(New York, 14 de enero de 2020) – El gobierno chino está desplegando un enérgico ataque contra el sistema global de protección de los derechos humanos, señaló hoy Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, al presentar el Informe Mundial 2020 de esa organización. Están en riesgo décadas de avances que han posibilitado que personas de todo el mundo hablen con libertad, vivan sin temor al encarcelamiento arbitrario y la tortura, y ejerzan otros derechos humanos, advirtió Roth.
Dentro del país, el gobierno chino ha creado un estado de vigilancia omnipresente con el fin de lograr un control social absoluto. En la actualidad usa su influencia económica y diplomática para evadir acciones internacionales fuera de sus fronteras que reclaman que rinda cuentas por la represión. A fin de preservar el sistema internacional de derechos humanos como mecanismo efectivo para contrarrestar la represión, los gobiernos deberían cerrar filas ante los ataques de Pekín.
“Hace mucho que Pekín reprime a los críticos en el país”, explicó Roth. “Ahora el gobierno chino intenta extender esa censura al resto del mundo. Para proteger el futuro de todos, los gobiernos deben actuar juntos y oponer resistencia al embate de Pekín sobre el sistema internacional de derechos humanos”.
En la 30.a edición del Informe Mundial 2020, de 652 páginas, Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en casi 100 países. Roth destacó muchas otras amenazas a los derechos humanos en todo el mundo, como en Siria y Yemen, donde fuerzas gubernamentales de Siria, Rusia y la coalición encabezada por Arabia Saudita violan de manera flagrante normas internacionales cuyo propósito es proteger a la población civil, como la prohibición de atacar a civiles y bombardear hospitales.
El contexto hostil para los derechos humanos facilita el ataque del gobierno chino. Un número creciente de gobiernos que antes era esperable que promovieran los derechos humanos en su política exterior, al menos a veces, ahora tienen líderes que no están dispuestos a hacerlo, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y los populistas autocráticos que llegan al gobierno demonizando a minorías y se mantienen en el poder eliminando a periodistas, jueces y activistas independientes, rechazan el mismo conjunto de normas internacionales de derechos humanos que ataca el gobierno chino.
Muchas personas en China, al igual que en otros sitios, aspiran al derecho a vivir con libertad y dignidad, apuntó Roth. Sin embargo, el gobierno del presidente Xi Jinping está supervisando la opresión más feroz y total que se haya visto en China en décadas.
Las autoridades han clausurado organizaciones cívicas, silenciado al periodismo independiente y cercenado gravemente el diálogo en línea. Están avasallando significativamente las libertades limitadas de Hong Kong en el marco del concepto “un país, dos sistemas”. Y en Xinjiang, las autoridades han construido un sistema nefasto de vigilancia para controlar a millones de uigures y otros musulmanes túrquicos, incluida la detención de más de un millón de personas con fines de adoctrinamiento político forzoso.
Pekín ha empleado la tecnología como elemento central para la represión, señaló Roth, y lleva a cabo intromisiones masivas en la privacidad de las personas mediante herramientas como la obtención forzosa de muestras de ADN, para luego recurrir al análisis de megadatos y la inteligencia artificial para perfeccionar sus mecanismos de control. El objetivo es diseñar una sociedad en la que no haya disenso.
Con el fin de eludir el repudio global ante la apabullante represión en el país, el gobierno chino ha intensificado los esfuerzos para debilitar instituciones internacionales cuya misión es proteger los derechos humanos. China intimida a otros gobiernos, por ejemplo, al amenazar reiteradamente a otros Estados Miembros de las Naciones Unidas para preservar su imagen y desviar cualquier discusión de los abusos que comete.
El gobierno chino corteja y, a su vez, es cortejado por gobiernos, empresas e incluso instituciones académicas que supuestamente apoyan los derechos humanos, pero en realidad priorizan el acceso a la riqueza de China. Saben que oponerse públicamente a la represión de Pekín opera en detrimento de tener una posibilidad en el mercado chino –el 16 % de la economía mundial–, tal como lo comprobó rápidamente la Asociación Nacional de Baloncesto de EE. UU. luego de un tuit publicado por su gerente general.
Las autoridades chinas no han enfrentado demasiadas consecuencias por parte de los países que supuestamente defienden los derechos humanos. A la Unión Europea, distraída con el Brexit, obstruida por Estados Miembros nacionalistas y dividida por temas de migración, le ha resultado difícil adoptar una voz común y firme sobre la situación de los derechos humanos en China, si bien en algunas ocasiones algunos gobiernos europeos se han pronunciado de manera crítica sobre el tema. Trump ha acogido favorablemente a Xi, pese a que el gobierno estadounidense ha impuesto sanciones por violaciones de derechos humanos a la Oficina de Seguridad Pública de Xinjiang y a ocho empresas tecnológicas chinas.
Hacer frente al desafío de defender al mundo de los ataques directos de Pekín requiere de una respuesta sin precedentes por parte de aquellos que reconocen la importancia de las personas y de sus derechos humanos. Al actuar juntos, los gobiernos podrían desarticular la estrategia de “dividir y vencer” que emplea Pekín, propuso Roth.
