(Washington D.C.) – El presidente de Perú Martín Vizcarra debería observar un proyecto legislativo hecho a la medida para conceder la libertad condicional al expresidente Alberto Fujimori, señaló hoy Human Rights Watch. El proyecto, aprobado por el Congreso de Perú el 12 de octubre de 2018, es un intento pobremente disimulado de liberar a Fujimori a través de una supuesta reforma a normas penitenciarias.
El proyecto legislativo concede a los presos que superen cierta edad y hayan cumplido apenas un tercio de la pena el derecho a cumplir el resto de su sanción bajo “vigilancia electrónica”. Los partidarios de Fujimori en el Congreso presentaron el proyecto seis días después de que un juez de la Corte Suprema invalidara el indulto que, a fines de 2017, permitió la liberación de Fujimori. El proyecto fue aprobado rápidamente apenas tres días después de su presentación en el Congreso.
“Como el plan de garantizar la libertad de Fujimori a través de un indulto se está desmoronando, los legisladores fujimoristas ahora impulsan un ‘plan b’ para asegurar que su jefe político no regrese a prisión”, explicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Los fujimoristas afirman que esta ley busca mejorar las condiciones penitenciarias de presos de edad avanzada, pero el momento en el que fue aprobada y sus disposiciones arbitrarias demuestran que se trata de una ley selectiva hecha a la medida para asegurar la libertad de un expresidente autocrático condenado por graves violaciones de derechos humanos”.
En 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por violaciones de derechos humanos, incluidos dos secuestros, la desaparición forzada y el homicidio de nueve estudiantes y un docente en la Universidad La Cantuta, y la ejecución extrajudicial de 15 personas del distrito limeño de Barrios Altos. La Corte Suprema determinó que estos hechos constituían crímenes de lesa humanidad.
En 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski concedió a Fujimori un indulto humanitario que pareció responder a una decisión política carente de criterios de justicia o transparencia. Existen motivos de peso para creer que la liberación fue consecuencia de una negociación, por el gobierno de Kuczynski, en respuesta a la presión de partidarios de Fujimori en el Congreso, incluido el intento de someter a Kuczynski a un proceso de vacancia.
El 30 de mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte I.D.H.), el principal tribunal de derechos humanos de la región, analizó el indulto concedido a Fujimori. La corte determinó que liberar a personas condenadas por graves violaciones de derechos humanos podía ser compatible con la obligación de Perú de investigar, juzgar y castigar abusos, siempre y cuando la liberación fuera “estrictamente necesaria” para asegurar el derecho a la salud de un preso. La Corte sostuvo que la justicia peruana debía analizar el indulto.
El 3 de octubre, un magistrado de la Corte Suprema concluyó que el “indulto humanitario” de Fujimori era incompatible con las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por Perú, y ordenó que fuera enviado a prisión nuevamente. Se encuentra en curso una apelación, y Fujimori no ha vuelto a prisión.
El juez determinó que las condiciones de detención de Fujimori no ponían en riesgo su salud. Fujimori tenía “prácticamente una cárcel exclusiva para él” con “ambientes amplios”, servicios de enfermería las 24 horas y sin restricciones para las visitas. Siempre que tuvo problemas de salud, las autoridades le permitieron acudir el hospital de su preferencia, señaló el juez.
El nuevo proyecto de ley especifica diversas categorías de presos que pueden recibir el beneficio de excarcelación. Entre estas categorías se incluyen los presos de sexo masculino que tengan más de 78 años de edad y hayan cumplido un tercio de su condena. Fujimori, que tiene 80 años, ha cumplido 10 de los 25 años de su condena.
Los beneficiarios pueden cumplir el resto de su condena bajo “vigilancia electrónica”, y solo pueden desplazarse dentro de la provincia en la que decidan vivir. Los condenados pueden salir de su provincia con la condición de que lo “inform[en]” a las autoridades del sistema penitenciario peruano y ofrezcan un “garante” que, según se estipula en el proyecto de ley, podría enfrentar “responsabilidad penal” si el condenado no regresa a la provincia en el plazo fijado. El proyecto de ley excluye a las personas condenadas por determinados delitos, incluyendo traición a la patria, tráfico de drogas en modalidad agravada y terrorismo, pero ninguno de los delitos de extrema gravedad por los cuales fue condenado Fujimori.
El proyecto también establece que las autoridades no pueden revertir la liberación si un beneficiario es procesado o condenado nuevamente por “delitos cometidos con anterioridad”. Actualmente, Fujimori enfrenta un proceso penal por el asesinato, en 1992, de seis personas en el distrito limeño de Pativilca a manos de miembros del escuadrón de la muerte “Colina”. Asimismo, en abril, un fiscal ordenó investigar a Fujimori por la esterilización forzada de cientos de mujeres, en su mayoría de sectores de bajos recursos o indígenas, ocurrida durante su gobierno.
Conforme a la legislación peruana vigente hasta el momento, la liberación condicional de los presos es concedida por jueces. El nuevo proyecto de ley transfiere esta facultad al jefe del sistema penitenciario.
El derecho internacional de los derechos humanos establece que los gobiernos tienen la obligación de asegurar que haya justicia efectiva por violaciones graves de derechos humanos. Sin embargo, una enfermedad grave puede transformar una pena de cárcel común en un calvario que resultaría cruel y excedería el interés en un castigo específico. En estas circunstancias, puede justificarse la liberación de personas condenadas incluso por los peores delitos.
Las personas condenadas por atrocidades también pueden beneficiarse de las normas sobre libertad condicional que se apliquen a los demás presos, siempre que la justicia que se imparta sea proporcional a la gravedad de los delitos.
Human Rights Watch ha señalado que la liberación de Fujimori sería consistente con las normas internacionales de derechos humanos, siempre que no reciba un trato especial y selectivo. No obstante, el proyecto de ley que ha aprobado el fujimorismo es un esfuerzo apenas disimulado por brindarle un trato especial usando de fachada una reforma más amplia con el supuesto objetivo de garantizar los derechos de los presos.
“Una ley que contribuya a mejorar las condiciones de detención de los presos, incluso de aquellos responsables de delitos graves, sería un paso positivo”, señaló Vivanco. “Pero este proyecto de ley no se trata de eso, sino de negar los derechos de las víctimas para beneficiar a un hombre poderoso que es responsable de delitos atroces”.
