(Washington, DC)– El gobierno hondureño expone a activistas de derechos humanos a riesgos al no repudiar los peligrosos comentarios manifestados por un alto funcionario militar, señaló hoy Human Rights Watch. Un coronel del Ejército aseveró recientemente que el trabajo realizado por Annie Bird, codirectora de la organización no gubernamental Rights Action, con sede en Estados Unidos, procuraba desestabilizar la región del Bajo Aguán, donde se han producido hechos de violencia vinculados con conflictos por tierras.
El comandante de la Operación Xatruch III, una fuerza de tarea conjunta integrada por policías y militares en la provincia de Colón, en la región del Bajo Aguán, acusó públicamente a Bird de desestabilizar la zona al “cuestionar el procedimiento de la justicia hondureña” y realizar señalamientos falsos sobre la actuación de las fuerzas de seguridad. El 12 de diciembre de 2013, el periódico La Tribuna citó declaraciones del coronel Germán Alfaro Escalante, en las cuales presuntamente manifestó: “Estamos en un proceso investigativo de una denuncia sobre una supuesta norteamericana de nombre Annie Bird, quien anda haciendo algunas labores de desestabilización aquí en el sector del Aguán, ya que se está reuniendo con algunos dirigentes de grupos campesinos”. Los comentarios de Alfaro han sido reproducidos por medios de comunicación, simultáneamente con la difusión de fotografías de Bird, de nacionalidad estadounidense.
“En Honduras, donde defensores de derechos humanos y líderes comunitarios han sido agredidos e incluso asesinados por el trabajo que realizan, las acusaciones del coronel demuestran un manifiesto desprecio por la seguridad de una activista con una larga trayectoria”, observó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El Presidente Porfirio Lobo y el secretario de defensa deben dejar en claro que no corresponde a los militares investigar denuncias contra activistas, ni mucho menos difamarlos a través de los medios de comunicación”.
Según informó La Tribuna, el coronel Alfaro indicó que Bird había presionado a campesinos de la región para que se rebelaran contra las fuerzas de seguridad.
La región del Bajo Aguán, en el noreste de Honduras, ha sido escenario de prolongadas y a menudo violentas controversias por la tierra, muchas de ellas surgidas tras la reforma de la ley agraria del país en 1992. Grandes extensiones de territorio en la región han sido disputadas entre organizaciones campesinas y empresas agroindustriales, que se dedican en su mayoría al cultivo de palma africana para la producción de aceite. Según un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, 92 personas murieron en el contexto de controversias por la tierra en el Bajo Aguán entre 2009 y 2012.
Desde hace 12 años, Bird trabaja en la cobertura informativa de la situación de derechos humanos en Honduras, y ha escrito varios informes sobre el país para Rights Action.
Bird dijo a Human Rights Watch que consideraba que las declaraciones del coronel Alfaro se debían a que estaba documentando abusos que supuestamente habrían sido cometidos recientemente por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. El 11 de diciembre, Bird acompañó a un grupo de residentes locales hasta la Fiscalía Especial de Derechos Humanos para denunciar abusos que supuestamente estos habían sufrido a manos de miembros de la fuerza de tarea Xatruch, destinada formalmente al mantenimiento de la seguridad en la región. El 10 de diciembre, había ofrecido una entrevista a una estación de radio local, en la cual explicó que trabajaba en la documentación de abusos, que luego informaba a organismos internacionales.
Un artículo sobre los señalamientos del coronel, que se publicó en Internet, ha recibido comentarios de lectores en los cuales se realizaron amenazas de muerte contra Bird.
Las acusaciones del coronel Alfaro contra Bird se produjeron luego de un comunicado difundido el 18 de febrero por la fuerza de tarea Xatruch que incluía acusaciones similares. En el comunicado se acusó a conocidos líderes campesinos, entre ellos Yoni Rivas y Vitalino Álvarez, de llevar adelante una “campaña de desinformación bien concebida” con el propósito de “denigrar” al equipo de tarea mediante acusaciones falsas que “deterioran la imagen de la nación hondureña”. En su declaración, la fuerza de tarea instó a la “laboriosa población en general del departamento de Colón” a organizarse contra un “sector minoritario” que, según se afirmó, provocaba inestabilidad e irrespeto a la ley. La declaración se produjo luego de que organizaciones campesinas denunciaran una campaña de violencia en su contra, en el marco de las actuales controversias por tierras.
Es habitual que defensores de derechos humanos en Honduras sean objeto de amenazas y hechos de violencia, observó Human Rights Watch. Tras el asesinato en septiembre de 2012 del destacado abogado y defensor de derechos humanos Antonio Trejo Cabrera, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, manifestó: “Existe un clima amenazante de inseguridad y violencia en Honduras, y los defensores de derechos humanos son blanco de amenazas, intimidación, agresiones físicas y asesinatos. La impunidad ante estas violaciones es inaceptable”. La Alta Comisionada exhortó al gobierno de Honduras a “adoptar urgentemente medidas para hacer frente a la vulnerabilidad que sufren los defensores de derechos humanos”.
Estados Unidos destinó más de US$ 50 millones de asistencia a objetivos de seguridad en Honduras entre 2010 y 2012, a través de la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (Central America Regional Security Initiative, CARSI)– un programa de asistencia en materia de seguridad a países de la región que aún se encuentra en ejecución– y casi US$ 17 millones de asistencia en materia de seguridad del Departamento de Defensa de Estados Unidos durante 2011 y 2012. La normativa estadounidense que prevé la ayuda militar y policial a Honduras indica que el 20 por ciento de los fondos estarán disponibles recién cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos informe que el gobierno hondureño ha cumplido una serie de requisitos de derechos humanos.
“En vista de su cooperación continua con las fuerzas de seguridad de Honduras, el gobierno estadounidense debería emplear todas las herramientas a su disposición para instar a que cesen las agresiones verbales de altos mandos militares hondureños contra activistas”, manifestó Vivanco. “Independientemente de que sean vertidas contra defensores de derechos humanos o líderes campesinos, tales acusaciones profundizan el clima de temor e intimidación”.
