(Washington D.C.) – El gobierno de Trump debería sancionar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a otros altos funcionarios implicados en la brutal represión de las manifestaciones que empezaron en abril de 2018, señaló hoy Human Rights Watch.
El 10 de julio de 2019, el senador estadounidense Bob Menéndez, líder demócrata de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y el senador republicano Ted Cruz enviaron una carta al Secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, expresando preocupación por la persistencia de los abusos y la impunidad en Nicaragua. La feroz represión de manifestantes por miembros de la Policía Nacional nicaragüense y bandas fuertemente armadas partidarias del gobierno ha dejado más de 300 muertos y más de 2.000 heridos. Los senadores identificaron a nueve funcionarios nicaragüenses, entre ellos Ortega, a quienes, según sostienen, el gobierno estadounidense debería considerar imponerles sanciones.
“Ortega y otros altos funcionarios nicaragüenses creen que pueden cometer impunemente abusos aberrantes, sin enfrentar ninguna consecuencia”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “La imposición de nuevas sanciones por el gobierno de Estados Unidos es clave para redoblar la presión sobre las autoridades nicaragüenses para que pongan fin a los abusos y restablezcan las garantías básicas de derechos humanos en Nicaragua”.
En julio y noviembre de 2018, el Departamento del Tesoro de EE. UU. aplicó sanciones a cinco ciudadanos nicaragüenses implicados en la represión de manifestantes o en hechos de corrupción, en el marco de los Decretos Ejecutivos 13818 y 13851, respectivamente, que amplían la Ley Magnitsky sobre Rendición de Cuentas Global en Derechos Humanos (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act). La Ley Magnitsky Global permite que el presidente de EE. UU. bloquee o revoque visas o imponga sanciones patrimoniales a personas físicas o jurídicas extranjeras responsables de graves violaciones de derechos humanos o que sean cómplices en actos de “corrupción significativa”.
Entre los sancionados en 2018 se encuentran la vicepresidenta Rosario Murillo y el director de la Policía Nacional, Francisco Díaz. Díaz habría ejercido un control significativo sobre esta fuerza, primero cuando fue subdirector y luego en su cargo actual.
En diciembre, el Congreso adoptó la Ley sobre Derechos Humanos y contra la Corrupción en Nicaragua (Ley NICA), que habilita al Departamento del Tesoro a imponer sanciones individuales contra funcionarios actuales o exfuncionarios nicaragüenses o personas que actúen en nombre del gobierno, que sean responsables de violaciones de derechos humanos y hechos de corrupción. Las sanciones podrían incluir el congelamiento de bienes que se encuentran en Estados Unidos, la prohibición de ingreso al país y la revocación de visas estadounidenses.
La ley exige que el Departamento de Estado presente a diversas comisiones del Congreso un informe en el que se analice la participación de altos funcionarios nicaragüenses en violaciones de derechos humanos, corrupción y lavado de dinero en un plazo de seis meses, que vencía el 19 de junio. Cuando los senadores enviaron la carta, ese informe todavía no había sido presentado.
Los senadores Menéndez y Cruz pidieron al Departamento de Estado que su próximo informe incluyera información sobre el papel de las siguientes personas en violaciones de derechos humanos y hechos de corrupción:
- El Presidente Daniel Ortega, jefe supremo de la Policía Nacional, que cuenta con amplias facultades, incluidas las de “disponer” de la policía y destituir a jefes policiales cuando desobedezcan sus órdenes;
- La general retirada Aminta Granera, ex directora de la Policía Nacional, que encabezó la fuerza hasta ser reemplazada por Díaz;
- El general Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional, quien se desempeñó como máximo miembro de la Policía Nacional en Masaya, donde policías y bandas armadas partidarias del gobierno reprimieron ferozmente a manifestantes;
- El general Jaime Vanegas, inspector general de la Policía Nacional, que tiene la obligación, según la legislación de Nicaragua, de investigar presuntas violaciones de derechos por parte de policías y de sancionar a los responsables.
- El general Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ, también conocida como El Chipote), que es el “principal lugar” donde las autoridades sometieron a abusos aberrantes a personas que se manifestaron contra el gobierno, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oficina del ACNUDH);
- El general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), que tuvo un “papel central” en la represión en todo el país, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH);
- Julio Guillermo Orozco, director general del sistema penitenciario nacional;
- Darling Morales Duarte, directora del centro penitenciario Tipitapa “Jorge Navarro”, conocido como “La Modelo”; y
- Donald Pérez Gray, director del pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Modelo.
Un informe de Human Rights Watch publicado en junio, titulado “Brutal represión”, concluyó que muchos de los detenidos en el contexto de manifestaciones contra el gobierno habían sufrido graves abusos, que en algunos casos constituyeron torturas, como descargas eléctricas, violentas golpizas, asfixia, violación sexual y remoción de uñas. A algunos se les habría negado atención médica en instituciones de salud pública. Los procesos penales iniciados contra personas detenidas estuvieron plagados de graves violaciones a las garantías de debido proceso.
Según información disponible, ningún policía está siendo investigado por estos abusos. El presidente ha ascendido a altos funcionarios que tienen responsabilidad por los abusos, en vez de exigir que rindan cuentas por lo ocurrido. En junio entró en vigor una amplia ley de amnistía para delitos cometidos en el contexto de protestas contra el gobierno. Existe un enorme riesgo de que esta ley sea empleada para evitar que se juzgue a funcionarios responsables de graves abusos en el país, apuntó Human Rights Watch.
Según el Ministerio de Gobernación, entre febrero y el 10 de junio, se había liberado a 492 personas encarceladas en relación con manifestaciones contra el gobierno. Sin embargo, el 78 por ciento fue puesto en libertad condicional, manteniendo los cargos en su contra.
