La extradición de Julian Assange del Reino Unido a los Estados Unidos por presuntos delitos informáticos podría tener graves consecuencias para los periodistas en la era digital.
La Policía Metropolitana de Londres confirmó la detención de Assange el 11 de abril de 2019 “en nombre de las autoridades de los Estados Unidos” conforme a una orden de detención. El mismo día, fue hallado culpable de incumplir los términos de la libertad vigilada por un tribunal del Reino Unido, que ordenó que compareciera por cargos de extradición el 2 de mayo. Se presume que la detención se basa en una acusación del 6 de marzo de 2018, que un tribunal estadounidense hizo pública hoy. En los cargos se acusa a Assange de conspiración para transgredir la Ley sobre Fraude y Abuso Informático (Computer Fraud and Abuse Act), incluido el acceso a información clasificada, en relación con las filtraciones de documentos estadounidenses efectuadas por Chelsea Manning.
“Juzgar a Julian Assange por actos que suelen estar asociados con la difusión de noticias de importancia pública —incluida información delicada o clasificada— podría establecer un peligroso precedente para todas las organizaciones de noticias”, expresó Dinah PoKempner, asesora legal de Human Rights Watch. “La hostilidad manifiesta del gobierno de Trump hacia los ‘medios masivos’ ha contribuido a que exista un clima cada vez más peligroso para el periodismo de investigación a nivel mundial”.
Muchas de las acciones enumeradas en la acusación, como mantener diálogos encriptados, ocultar la identidad de una fuente o usar buzones digitales seguros, son parte esencial del periodismo en la era digital, explicó Human Rights Watch. Otras acusaciones, como el intento de “hackear” contraseñas, se basan en pruebas específicas que todavía deben ser confirmadas, divulgadas o explicadas.
La acusación de marzo de 2018 no formula cargos conforme a la Ley de Espionaje (Espionage Act) contra el medio que publica, y se centra en acusaciones más acotadas sobre fraude informático. Sin embargo, la ley estadounidense en la que se fundamentan contiene prohibiciones excesivamente amplias e imprecisas que han sido blanco de críticas por inhibir la investigación digital. Los cargos podrían ampliarse y afectar así numerosas prácticas periodísticas que son más habituales que intentar —infructuosamente— descifrar una contraseña, afirmó Human Rights Watch.
Las autoridades del Reino Unido, al decidir sobre la conveniencia de extraditar a Assange a EE. UU., deberían además considerar su estado físico y psíquico, así como las condiciones de detención que podría enfrentar en ese país como una persona acusada de delitos contra la seguridad nacional. La reclusión en régimen de aislamiento de Manning y el trato que recibió durante la prisión preventiva fueron objeto de enérgicas críticas del Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que señaló que constituían una violación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.
Al parecer, Ecuador habría invitado a la Policía Metropolitana a ingresar en la embajada, y el presidente Lenin Moreno anunció que la cancelación del asilo de Assange, en ejercicio de un “derecho soberano”, se debía a diversos motivos de conflicto con los intereses de Ecuador. Ecuador había concedido asilo a Assange en junio de 2012, en razón de que, según determinó, existía un temor creíble de que fuera perseguido en caso de ser extraditado a Estados Unidos. Human Rights Watch expresó consternación debido a que la decisión de Ecuador sobre asilo parece haberse retirado por motivos que no están vinculados con las circunstancias que inicialmente dieron lugar al beneficio.
“Existe un peligro concreto de que el caso de Assange se convierta en un modelo para los gobiernos que pretenden castigar a los medios de comunicación que divulgan evidencias de abusos”, sostuvo PoKempner. “El Gobierno estadounidense debería ser muy cauto y no hacer un uso extendido de conceptos como el de ‘conspiración’, de formas que puedan criminalizar la labor periodística a nivel mundial y dificultar la difusión de la información obtenida, incluso sobre violaciones de derechos humanos”.
