El número de víctimas fatales de los nefastos atentados que estremecieron a Cataluña hace dos semanas ha aumentado ahora a 16, tras el fallecimiento de algunas de las personas más gravemente heridas. Siguen trascendiendo datos alarmantes sobre los antecedentes del presunto cabecilla de la célula responsable de los atentados en Barcelona y Cambrils. Y persisten numerosos interrogantes sobre el nivel de intercambio de información que existe entre las autoridades policiales centrales y regionales, como así también con las agencias de seguridad internacionales.
Con este trasfondo, desde algunos medios de comunicación —incluidos periódicos de circulación nacional y canales principales de televisión— se profirieron ataques alarmantes contra abogados que defienden a personas acusadas de terrorismo. Algunas de las acusaciones más estridentes —que han tachado su trabajo de “éticamente reprobable” o sugerido “conexiones profesionales con presuntos yihadistas”— han apuntado principalmente contra dos abogados que han representado a imputados en procedimientos por terrorismo, incluido el presunto cabecilla del grupo implicado en el atentado de Barcelona, así como personas detenidas en operativos antiterroristas anteriores realizados en Cataluña en 2006 y 2008.
Los embates lanzados desde los medios están cargados de subtextos políticos; ambos abogados han sido elegidos representantes de partidos de izquierda Barcelona en Comú y Candidatura de Unidad Popular, que lo segundo promueve la independencia catalana. Uno de ellos es teniente de alcaldía de Barcelona, mientras que el otro es diputado en el parlamento catalán. El próximo referéndum sobre el futuro de la región provoca una honda división en España.
Épocas como esta suponen una dura prueba para principios tan fundamentales como el Estado de derecho. Uno de los pilares de una democracia que respeta los derechos humanos es que se reconozca a las personas acusadas de graves delitos la presunción de inocencia y se les permita defenderse en un proceso imparcial ante un tribunal de justicia. Estos derechos se encuentran consagrados en la constitución española, y también en el derecho europeo e internacional. Y para que tengan algún sentido, los abogados defensores en causas penales deben tener la posibilidad y la disposición de asumir casos complejos que concitan repudio entre la población, sin temor a sufrir represalias o ataques.
El gobierno de España y los líderes de los principales partidos políticos deben pronunciarse claramente en defensa de estos principios fundamentales, como ya lo han hecho órganos profesionales (tanto catalanes como españoles) y abogados activistas. Más allá de las diferencias políticas, los líderes deberían recordar al pueblo español que solo puede haber justicia por crímenes gravísimos si las personas acusadas de terrorismo son juzgadas conforme a los principios de legalidad y se les permite ejercer una defensa adecuada en los tribunales.
