(Milán) – Los solicitantes de asilo que pertenecen a la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT) en Ceuta, el enclave español en el norte de África, están expuestos a hostigamiento y abusos, señaló hoy Human Rights Watch. Las autoridades españolas deberían trasladar a estas personas inmediatamente al territorio continental y cesar la política de facto por la cual se bloquean la mayoría de los traslados de solicitantes de asilo hacia España peninsular.
“Los solicitantes de asilo LGBT que huyeron de contextos de intimidación y hostigamiento homofóbico en su país de origen enfrentan abusos similares en Ceuta, tanto en el centro de inmigración como en las calles”, expresó Judith Sunderland, directora asociada para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “España debería trasladar a estas personas a centros de acogida en la península, donde pueden obtener los servicios y la asistencia que por derecho les corresponden”.
Todos los inmigrantes que ingresan en Ceuta en forma irregular son alojados en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que depende del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El establecimiento, que fue diseñado para estadías breves y tiene capacidad para 512 personas, a menudo está saturado. A pesar de los esfuerzos del personal, los solicitantes de asilo no pueden recibir la atención y los servicios que el derecho español les reconoce.
Cuando Human Rights Watch visitó el centro el 28 y 29 de marzo, había 943 residentes, muchos de los cuales vivían en grandes tiendas instaladas en lo que anteriormente había sido una cancha de baloncesto dentro del predio, mientras otros dormían en salas que deberían usarse para clases o actividades grupales. Si bien el centro es abierto, y los inmigrantes pueden entrar y salir, no se les permite salir de Ceuta, un enclave de apenas 18,5 kilómetros cuadrados.
Según personal del centro, actualmente hay entre 70 y 80 solicitantes de asilo en el centro de Ceuta, de los cuales al menos 10 han pedido asilo alegando discriminación por su orientación sexual o identidad de género.
Human Rights Watch habló con tres hombres gais alojados en el centro, dos procedentes de Marruecos y uno de Argelia, que habían pedido asilo por persecución debido a su orientación sexual. Describieron haber vivido situaciones de abuso extremo, incluida la violencia física ejercida por familiares, rechazo reiterado y generalizado por parte de la sociedad y agresiones físicas en las calles de sus países de origen. Un hombre de Marruecos dijo que había sido encarcelado, en parte, por su orientación sexual. Tanto Marruecos como Argelia criminalizan la actividad sexual con consentimiento entre personas del mismo sexo, y prevén para esto una pena de hasta tres años de prisión y multas.
Los tres hombres se refirieron a las dificultades que enfrentaban en el centro y en Ceuta debido a su orientación sexual.
Ahmed (seudónimo), de 29 años, y oriundo de Marruecos, dijo que huyó de su país porque sufría amenazas de su familia y de la policía, pero que está recibiendo el mismo trato por parte de otras personas que se alojan en el CETI. “Ellos [otros residentes del CETI] me dicen que si me ven afuera [del centro] me van a pegar”, según contó. “Me atacan, y yo escapo. Una vez, en noviembre o diciembre, uno me pegó”.
Los solicitantes de asilo LGBT están atrapados en Ceuta por causa de una política que, según cree Human Rights Watch, está diseñada para disuadir los pedidos de todos los solicitantes de asilo, salvo los sirios, que consiguen llegar al enclave. Los migrantes que no piden asilo reciben órdenes de expulsión y son trasladados a España peninsular a un promedio que las autoridades procuran que sea de 80 por semana, y allí son asignados a centros de detención mientras se encuentra pendiente su deportación o a refugios gestionados por organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, a los solicitantes de asilo en general no se les permite trasladarse.
“Negar a los solicitantes de asilo su libertad de circulación para disuadir las solicitudes no solo sería cruel y errado, sino que además supondría un uso indebido de poder”, apuntó Sunderland. “Sin embargo, la evidencia sugiere que las autoridades ofrecen una dura alternativa a las personas que necesitan protección, al exigirles que manifiesten su necesidad y permanezcan meses o años en una situación indefinida en Ceuta, o que corran el riesgo y pidan asilo recién después de haber sido trasladadas al territorio continental, cuando ya tienen una orden de expulsión en mano”.
