(Washington, DC) – Estados Unidos debería abandonar la práctica mediante la cual se condena a personas a la pena de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional por delitos cometidos antes de los 18 años, señaló hoy Human Rights Watch en un memorial de amicus curiaepresentado en un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El caso, Henry Hill et al. vs. Estados Unidos de América, fue planteado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union) y el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia en representación de 32 personas que cumplían estas penas en Michigan por delitos que cometieron cuando eran menores. La Comisión Interamericana, uno de los órganos principales de la Organización de los Estados Americanos que se ocupa de supervisar que los países miembros cumplan sus obligaciones de derechos humanos, escuchará los alegatos en el caso Hill el 25 de marzo de 2014. En su memorial, Human Rights Watch señala que Estados Unidos también debería abordar un problema subyacente: la práctica estadounidense de persecución penal de niños como si fueran adultos, que se ha denominado “adultificación”.
“Estados Unidoses el único país del mundo que aplica ampliamente a menores penas de prisión perpetua sin perspectivas de excarcelación, y estas condenas son una consecuencia directa del procesamiento de los niños como si fueran adultos”, indicó Alba Morales, investigadora en justicia penal estadounidense de Human Rights Watch. “Henry Hill y los demás recurrentes fueron condenados a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional luego de que Michigan permitiera que los fiscales les imputaran delitos en calidad de adultos, sin tomar en cuenta su condición de menores”.
Todos los estados de EE. UU. permiten en algunas circunstancias formular cargos contra menores como si fueran adultos. En Michigan, al igual que en numerosos estados, la tendencia se ha inclinado por facilitar la posibilidad de trasladar a los menoresal sistema creado para los adultos. Al transferir a menores a tribunales para adultos, someterlos a los procesos previstos para adultos, disponer su detención y encarcelamiento en establecimientos para adultos y aplicarles penas estipuladas para adultos, Estados Unidos transgrede el derecho y los tratados internacionales que exigen ofrecer un trato especial a menores de 18 años, indicó Human Rights Watch.
En el memorial de amicus, Human Rights Watch afirma que al seguir procesando a menores como adultos y aplicándoles penas de prisión perpetua sin contemplar la oportunidad de libertad condicional en el futuro, Estados Unidos, incluido el estado de Michigan, incumplen sus obligaciones jurídicas asumidas en virtud de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que Estados Unidos suscribió en 1977.
Estados Unidos no ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el principal instrumento de derechos humanos del sistema interamericano. No obstante, la declaración exige a los países ofrecer a los menores medidas de protección especiales, y reconoce que su encarcelamiento solamente debería ser usado como último recurso y por el período más breve posible, y que los menores tienen derecho a recibir una pena proporcional, a la rehabilitación y a no sufrir discriminación, entre otros derechos.
Human Rights Watch también señaló que el caso Hill evidencia una cuestión que no ha sido dirimida por la Corte Suprema de Estados Unidos en decisiones recientes que abordaron la imposición de cadena perpetua a menores sin prever su posible libertad condicional. En Graham v. Florida, la Corte dejó sin efecto la pena de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación aplicada a jóvenes que habían sido condenados por delitos distintos al de homicidio, pero no analizó estas penas en casos de homicidio. En Miller v. Alabama, la Corte determinó que la imposición obligatoria de penas de prisión perpetua sin libertad condicional a menores, con independencia del delito cometido, contraviene la Constitución de EE. UU. Sin embargo, no examinó la imposición no obligatoria de estas penas, ni esclareció el interrogante sobre qué recursos estarían disponibles para quienes ya estuvieran cumpliendo penas de ese tipo.
Luego de los pronunciamientos en Graham y Miller, miles de personas en Estados Unidos todavía cumplen penas de esta naturaleza por delitos que cometieron cuando eran menores, incluidos los peticionantes en el caso Hill, ya sea porque resultaron condenados en casos de homicidio, recibieron estas penas a pesar de que no eran de imposición obligatoria o porque los estados que aplicaron su condena sostienen que la decisión dictada en Miller no tiene carácter retroactivo.
La cuestión acerca de qué hacer con las personas que ya cumplen estas penas continúa desconcertando a los estados de EE. UU., que intentan resolver el tema de distintas maneras. La legislatura de California, por ejemplo, estableció un proceso que ofrece a personas que cumplen este tipo de penas una oportunidad concreta de obtener la libertad condicional. Por otra parte, algunos tribunales en Pennsylvaniahan negado a personas que ya habían sido condenadas durante la minoría de edad a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional el derecho a pedir que se reconsidere la pena. La cuestión de si Miller opera retroactivamente está siendo analizada por la Corte Suprema de Michigan.
“Diversos pronunciamientos de la Corte Suprema de EE. UU. han contribuido a armonizar las leyes estadounidenses con las normas de derechos humanos, las cuales reconocen que los menores son menos culpables que los adultos y, a la vez, tienen una capacidad única de rehabilitación”, observó Morales. “Ahora es tiempo de que Estados Unidos remedie las injusticias que aún persisten asegurando que Henry Hill y los demás recurrentes no mueran en prisión por delitos cometidos cuando todavía eran niños”.
