribunal francés se pronunció en contra de Obiang en una demanda por difamación que el mandatario había interpuesto contra la organización no gubernamental CCFD-Terre Solidaire, a raíz de un informe publicado por esta agrupación en el cual se detallaban las ganancias obtenidas irregularmente por varios líderes, incluido Obiang.
Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)
Guinea Ecuatorial fue expulsada de la EITI en abril de 2010 por no cumplir sus requisitos básicos. El gobierno de Obiang no ha solicitado ser readmitido ni ha impulsado medidas destinadas a abordar las limitaciones impuestas a la participación de la sociedad civil que afectaron su anterior candidatura.
El artículo 1504 de la Ley Dodd-Frank de reforma financiera y protección al consumidor (Wall Street and Consumer Protection Act) exige que todas las compañías de petróleo, gas y minería publiquen los pagos efectuados a gobiernos vinculados con ingresos generados por recursos naturales respecto de cada uno de los proyectos que administran. La Unión Europea considera actualmente la posibilidad de adoptar normas similares.