Si bien algunos migrantes permanecen en el centro en Ceuta cuatro o cinco meses, los que piden asilo por lo general se quedan allí mucho más tiempo, a veces durante la totalidad del procedimiento en el que se evalúa su solicitud de protección, un proceso que puede demorar bastante más de un año. La policía en Ceuta realiza controles fronterizos e intercepta a solicitantes de asilo que intentan dejar el enclave para ir a la España peninsular.
En 2010, el Ministerio del Interior de España indicó que los solicitantes de asilo en los enclaves reciben documentos que les permiten vivir tanto en Ceuta como en Melilla, el otro enclave español en el norte de África. Sin embargo, el ministerio señaló que en ningún caso estos documentos los habilitan a viajar al territorio continental de España. Si bien las autoridades españolas trasladan regularmente a solicitantes de asilo sirios desde los enclaves, el ministerio no parece haber cambiado su política respecto de otras nacionalidades, a pesar de una serie de sentencias judiciales y de recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo y organizaciones de derechos de refugiados. Las sentencias judiciales también han dispuesto que los solicitantes de asilo deberían tener libertad de circulación dentro de España.
“La situación de los enclaves, que son las fronteras de la UE en la costa sur del Mediterráneo, es sin dudas diferente de la de otros países de la UE, pero esto no justifica castigar a quienes ingresan a Ceuta en busca de asilo”, señaló Sunderland. “España tiene los medios para tratar dignamente a los solicitantes de asilo, incluidas las personas LGBT que buscan un país tolerante donde puedan vivir sin temor a sufrir discriminación o violencia”.
Relatos de solicitantes de asilo
Ahmed, un joven marroquí de 29 años, contó a Human Rights Watch que en su país de origen “no encontraba nadie que me protegiera, ni mi familia ni la policía”. Había sido condenado a seis meses de prisión después de haber corrido hacia la policía cuando, tarde una noche, intentó escapar de dos hombres que le dieron una golpiza en la calle por ser gay. Pero la vida en el centro de Ceuta, donde se aloja desde mediados de octubre de 2016, es difícil. “Aquí también me insultan, me dicen maricón. Me dicen que cuando me ven fuera me van a pegar. Y me atacan, yo escapo. Una vez, en noviembre o diciembre, uno me pegó. Era un argelino. Me decía maricón, te voy a matar. Anteayer estaba con un amigo, vino un argelino y me echó de la habitación diciéndome ‘eh maricón, sal de aquí’”.
Ahmed habló de su esperanza de tener una nueva vida: “Quiero sobrevivir, quiero un futuro. No quiero pensar siempre en que me van a pegar…No puedo en Marruecos, tampoco aquí porque Ceuta es como Marruecos”.
Francisco (seudónimo), un ciudadano marroquí de 30 años, vive en el centro hace 14 meses. Contó que su familia lo echó cuando tenía 12 años debido a su sexualidad. Había sido violado por dos hombres en un basural cuando todavía era adolescente, y golpeado y detenido por la policía. Llegó a un punto límite cuando un primo, con quien Francisco había vivido después de que aquel regresara tras vivir algunos años en el extranjero, se puso en su contra tras enterarse de que era gay:
Me vine a Ceuta. No me quedaba más remedio que pedir asilo. Pero aquí está muy mal. Estoy desesperado. Ceuta me parece igual como en Marruecos. Una vez estaba en la playa, un tío un poco mayor me ofreció un purrito. Dije que no. Él quería abusar de mí, pero no quería, y me tiró una piedra y me pegó un puño. Fui a la policía. Al inicio no quisieron tomar la denuncia. No hicieron nada, lo veo siempre ahí….En el CETI no hablo con nadie, evito los problemas. Si no, reviento. Sabes, echado de casa a los 12 años, todos los problemas.
