(Washington, DC) – Los miembros de las fuerzas armadas de EE.UU. que han denunciado haber sido víctimas de una agresión sexual sufren con frecuencia represalias que quedan impunes, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. El informe es el resultado de una investigación de 18 meses de Human Rights Watch en colaboración con Protect Our Defenders, una organización de derechos humanos que ayuda y trabaja por los supervivientes del abuso sexual militar. A pesar de las amplias reformas por parte del Departamento de Defensa para abordar las agresiones sexuales, el cuerpo militar ha tomado pocas medidas para garantizar que los responsables rindan cuentas o para proveer reparaciones efectivas por los daños causados.
El informe de 113 páginas, “Embattled: Retaliation against Sexual Assault Survivors in the US Military” (“Asediado: Represalias contra las víctimas de abuso sexual en las fuerzas armadas de EE.UU.”), revela que tanto los hombres y las mujeres del cuerpo militar que presentan una denuncia por agresión sexual son 12 veces más propensos a experimentar algún tipo de represalia antes que ver que su atacante es condenado por un delito sexual. Las represalias contra los supervivientes van desde amenazas, vandalismo y hostigamiento a malas asignaciones de trabajo, pérdida de oportunidades de promoción, acciones disciplinarias incluyendo la expulsión, e incluso cargos penales.
“El progreso de las fuerzas armadas estadounidenses para conseguir que los militares denuncien agresiones sexuales no continuará mientras las represalias por presentar una denuncia sigan impunes”, dijo Sara Darehshori, asesora legal sénior de Human Rights Watch y coautora del informe. “Acabar con las represalias es fundamental para abordar el problema de los abusos sexuales en el ejército”.
El exclusivo mecanismo diseñado para proteger a los miembros del cuerpo militar de las represalias relacionadas con el empleo, la Ley de Protección de Denunciantes Militares, todavía no ha ayudado a ningún miembro de las fuerzas armadas cuya carrera se haya visto dañada, a pesar de la prevalencia del problema. Encuestas del Departamento de Defensa revelan que el 62 por ciento de quienes reportan una agresión sexual aseguran haber sufrido represalias. El Congreso debe fortalecer la ley para conceder a los miembros del cuerpo militar el mismo nivel de protección que a los civiles, recomendó Human Rights Watch.
Human Rights Watch, con la colaboración de Protect Our Defenders, llevó a cabo más de 250 entrevistas en persona y por teléfono, incluyendo más de 150 con militares que fueron agredidos sexualmente. El informe se basa principalmente en las declaraciones de 75 supervivientes que actualmente sirven o abandonaron el cuerpo militar en 2011 o después. Human Rights Watch también examinó numerosos documentos del gobierno de EE.UU. recibidos en respuesta a sus solicitudes de registros públicos, y analizó datos sobre decisiones administrativas en que los militares habían pedido correcciones a sus registros en relación a una agresión sexual. La investigación incluyó todas las dependencias de las fuerzas armadas de EE.UU.
“Cierto Sargento en mi pelotón me dijo que me mataría si algún día íbamos a Afganistán porque el ‘fuego cruzado entre amigo’ es un accidente trágico que suele ocurrir”, dijo un soldado que denunció una agresión sexual por otro soldado de otro pelotón en 2012. “Después de llevar allí un año, alguien trató de acuchillarme en un bar mientras gritaba sin parar ‘MUERE MARICÓN, MUERE’ y fue entonces que le conté a mi Capitán y le dije que prefería la expulsión a acabar muerto en las noticias, lo cual también sería malo para él”.
Las estadísticas del Departamento de Defensa indican la gravedad del problema de las represalias y la disponibilidad de varias acciones disciplinarias. Sin embargo, Human Rights Watch no observó que se hubieran hecho muchos esfuerzos por impedir las represalias mediante la rendición de cuentas de los autores del delito.
Las víctimas de represalias por parte de sus supervisores no suelen recurrir a las Juntas de Corrección de Archivos Militares, los órganos administrativos encargados de corregir las injusticias en el historial de los miembros de las fuerzas armadas. Human Rights Watch descubrió que los presuntos atacantes buscaron y recibieron correcciones en sus registros con mucha mayor frecuencia que las víctimas, a pesar de que las víctimas son más propensas a experimentar acciones administrativas que requieran una corrección.
“Cuando nadie rinde cuentas por las represalias, se crea un entorno hostil para todos los supervivientes y se envía un mensaje a los autores del delito de que pueden actuar con impunidad”, advirtió Don Christensen, presidente de Protect Our Defenders y ex Fiscal jefe de las fuerzas aéreas de EE.UU. “Cuando un superviviente que denuncia un abuso sexual es 12 veces más propenso a sufrir represalias que a ver que la persona que lo violó es condenado, queda en evidencia que a las fuerzas armadas les queda mucho por hacer para solucionar este problema”.
Protect Our Defenders ha creado una Red Pro Bono de abogados y personal de organización para ayudar a los supervivientes de violación y agresión sexual con las denuncias por violación y abuso sexual mientras se encontraban en servicio activo, incluyendo denuncias sobre los diferentes tipos de represalias.
Un importante obstáculo a la denuncia por abuso sexual es el temor al castigo por faltas de conducta menores en el momento de la agresión, como el consumo de alcohol entre menores o el adulterio, descubrió Human Rights Watch. El cuerpo militar no considera esto como represalias, pero las consecuencias podrían ser devastadoras para los supervivientes que afrontan cargos. Varios sobrevivientes entrevistados fueron llevados ante una corte marcial o disciplinados por acciones que sólo salieron a la luz porque denunciaron sus agresiones. Incluso cuando son absueltos o reciben una acción disciplinaria menor, cualquier amonestación puede ser fatal para las posibilidades de promoción o la posibilidad de permanecer en el servicio. El Congreso debería prohibir este tipo de castigos para garantizar que las víctimas de crímenes violentos puedan denunciarlos sin miedo a consecuencias negativas.
Human Rights Watch también documentó las repercusiones negativas para los supervivientes que denunciaron o solicitaron asistencia para la recuperación de una agresión sexual. Los supervivientes reportaron importantes barreras a la atención de salud mental –desde el estigma a la falta de confidencialidad— que pueden afectar negativamente a la preparación militar. El Departamento de Defensa debe ampliar las iniciativas creadas como parte de su respuesta al abuso sexual, tales como el Programa Especial de Asesoría a las Víctimas y transferencias aceleradas, así como opciones no militares para la atención de la salud mental, con el fin de brindar a los supervivientes las herramientas y el control para dirigir su recuperación y su futuro en el ejército, dijo Human Rights Watch.
“Los miembros del servicio que reportan agresión sexual no sólo deben ser protegidos de las represalias, sino que también deben tener acceso a la atención sanitaria y el apoyo que necesitan”, dijo Meghan Rhoad, investigadora de los derechos de la mujer en Human Rights Watch y coautora del informe. “Nadie debería ser obligado a elegir entre denunciar su violación y permanecer en el ejército”.
