(Washington, DC) – La decisión de un juez guatemalteco de someter a juicio oral y público al ex-jefe de estado de facto Efraín Ríos Montt por genocidio y delitos de lesa humanidad constituye un paso fundamental para la justicia por los abusos del pasado en Guatemala, indicó hoy Human Rights Watch.
Ríos Montt cumple arresto domiciliario desde enero de 2012, cuando fue acusado por el Ministerio Público de haber ordenado la ejecución de más de 1.700 indígenas durante su régimen (1982-1983). El Juez Miguel Ángel Gálvez también dispuso que otro ex general, José Rodríguez Sánchez, enfrentara juicio por su presunta participación en estos delitos.
“Hasta hace poco, la idea de que un general guatemalteco fuera juzgado por estos delitos atroces parecía absolutamente inverosímil”, indicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Que un juez haya sometido a juicio a un ex-jefe de estado de facto representa un acontecimiento notable en un país donde tradicionalmente las atrocidades del pasado han quedado impunes”.
Una Comisión para el Esclarecimiento Histórico auspiciada por la ONU estimó en nada menos que 200.000 las personas que habrían sido asesinadas durante el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996) y atribuyó el 93 por ciento de las violaciones de derechos humanos documentadas a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. La Comisión concluyó que el Ejército había cometido “actos de genocidio”.
En 1996, al concluir el conflicto armado, la Ley de Reconciliación Nacional concedió la amnistía a los “delitos políticos” cometidos por ambos bandos durante este conflicto, pero excluyó en forma expresa el genocidio, la tortura, las desapariciones forzadas y los delitos que sean imprescriptibles conforme al derecho internacional.
En mayo de 2012, Ríos Montt también fue acusado por homicidio y delitos de lesa humanidad en otra causa vinculada con su participación en una masacre perpetrada en 1982 en la localidad de Dos Erres, en la región de Petén, durante la cual 250 personas, entre ellas varios niños, fueron asesinadas por soldados. En marzo, Pedro Pimentel, ex miembro de una fuerza especial del Ejército, fue condenado a 6.060 años de prisión por su rol en la masacre de Dos Erres. En 2011, otros cuatro ex-militares recibieron condenas similares por su participación en estas muertes.