Said (seudónimo), un ciudadano argelino de 32 años, llevaba casi 10 meses en el CETI cuando Human Rights Watch lo entrevistó: “Quiero tener una nueva vida”, dijo. “Necesito olvidarme de mis problemas. No tenía mucha idea de adónde ir, solo quería un lugar donde pudiera vivir sin violencia. Aquí las cosas son difíciles. Solo puedes dormir y comer, dormir y comer. Aquí evito a todos para no tener problemas”.
Un miembro del personal contó a Human Rights Watch que otros residentes suelen “burlarse, hostigar y atacar” a las personas LGBT que solicitan asilo. “Muchos no aceptan compartir una habitación con un homosexual. O los hostigan aquí o pelean fuera del centro”.
Política de la UE
La Directiva de Acogida de la Unión Europea, que es vinculante para España, exige que los países de la UE tengan en cuenta la situación de las personas vulnerables al brindarles alojamiento, y que tomen medidas para prevenir la agresión y el acoso sexuales en los centros de acogida. Si bien las personas LGBT que solicitan asilo no están enumeradas en la directiva como personas consideradas vulnerables, Human Rights Watch coincide con la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE y la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA-Europa) en que muchas personas LGBT que buscan asilo reúnen los requisitos debido al tipo de persecución que viven en sus países de origen. En un informe de 2015, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, observó que “las personas de interés LGBTI enfrentan una gran variedad de riesgos de protección en los países de asilo, incluidas nuevas persecuciones por parte de las autoridades, las comunidades de acogida, los miembros de la familia, y otros solicitantes de asilo y refugiados”.
Las mejores prácticas para la acogida de personas identificadas como solicitantes de asilo LGBT por dichas organizaciones incluyen alojamiento en habitaciones individuales, traslados a centros más pequeños, capacitación específica para el personal y facilitación del acceso a organizaciones LGBT y redes de apoyo.
Estas condiciones para las personas LGBT que solicitan asilo no se pueden cumplir en el centro de acogida ni en ningún otro lugar de Ceuta.
Diversas organizaciones no gubernamentales, el Defensor del Pueblo y ACNUR han destacado en reiteradas oportunidades que el centro de Ceuta, así como el de Melilla, no son aptos como centros de acogida para solicitantes de asilo. En un informe publicado en junio de 2016, el Defensor del Pueblo concluyó que estos centros “[no pueden] ser considerados como recurso adecuado para alojar y atender a los solicitantes de asilo” y reiteró que el Defensor ha llamado la atención sobre “la falta de asistencia especializada al colectivo de solicitantes de asilo y, particularmente, a personas que presentan una especial vulnerabilidad”. La representante de ACNUR en España, Francesca Friz-Prguda, dijo en diciembre que los centros “no cumplen los requisitos mínimos marcados en las directivas europeas [sobre asilo]” y “no son lugar para personas que llegan traumatizadas huyendo de la guerra, y la persecución”.
Los cruces fronterizos hacia Ceuta han disminuido en los últimos años, a pesar de algunas llegadas recientes de grupos numerosos. En 2016, apenas algo más de 2.000 personas —en su mayoría procedentes del África Subsahariana, y algunos argelinos— cruzaron la frontera por tierra de manera irregular. Menos de 16.000 personas presentaron nuevas solicitudes de asilo en España en 2016, una cifra que representa bastante menos del dos por ciento del total de la UE.
La situación en Ceuta
Ceuta se encuentra justo frente al Estrecho de Gibraltar desde Algeciras, y está completamente separada del resto del norte de África por un doble vallado que, en la parte superior, tiene alambre de cuchillas. El otro enclave de España, Melilla, más próximo a la frontera argelina, está separado del territorio marroquí por un triple vallado. La migración irregular a los enclaves adopta diversas formas, como grupos numerosos que intentan escalar al mismo tiempo los vallados, personas que cruzan ocultas en doble fondos de vehículos, la aproximación por vía marítima y el uso de documentación de viaje falsificada.
