(Nueva York) – Un año después de unas elecciones presidenciales en Estados Unidos empañadas por una retórica divisiva, miles de familias han sido separadas y millones de personas viven con miedo debido a políticas de deportación crueles e ineficaces, dijo hoy Human Rights Watch. Los estadounidenses que quieran ofrecer resistencia a esta situación deben pedirles a sus representantes que se opongan a la solicitud de fondos del gobierno de Donald Trump para estas políticas perjudiciales participando en una campaña llamada “Immigrants Are US”.
“El Congreso debería desarrollar un plan real para reformar nuestro disfuncional sistema de inmigración que proteja a los inmigrantes con profundos vínculos con EE.UU. y brinde a todos un debido proceso legal”, dijo Alison Parker, directora del programa de EE.UU. de Human Rights Watch. “Los legisladores deben escuchar a los votantes que piensan que deberían rechazar la agenda de inmigración del presidente Trump y negar el aumento de fondos para un sistema roto que ya perjudica a tantos”.
Una película animada de Molly Crabapple y narrada en inglés por la comediante Samantha Bee y en español por el actor Demián Bichir fue lanzada hoy por Human Rights Watch como parte de la campaña, que también marca el primer aniversario de la elección del presidente Donald Trump. La película destaca cómo la retórica que combina la inmigración ilegal con el crimen es peligrosa y divisiva, al alimentar políticas que destruyen a las familias y perjudican a las comunidades. Human Rights Watch insta a las personas en EE.UU. a conmemorar el 8 de noviembre de 2017 vistiendo una camiseta con el lema “Immigrants Are US”.
Human Rights Watch se asoció con la marca Boy Meets Girl para producir una camiseta para la campaña; una parte de las ganancias se destinarán a Human Rights Watch.
El sistema de inmigración actual es disfuncional, afirmó Human Rights Watch. Bajo sus reglas, un hombre que ha vivido en EE.UU. por más de 20 años, tiene una esposa ciudadana estadounidense y es el principal cuidador de su hijastro severamente discapacitado, puede ser deportado sin tener en cuenta el impacto que eso tendrá en su familia estadounidense. Un afgano que fue intérprete para el ejército estadounidense y pidió asilo en EE.UU. creyendo que el país valoraba los derechos humanos, puede acabar encerrado durante casi un año en un sistema de detención de inmigrantes abusivo. Un niño de 10 años de El Salvador que fue testigo del asesinato de su padre por los miembros de una pandilla y que luego fue amenazado por la misma pandilla puede enfrentarse a complejos procesos de deportación sin un abogado. Un veterano del ejército de EE.UU., cuya madre nació en EE.UU., puede ser deportado debido a una condena relacionada con su adicción a las drogas.
Como primer paso, Human Rights Watch instó al Congreso a aprobar una nueva ley DREAM para proporcionar estatus legal a los jóvenes indocumentados que fueron traídos a EE.UU. cuando eran niños. Además, la organización pidió una nueva legislación para crear un programa de legalización justo para todos los inmigrantes con fuertes lazos familiares y de otro tipo con EE.UU. y garantizar que todos los inmigrantes en procedimientos de deportación reciban una audiencia justa ante un juez imparcial. EE.UU. también debería derogar las duras leyes que hacen que el sistema de inmigración del país se asemeje a una extensión del sistema de justicia penal, deteniendo a cientos de miles de personas en condiciones prácticamente carcelarias e imponiendo severas penas de inmigración a personas con condenas por delitos menores o antiguos.
“Los peores aspectos de las políticas de inmigración de EE.UU. es que no fortalecen ni hacen más seguro el país”, señaló Parker. “La última propuesta de inmigración del gobierno de Trump no hace nada para abordar los graves abusos inherentes al sistema de inmigración de EE.UU. y busca debilitar algunas de las escasas protecciones existentes para grupos vulnerables, como las personas que huyen de la violencia y la persecución, niños incluidos”.
