(Washington, DC) – Los funcionarios estatales y locales en Estados Unidos deben abordar la discriminación racial y el abuso policial en el sistema de justicia penal, que el año pasado desataron numerosas manifestaciones, dijo hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2015.
“Las protestas en EE.UU. en 2014 fueron el reflejo de una justificada indignación tras años de discriminación racial por parte del sistema judicial y de brutalidad policial”, dijo María McFarland Sánchez-Moreno, codirectora del programa para Estados Unidos de Human Rights Watch. “Los gobiernos federales, estatales y locales deben trabajar con las comunidades marginadas para reformar el sistema”.
En el Informe Mundial 2015 de 656 páginas, su 25ª revisión anual de las prácticas de los derechos humanos en todo el mundo, Human Rights Watch resume las cuestiones más destacadas en más de 90 países. En su análisis introductorio, el Director Ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth insta a los gobiernos a reconocer que los derechos humanos ofrecen una guía moral efectiva en tiempos turbulentos, y que precisamente, las violaciones de derechos humanos pueden desencadenar o empeorar los problemas de seguridad. Los beneficios a corto plazo de socavar valores básicos como la libertad y la no discriminación casi nunca valen, a largo plazo, el precio que, inevitablemente, se debe pagar.
El gobierno de EE.UU. logró algunos avances notables en materia de derechos, señaló Human Rights Watch. La decisión del presidente Barack Obama de suspender la deportación de ciertos inmigrantes no autorizados evitará la separación de muchas familias con hijos que tienen la nacionalidad estadounidense o permiso de residencia permanente. Sin embargo, el plan no aborda otras prácticas abusivas que sufren los inmigrantes, como la detención de familias y las deportaciones sumarias. Sigue siendo necesaria la intervención del Congreso para reformar un sistema que deja a muchos inmigrantes vulnerables ante el abuso.
El Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos desclasificó el sumario de 499 páginas de su informe sobre el programa de detención e interrogatorios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, EE.UU. aún no ha enjuiciado a los funcionarios estadounidenses encargados de autorizar y llevar a cabo los abusos en el marco del programa, incluida la tortura.
Mientras tanto, el gobierno no ha reformado las prácticas de vigilancia de masas que violan los derechos de privacidad de millones de personas en todo el mundo y ha obstaculizando la labor de periodistas y abogados que trabajan en una amplia variedad de cuestiones. A pesar de la transferencia de varios detenidos de la Bahía de Guantánamo a otros países, EE.UU. sigue manteniendo detenidos indefinidamente a 122 hombres sin cargos ni juicio en la prisión.