Human Rights Watch estuvo en Melilla del 23 al 26 marzo y en Ceuta del 27 al 29 de marzo. No se permitió que los investigadores tuvieran acceso al centro de acogida en Melilla. Al momento de la visita, aproximadamente 880 personas vivían en el centro de Melilla, que tiene capacidad para 480 personas. En ese centro había al menos 350 solicitantes de asilo, y por lo menos 50 de ellos habían presentado la solicitud invocando persecución por su orientación sexual o identidad de género.
El gobierno de Marruecos coordina medidas de seguridad y manejo de fronteras con los Estados Miembros de la Unión Europea (UE), en especial España, desde los años noventa, y el país es un importante aliado en las iniciativas de la UE para externalizar los controles fronterizos. Si bien las cantidades de migrantes y solicitantes de asilo que llegan a España desde Marruecos parecen insignificantes en comparación con la afluencia en Italia y Grecia, la cooperación en materia de migraciones de la UE con Marruecos, impulsada por España, ha servido de modelo para las políticas que fomentan la UE y los Estados Miembros desde 2015 con otros países de tránsito.
Los acuerdos bilaterales de readmisión entre España y Argelia, así como también entre España y Marruecos, facilitan la posibilidad de que España envíe directamente de vuelta a ciudadanos de esos países desde sus enclaves.
Marruecos adoptó una estrategia nacional en 2013 para reformar las políticas nacionales respecto de migrantes y solicitantes de asilo, incluso estableciendo algunos derechos básicos. En 2016, el gobierno otorgó permisos de residencia por un año, con carácter renovable, a miles de personas provenientes del África Subsahariana y a más de 500 ciudadanos sirios reconocidos por ACNUR. Sin embargo, en entrevistas mantenidas en marzo con personas del África Subsahariana que estaban en Ceuta y Melilla, se indicó que sigue habiendo redadas policiales en campamentos informales de migrantes, destrucción y robo de bienes, traslados involuntarios a otras partes de Marruecos, y violencia por parte de guardias fronterizos marroquíes. Todos estos hechos habían sido previamente documentados por Human Rights Watch. Marruecos aún no cuenta con un sistema efectivo de asilo.
España ha tomado medidas drásticas de control fronterizo en sus enclaves, que incluyen devoluciones sumarias a Marruecos y uso desproporcionado de la fuerza por parte de guardias fronterizos. En abril de 2015, el gobierno español reformó la legislación para formalizar la práctica ilegal de las devoluciones sumarias a Marruecos de cualquier persona que sea detenida intentando cruzar los vallados en grupo, una medida denunciada por numerosas organizaciones no gubernamentales, incluidos Human Rights Watch, el Defensor del Pueblo, las Naciones Unidas y el Consejo de Europa.
Actualmente se encuentra en trámite ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos un recurso contra las devoluciones sumarias que tuvieron lugar en 2014. El 6 de febrero de 2014, al menos 15 migrantes murieron mientras intentaban cruzar a nado hasta Ceuta cuando miembros de la Guardia Civil española dispararon perdigones y arrojaron gases lacrimógenos al agua. Un tribunal superior reabrió en enero la investigación por responsabilidad penal de 16 miembros de la Guardia Civil, al revocar la decisión de un juez de primera instancia, que en octubre de 2015 archivó el caso.
España inauguró oficialmente oficinas de asilo fronterizas en ambos enclaves en 2015. Mientras que ciudadanos sirios y palestinos continúan accediendo a la oficina de asilo de Melilla, muchos al parecer con documentos marroquíes falsos y sobornando a funcionarios marroquíes para poder abandonar el lado marroquí, ningún ciudadano de otra nacionalidad se ha acercado a la oficina de Melilla. Desde que abrió en marzo de 2015, ninguna persona ha solicitado asilo en la oficina fronteriza de Ceuta. Los obstáculos para salir de Marruecos por el cruce fronterizo oficial dejan a muchas personas, incluidas las que pretenden solicitar asilo, sin otra opción más que intentar ingresar en los enclaves en forma irregular. Una vez en Ceuta o Melilla, pueden solicitar asilo en una dependencia policial o en el CETI.
