(New York) – El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debería imponer un embargo de armas al gobierno sirio tras los reiterados ataques aéreos lanzados por el régimen en concurridos mercados y zonas residenciales de Duma el 16 de agosto de 2015, señaló hoy Human Rights Watch. Los ataques provocaron la muerte de, al menos, 112 personas que, según señalaron testigos y socorristas, eran casi exclusivamente civiles.
La fuerza aérea siria efectuó cuatro ataques aéreos, con una diferencia de pocos minutos, en los principales mercados de venta callejera de Duma, la localidad más densamente poblada en Guta oriental, una zona sitiada que se encuentra bajo control de grupos armados rebeldes. Human Rights Watch habló con cuatro testigos que aseveraron que no había objetivos militares en las proximidades y que la base o el frente de combate más próximo se encontraba al menos a dos kilómetros. Las autoridades sirias no se pronunciaron en forma directa sobre los ataques, salvo para criticar el desempeño del enviado de la ONU, Staffan de Mistura, que había calificado a las incursiones aéreas en Duma como “devastadores” e “inadmisibles”.
“Bombardear un mercado atestado de compradores y comerciantes a plena luz del día demuestra el flagrante desinterés del gobierno por la población civil”, manifestó Nadim Houry, subdirector para Medio Oriente de Human Rights Watch. “Esta última matanza no es más que otro recordatorio —sin duda innecesario— de la necesidad acuciante de que el Consejo de Seguridad dé cumplimiento a sus anteriores resoluciones y tome medidas para detener los ataques indiscriminados”.
Testigos y socorristas dijeron a Human Rights Watch que los cuatro ataques aéreos impactaron en mercados sumamente concurridos, conocidos localmente como al-Hal, al-Houboub y al-Ghanam, aproximadamente en horas del mediodía. Los tres mercados están a una distancia de 500 metros entre sí. Dos socorristas describieron una escena caótica, con muertos y heridos por doquier. Afirmaron haber encontrado cerca de 70 cuerpos y gran cantidad de heridos al llegar al lugar. Aproximadamente cinco minutos después de los cuatro ataques aéreos, las fuerzas gubernamentales dispararon morteros y proyectiles en la zona, que provocaron la muerte de otras seis personas, señalaron los testigos.
Más avanzada la tarde, la ofensiva aérea alcanzó una zona residencial de Duma conocida como Masaken, o Abed al-Raouf. Un residente de Masaken dijo a Human Rights Watch que en los ataques habían muerto, al menos, 30 personas, y que más tarde ese mismo día las fuerzas gubernamentales disparaban a quienes intentaban enterrar a sus familiares en el cementerio. “Tuvimos que correr 400 metros hasta el cementerio, esquivando balas de los francotiradores, para poder dar sepultura a mi primo”, contó. “Al regresar, comenzaron a caer nuevamente proyectiles de mortero, y dos personas sufrieron heridas provocadas por esquirlas mientras enterraban a víctimas. Ni siquiera nos permiten que enterremos a nuestros mártires”.
El Consejo Local de Duma informó que, en los ataques del 16 de agosto, 112 civiles habían muerto y otros 550 habían resultado heridos, y que el 40 por ciento de estos eran menores, además de 8 mujeres. La Oficina Médica Unificada de Duma, que coordina la atención sanitaria en la zona, informó que los médicos habían practicado 116 cirugías a los heridos, incluidas 9 amputaciones.
Estos no fueron los primeros ataques ocurridos a mitad del día en mercados abarrotados en Guta oriental. Amnistía Internacional investigó una serie de ataques aéreos que se produjeron el 25 de enero en el mercado de Hamouria, poco después de la oración del viernes, y en los cuales señaló que habrían muerto más de 40 civiles, así como en el mercado de Kafr Batna el 5 de febrero, aproximadamente a la 1 p.m., que, según dijo la organización, provocaron la muerte de 45 civiles.
Según el Centro de Documentación de Abusos (Violations Documentation Center, VDC) de Siria, una organización local que realiza un seguimiento de casos de abuso, los ataques gubernamentales aéreos y con proyectiles se cobraron la vida de, al menos, 462 civiles y 16 combatientes en Guta oriental, entre enero y junio.
Diversos grupos armados que tienen presencia en Guta oriental también han lanzado explosivos de manera indiscriminada contra civiles que viven en territorios cercanos controlados por el gobierno. Un informe publicado en marzo por Human Rights Watch documenta ataques indiscriminados con explosivos en zonas residenciales y mercados efectuados por grupos armados, e instó al Consejo de Seguridad a suspender todo tipo de asistencia militar a partes implicadas en violaciones generalizadas o sistemáticas.
El último recrudecimiento de las hostilidades entre fuerzas gubernamentales y grupos armados en Guta oriental comenzó el 12 de agosto, cuando facciones armadas lanzaron proyectiles de mortero en varias zonas de Damasco horas antes de la visita del ministro de relaciones exteriores de Irán, Mohammad Zarif, que provocaron la muerte de 11 civiles, conforme fue informado por el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Poco después, aviones de combate del gobierno iniciaron una ronda de ataques aéreos en varios suburbios de la capital controlados por fuerzas insurgentes, incluido Doma, en los cuales murieron 37 personas, según se indica en datos divulgados por el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
El 22 de febrero de 2014, en su resolución 2139, el Consejo de Seguridad exigió que “todas las partes pongan de inmediato fin a todos los ataques perpetrados contra civiles, así como al uso indiscriminado de armas en zonas pobladas, incluidos disparos de artillería y bombardeos aéreos”. El 17 de agosto, un día después de los ataques en Guta, la presidencia del Consejo de Seguridad emitió una declaración en la cual reiteró sus reclamos de que todas las partes cesen las hostilidades contra civiles, así como cualquier uso indiscriminado de armas en zonas pobladas.
Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, entre ellos Rusia, que ha protegido al gobierno sirio de la posibilidad de sanciones y otras medidas de rendición de cuentas, deberían adoptar medidas inmediatas para hacer cumplir este reclamo, indicó Human Rights Watch. Además del embargo de armas, el Consejo de Seguridad debería aplicar el mismo nivel de escrutinio que ha ejercido en el caso de ataques con armas químicas a todos los ataques indiscriminados, llevando un control para identificar cuando estos se produzcan, estableciendo quiénes son responsables y aplicándoles sanciones. El Consejo de Seguridad debería además remitir la situación en Siria a la Corte Penal Internacional.
El Consejo de Seguridad debería asimismo exigir que el gobierno ponga fin al bloqueo ilegítimo en Guta oriental, que obstaculiza la posibilidad de que civiles, heridos y personas enfermas puedan salir de la zona e impide el suministro de asistencia humanitaria y médica y de insumos necesarios para la subsistencia.
“¿Cuántas vidas más se perderán antes de que el Consejo de Seguridad haga cumplir sus propias palabras?”, dijo Houry. “Con la misma determinación con que se propuso concluir los ataques con armas químicas, el Consejo de Seguridad debería ahora asegurarse de que cesen los ataques indiscriminados contra civiles”.
