El asesinato de defensores de derechos humanos y líderes comunitarios en Colombia no cesa, a pesar de que el gobierno sostiene lo contrario.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia ha confirmado 285 asesinatos de defensores de derechos humanos desde enero de 2016. Y el número total puede ser aún mayor, según la Defensoría del Pueblo.
Pero el gobierno pareciera querer bajarle el tono a esta crisis jugando con las cifras. A comienzos de mes, presentó un informe que señala que hubo una reducción del 32% en el número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados desde que el presidente Duque asumió en agosto de 2018.
Es probable que el presidente Duque reitere esta estadística en las reuniones con autoridades europeas que adelantará esta semana en Francia, el Reino Unido y Suiza. De hecho, este lunes la mencionó en una reunión con colombianos en Londres.
Pero estas cifras no reflejan la realidad. Hasta el mes pasado, la ONU había confirmado 60 asesinatos de defensores de derechos humanos cometidos entre agosto de 2018 y mayo de 2019. También había documentado 88 casos durante el mismo periodo de la presidencia de Santos, es decir, entre agosto de 2017 y mayo de 2018. Sobre esta base el gobierno argumenta que habría un descenso del 32% al comparar ambos gobiernos.
Pero el gobierno olvida que la oficina de la ONU aún está verificando 43 casos presuntamente ocurridos durante el gobierno actual, así como otros cuatro que habrían ocurrido durante el mismo período en el gobierno de Santos.
El 6 de junio, el consejero presidencial Francisco Barbosa trinó que los casos que aún no han sido verificados son solamente “hipótesis” y por lo tanto “no pueden incluirse” en el conteo. Si bien estos casos aún no han sido confirmados, al ignorarlos completamente, el gobierno llega a una conclusión prematura y errada.
Documentar estos casos lleva tiempo. Por lo tanto, la metodología del gobierno de incluir solo los casos confirmados puede generar la impresión de un “descenso”. Pero se trata de una imagen circunstancial, que no da cuenta del fenómeno completo, sobre todo cuando hay tantos casos aún por verificar. De hecho, en las últimas tres semanas, la cantidad de casos confirmados por la ONU durante los primeros nueve meses del gobierno Duque ya ha aumentado de 60 a al menos 65. Por lo tanto, la supuesta reducción que reclama el gobierno ya ha pasado del 32% al 26%.
Y a medida que se confirmen más casos, la reducción disminuirá aún más. En efecto, cerca del 60% de los asesinatos de defensores de derechos humanos reportados a la ONU desde enero de 2017 resultaron confirmados por ese organismo. Si ese porcentaje se mantiene, la cantidad de asesinatos de defensores de derechos humanos no se habrá reducido: de hecho, habría cerca del mismo número de casos, 90, durante los dos períodos comparados en el informe.
El reto es redoblar esfuerzos para enfrentar esta crisis, no para adornarla.
