(Washington D.C.) – La amenaza pública proferida por el presidente de Estados Unidos Donald Trump de atacar sitios iraníes de importancia cultural constituiría un crimen de guerra si tales acciones se concretan, señaló hoy Human Rights Watch. El gobierno estadounidense debería aclarar de inmediato que Estados Unidos cumplirá en todo momento con el derecho de guerra.
En el marco de las tensiones entre EE.UU. e Irán, Trump publicó un tuit el 4 de enero en el que, como advertencia a Irán, indicaba que EE.UU. había “identificado 52 sitios iraníes… algunos de muy alto nivel e importancia para Irán y la cultura iraní, y esos blancos e Irán mismo SERÁN GOLPEADOS DE FORMA MUY RÁPIDA Y MUY FUERTE”. La amenaza surgió tras el ataque estadounidense con drones perpetrado en Irak el 2 de enero de 2020 que provocó la muerte de Qassem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
“El presidente Trump debería rectificarse en forma pública de sus amenazas contra bienes culturales de Irán y dejar en claro que no autorizará ni ordenará crímenes de guerra”, expresó Andrea Prasow, directora interina para Washington de Human Rights Watch. “El Departamento de Defensa de EE. UU. debería ratificar en forma pública su compromiso de observar el derecho de guerra y cumplir únicamente órdenes militares lícitas”.
El derecho de guerra prohíbe los ataques deliberados contra objetivos civiles que no se usen para fines militares. Los bienes de importancia significativa para el patrimonio cultural de un pueblo no deben ser blanco de ataques. El artículo 53 del Protocolo I a los Convenios de Ginebra prohíbe expresamente los actos de hostilidad contra bienes culturales, lo que incluye que tales bienes se conviertan en blanco de represalias. El Manual de EE. UU. sobre el Derecho de Guerra (Law of War Manual), de 2016, que cuenta con numerosas disposiciones relativas a la protección de los bienes culturales, incorpora esta disposición al derecho estadounidense. Estados Unidos también es parte en el Convenio de La Haya para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado (1954), que prohíbe estos ataques en términos similares.
Conforme al derecho de guerra consuetudinario, se considera que las personas que ordenan o llevan a cabo ataques deliberados contra bienes civiles cometen crímenes de guerra. El artículo 85 del Protocolo I dispone expresamente que los ataques contra bienes culturales constituyen graves violaciones del convenio. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del que no son parte ni EE. UU. ni Irán, incluye entre los crímenes de guerra los ataques dirigidos deliberadamente contra edificios destinados a fines religiosos, educativos, artísticos, científicos o benéficos, o monumentos históricos que no sean objetivos militares.
La Ley de EE. UU. sobre Crímenes de Guerra establece la responsabilidad penal de ciudadanos estadounidenses, incluidos funcionarios y militares, que cometan crímenes de guerra. Conforme al derecho consuetudinario de guerra, todos los combatientes tienen la obligación de desobedecer una orden manifiestamente ilegítima.
Las amenazas de Trump contra el patrimonio cultural de Irán reflejan el desinterés más general de su gobierno por los derechos humanos en Irán y otros sitios, expresó Human Rights Watch. Las amplias sanciones que EE. UU. impuso tras el rechazo del acuerdo comercial nuclear con Irán, el denominado Plan de Acción Integral Conjunto, han contribuido a que los ciudadanos comunes de irán no puedan acceder a medicamentos básicos. Es probable que esta última amenaza de actuar contra tesoros culturales de Irán no haga más que reforzar la percepción de los iraníes de que EE. UU. tiene poco interés en su salud o bienestar.
“La amenaza de Trump de atacar el patrimonio cultural de Irán muestra su insensible desprecio por el Estado de derecho global”, apuntó Prasow. “Ya sea al rehusarse a condenar el cruento homicidio del disidente saudita Jamal Khashoggi o al indultar a criminales de guerra que habían sido condenados, Trump ha mostrado escaso respeto por los derechos humanos en la política exterior estadounidense”.