Por ejemplo, si la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) se pronunciara contra la represión de musulmanes en Xinjiang, como lo hizo con los musulmanes rohinyás perseguidos en Myanmar, entonces Pekín enfrentaría una presión que sí lo afecta.
Los gobiernos y las instituciones financieras internacionales deben ofrecer alternativas atractivas, que respeten los derechos, frente a los préstamos “sin ataduras” y la asistencia para el desarrollo que propone China. Las empresas y universidades deberían redactar y promover códigos de conducta para tratar con China, es decir, sólidas normas comunes que harían más difícil que Pekín pueda tomar represalias contra quienes defienden derechos y libertades básicas. Los líderes comprometidos con los derechos humanos deberían imponer un debate sobre Pekín en el Consejo de Seguridad de la ONU para que los funcionarios chinos entiendan que no conseguirán la respetabilidad que desean si persiguen a las personas.
“Salvo que quisiéramos regresar a la época en que las personas eran peones que podían manipularse y descartarse según los deseos de sus señores, se debe oponer resistencia al ataque del gobierno chino a nuestros derechos”, manifestó Roth. “Están en riesgo décadas de avances en materia de derechos humanos y, por tanto, nuestro futuro”.
Las autoridades han clausurado organizaciones cívicas, silenciado al periodismo independiente y cercenado gravemente el diálogo en línea. Están avasallando significativamente las libertades limitadas de Hong Kong en el marco del concepto “un país, dos sistemas”. Y en Xinjiang, las autoridades han construido un sistema nefasto de vigilancia para controlar a millones de uigures y otros musulmanes túrquicos, incluida la detención de más de un millón de personas con fines de adoctrinamiento político forzoso.
Pekín ha empleado la tecnología como elemento central para la represión, señaló Roth, y lleva a cabo intromisiones masivas en la privacidad de las personas mediante herramientas como la obtención forzosa de muestras de ADN, para luego recurrir al análisis de megadatos y la inteligencia artificial para perfeccionar sus mecanismos de control. El objetivo es diseñar una sociedad en la que no haya disenso.
Con el fin de eludir el repudio global ante la apabullante represión en el país, el gobierno chino ha intensificado los esfuerzos para debilitar instituciones internacionales cuya misión es proteger los derechos humanos. China intimida a otros gobiernos, por ejemplo, al amenazar reiteradamente a otros Estados Miembros de las Naciones Unidas para preservar su imagen y desviar cualquier discusión de los abusos que comete.
El gobierno chino corteja y, a su vez, es cortejado por gobiernos, empresas e incluso instituciones académicas que supuestamente apoyan los derechos humanos, pero en realidad priorizan el acceso a la riqueza de China. Saben que oponerse públicamente a la represión de Pekín opera en detrimento de tener una posibilidad en el mercado chino –el 16 % de la economía mundial–, tal como lo comprobó rápidamente la Asociación Nacional de Baloncesto de EE. UU. luego de un tuit publicado por su gerente general.
Las autoridades chinas no han enfrentado demasiadas consecuencias por parte de los países que supuestamente defienden los derechos humanos. A la Unión Europea, distraída con el Brexit, obstruida por Estados Miembros nacionalistas y dividida por temas de migración, le ha resultado difícil adoptar una voz común y firme sobre la situación de los derechos humanos en China, si bien en algunas ocasiones algunos gobiernos europeos se han pronunciado de manera crítica sobre el tema. Trump ha acogido favorablemente a Xi, pese a que el gobierno estadounidense ha impuesto sanciones por violaciones de derechos humanos a la Oficina de Seguridad Pública de Xinjiang y a ocho empresas tecnológicas chinas.
Hacer frente al desafío de defender al mundo de los ataques directos de Pekín requiere de una respuesta sin precedentes por parte de aquellos que reconocen la importancia de las personas y de sus derechos humanos. Al actuar juntos, los gobiernos podrían desarticular la estrategia de “dividir y vencer” que emplea Pekín, propuso Roth.
Por ejemplo, si la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) se pronunciara contra la represión de musulmanes en Xinjiang, como lo hizo con los musulmanes rohinyás perseguidos en Myanmar, entonces Pekín enfrentaría una presión que sí lo afecta.
Los gobiernos y las instituciones financieras internacionales deben ofrecer alternativas atractivas, que respeten los derechos, frente a los préstamos “sin ataduras” y la asistencia para el desarrollo que propone China. Las empresas y universidades deberían redactar y promover códigos de conducta para tratar con China, es decir, sólidas normas comunes que harían más difícil que Pekín pueda tomar represalias contra quienes defienden derechos y libertades básicas. Los líderes comprometidos con los derechos humanos deberían imponer un debate sobre Pekín en el Consejo de Seguridad de la ONU para que los funcionarios chinos entiendan que no conseguirán la respetabilidad que desean si persiguen a las personas.
“Salvo que quisiéramos regresar a la época en que las personas eran peones que podían manipularse y descartarse según los deseos de sus señores, se debe oponer resistencia al ataque del gobierno chino a nuestros derechos”, manifestó Roth. “Están en riesgo décadas de avances en materia de derechos humanos y, por tanto, nuestro futuro”.
