Incitados por la ola de indignación pública ante la noticia de que menores en celdas de detención migratoria en Estados Unidos carecen de suficiente comida, agua y cuidado, los legisladores, tanto demócratas como republicanos, han asegurado que están buscando maneras de garantizar que lo que se vio la semana pasada en el centro de Clint, en Texas, no vuelva a suceder.
He aquí cuatro cosas que podemos pedirle al Congreso de EE.UU. que haga ahora mismo:
Acabar con la separación familiar. Sí, sigue sucediendo. El Congreso puede y debe exigir a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) que deje de separar a los menores de los padres y los miembros de la familia extendida como abuelas, tías y hermanos mayores, personas que en muchos casos son las encargadas de su cuidado.
El Congreso también debe insistir en que los organismos relevantes de EE.UU. aceleren drásticamente las reunificaciones familiares.
Asegurarse de que la financiación de la CBP y la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), que es responsable del cuidado a largo plazo de los niños no acompañados y de aquellos separados de sus familias, esté condicionada al cumplimiento por parte de los organismos de estrictos estándares de protección infantil.
Esto incluye imponer límites de tiempo para su detención en celdas de estaciones fronterizas. Y sí, eso implica la obligación de proveer cepillos de dientes, jabón, duchas y colchones para los niños mientras están detenidos en estas celdas.
Financiar alternativas a la detención basadas en la comunidad para los niños que no puedan ser ubicados de inmediato con miembros de su familia. Eso incluye arreglos de cuidado de acogida y pequeños hogares grupales para adolescentes con licencia estatal, con supervisión apropiada por parte de trabajadores sociales.
Convertir en ley las protecciones de los derechos del niño y asegurarse de que se cumpla la ley. La CBP y su agencia matriz, el Departamento de Seguridad Nacional, han tratado sistemáticamente sus propios estándares como órdenes judiciales opcionales y, en gran medida, las han ignorado. Acaban de proponer regulaciones que les concederían aún más discreción para detener a los niños indefinidamente en condiciones abusivas. Es imprescindible un estatuto sobre el papel y una forma de imponer su cumplimiento.
Sí, estas reformas cuestan dinero. Pero suponen un mejor uso de los fondos públicos que la cruel política de contención que los organismos gubernamentales están pagando ahora mismo: más de US$1 millón al día para administrar la mayor instalación de la ORR, en Homestead, Florida, e incluso más para el centro de detención a las afueras de Tornillo, Texas, hasta que cerró sus puertas en enero.
Cuando a esto le sumamos el costo que supone que los agentes de la Patrulla Fronteriza realicen tareas de cuidado infantil, así como el costo humano del trauma de la detención abusiva, puede que el enfoque humanitario sea también la opción económicamente más prudente.