El 29 de marzo, Human Rights Watch visitó la oficina fronteriza de asilo de Ceuta que, aunque correctamente equipada, estaba cerrada y sin nadie adentro. El inspector jefe a cargo explicó que un funcionario capacitado, que tiene la llave, está siempre de turno, en caso de que alguien llegue. Agregó, no obstante, que la oficina “no sirve para nada, solo está para cumplir con la normativa europea”. Cuando se le preguntó por qué creía que nadie había solicitado asilo en la oficina, explicó que los marroquíes “no deben de dejar pasar a las personas… hacen su filtro. No tiene sentido tener una oficina de este lado de la frontera si Marruecos puede otorgar asilo, no es un país en guerra”.
Human Rights Watch ha observado que es habitual que el Ministerio del Interior central decida no permitir que los solicitantes de asilo que no tienen nacionalidad siria sean trasladados al territorio continental, mientras que sí se transfiere a migrantes irregulares. Ricardo Espíritu Navarro, director del centro de acogida de Ceuta, señaló: “No es responsabilidad del Ministerio [de Empleo] establecer listas de traslados. El Ministerio del Interior toma sus propias decisiones. Suelen no trasladar a solicitantes de asilo. Los argelinos no los trasladan. No sé por qué, no es mi competencia”. El director contó que había convencido a las autoridades para que trasladaran al territorio continental, a principios de marzo, a un grupo de mujeres argelinas que solicitaban asilo, incluidas algunas que pertenecían al colectivo LGBT, y que habían protestado por el trato injusto y la duración de su estadía en el centro de Ceuta.
Human Rights Watch considera que la perspectiva de tener que permanecer en Ceuta en forma indefinida disuade a las personas que necesitan protección internacional de solicitar asilo. Human Rights Watch habló con una persona de 22 años de la República Centroafricana que, un mes después de llegar al centro de acogida, estaba debatiéndose entre solicitar o no asilo: “Dicen que debes solicitarlo apenas llegas, pero si no hay lugar para mí, ¿cómo voy a hacerlo? El procedimiento lleva mucho tiempo, no quiero quedarme aquí”. A través de distintas fuentes, Human Rights Watch se enteró de la situación de un hombre subsahariano que retiró su solicitud de asilo después de que la policía le dijera expresamente que sería trasladado al territorio continental si lo hacía; algunos días después, fue trasladado.
La policía por lo general rechaza las solicitudes de traslado que plantean solicitantes de asilo en Ceuta. Las órdenes policiales a las que Human Rights Watch tuvo acceso citan los compromisos de España en virtud del Código de Fronteras Schengen de la UE de verificar los documentos de identidad y la documentación para viajar desde los enclaves de Ceuta y Melilla a otras partes de España u otros países del área Schengen, y estipulan que el solicitante no reúne ninguno de los requisitos para ingresar a España y que tampoco “concurre ninguna razón excepcional de índole humanitaria o interés público” para permitir el ingreso de la persona. La Policía Nacional de Ceuta, a través de su oficina de contacto con los medios de comunicación, rechazó una solicitud de Human Rights Watch de reunirse con el jefe de la Brigada de Extranjería y Fronteras.
Numerosas sentencias judiciales españolas han ratificado el derecho de los solicitantes de asilo a la libertad de circulación dentro del territorio español y determinaron que impedir que los solicitantes de asilo viajen desde los enclaves hacia el territorio continental constituía una violación de ese derecho. Reiterando sus fallos en casos anteriores, el Tribunal Superior de Justicia de Sevilla determinó en febrero de 2015 que, en virtud de la ley de inmigración española, los solicitantes de asilo tienen derecho a la libertad de circulación, independientemente de la manera en que hayan ingresado al país, y que “la especialidad de Ceuta lo será en lo que se refiere al control pero no en cuanto a una limitación no impuesta por Ley. El que la policía pueda controlar [documentos] no significa que pueda impedir el goce del derecho”.
El tribunal superior determinó que la decisión en primera instancia por la cual se validaba la denegación policial de la posibilidad de continuar viajando desde Ceuta “supondría tanto como sancionar la entrada irregular en España de quien posteriormente ha formalizado una solicitud de asilo, lo que choca con la legislación vigente”.
