El material publicado en internet bajo el título “Las mujeres afectadas por la prohibición del aborto en Honduras se ven obligadas a decidir entre la vida y la muerte” da a conocer las historias de mujeres hondureñas que enfrentan los crueles efectos de la prohibición del aborto. Entre los casos presentados están el de una mujer que se vio obligada a tener al hijo del hombre que la violó; el de una mujer que enfrenta la posibilidad de ir a la cárcel tras haber tenido un aborto espontáneo; las historias de mujeres que tuvieron complicaciones debido a abortos clandestinos; la de una pastora a favor del derecho a decidir que ha enfrentado amenazas de muerte por su activismo; la de una médica que no siempre puede actuar en beneficio de sus pacientes, y las de mujeres que comparten información sobre aborto en forma secreta, a través de una línea telefónica anónima.
“Prohibir el aborto no impide que este ocurra, sino que obliga a mujeres y niñas a poner en riesgo su salud y su vida para interrumpir embarazos a puerta cerrada, sumidas en el temor y la desesperación y sin atención médica”, señaló Margaret Wurth, investigadora sénior sobre Derechos de la Mujer de Human Rights Watch. “La ley draconiana de Honduras genera profundo sufrimiento a las mujeres y niñas y sus familias”.
El Código Penal hondureño prevé penas de hasta seis años de prisión para las mujeres y niñas que induzcan abortos y para los profesionales médicos que los practiquen. El gobierno también prohíbe la anticoncepción de emergencia, o “pastilla del día después”, que puede evitar el embarazo luego de una violación, tras mantener relaciones sexuales sin protección o cuando falla un método anticonceptivo.
Existe una tendencia mundial hacia la ampliación del acceso legal al aborto. Un histórico referéndum realizado en Irlanda en 2018 y una decisión crucial en 2017 para moderar la prohibición del aborto en Chile son algunos ejemplos recientes. Entre 2000 y 2017, en 27 países se amplió el acceso al aborto. Sin embargo, al mismo tiempo, en algunos países hay ataques a los derechos reproductivos de las mujeres, en particular en Estados Unidos, donde algunos legisladores, animados por los nuevos nombramientos de magistrados conservadores en la Corte Suprema y por un presidente que se opone al derecho a decidir, aprobaron recientemente nuevas restricciones severas al aborto en varios estados, incluida la prohibición total en Alabama.
En Honduras, Human Rights Watch pudo ver las consecuencias de la prohibición del aborto en entrevistas llevadas a cabo en enero de 2019 con mujeres que habían atravesado un embarazo no deseado, defensores de derechos y proveedores de servicios.
Los datos sobre salud pública sugieren que al menos el 40 % de los embarazos son no planificados o no deseados en el momento en que se producen. Algunos embarazos no deseados son producto de violaciones. Casi una de cada cuatro mujeres en Honduras ha sufrido abuso físico o sexual de una pareja, según una encuesta gubernamental realizada en el período 2011-2012.
“Me quería morir”, dijo una mujer cuando se enteró de un embarazo no deseado. “Sentí deseos de destruirme”, dijo otra. Varias afirmaron que supieron de inmediato que debían realizarse un aborto clandestino.
Algunas mujeres contaron que intentaron interrumpir embarazos no deseados con fármacos o acudiendo a clínicas clandestinas. Varias mujeres se acercaron a hospitales en busca de atención de emergencia después de tener complicaciones, como sangrado profuso o dolor intenso. Según datos de la Secretaría de Salud de Honduras, en 2017, más de 8.600 mujeres fueron hospitalizadas por complicaciones relacionadas con abortos provocados o espontáneos.
El uso de misoprostol — un medicamento utilizado para inducir el trabajo de parto y para tratar úlceras estomacales — en el aborto médico ha reducido el riesgo de complicaciones en países donde el acceso al aborto legal se encuentra restringido. Pero las mujeres entrevistadas dijeron que podía ser costoso y difícil de conseguir.
Se estima que el aborto inseguro es la causa del 8 al 11 % de las muertes maternas en todo el mundo. La Secretaría de Salud de Honduras informó que solo 1 de cada 23 muertes maternas ocurridas en el país en 2017 fue causada por un aborto, pero esa cifra podría ser más elevada debido a que la penalización obliga a muchas mujeres a ocultar el aborto. Diversas investigaciones demuestran que en países donde el aborto está penalizado, es frecuente que las muertes como consecuencia de abortos inseguros se atribuyan erróneamente a otras causas.
Todos los años, las noticias sobre mujeres sospechosas de haberse practicado un aborto ocupan los titulares. Una mujer cuyo caso se describe en el reporte, no sabía que estaba embarazada cuando fue al hospital con dolor intenso. Los médicos sospecharon que había intentado realizarse un aborto y llamaron a la policía. Se la llevaron del hospital esposada y está a la espera del juicio por cargos penales. Nadie ha sido condenado bajo los estatutos sobre aborto del Código Penal en los últimos tres años, según datos proporcionados a Human Rights Watch por el Ministerio Público, pero siete personas fueron acusadas de tener o practicar abortos y dos fueron detenidas.
La prohibición total del aborto hace que sea imposible saber cuántas mujeres y niñas se han practicado un aborto en Honduras. Según estimaciones de una organización no gubernamental hondureña, cada año se realizan entre 50.000 y 80.000 abortos. Investigaciones confiables indican que la existencia de leyes restrictivas y sanciones penales no disminuye la incidencia del aborto.
Diversos órganos especializados que interpretan el derecho internacional de los derechos humanos han establecido que negar a las mujeres y niñas el acceso al aborto constituye una forma de discriminación que atenta contra una multiplicidad de derechos humanos. El gobierno de Honduras debe reconocer que el acceso al aborto es un imperativo de derechos humanos y eliminar la prohibición, señaló Human Rights Watch.
“Las mujeres y niñas de todo el mundo siempre necesitarán tener acceso al aborto y la única opción que tendrán será desafiar las leyes que violan sus derechos reproductivos”, explicó Wurth. “Los responsables de políticas — desde Honduras hasta Alabama — deben reconocer que prohibir el aborto es una medida tan ineficaz como cruel”.
