(Ginebra) – Los gobiernos deberían comprometerse a no usar armas explosivas con efectos de amplio alcance en ciudades y poblados, señaló hoy Human Rights Watch.
En un encuentro diplomático que tendrá lugar en Ginebra el 10 de febrero de 2020, se debería apoyar una declaración política que contribuya a proteger de estas armas a los civiles en zonas pobladas. Human Rights Watch y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard presentaron un análisis de los elementos preliminares de la declaración al encuentro.
“Los gobiernos deberían reconocer las consecuencias devastadoras que tienen las armas explosivas para los civiles en ciudades, poblados y aldeas”, expresó Richard Weir, investigador sobre crisis y conflictos de Human Rights Watch. “Se requiere con urgencia un compromiso común para que no se usen estas armas indiscriminadas en zonas pobladas”.
Las investigaciones realizadas en la última década por Human Rights Watch sobre las consecuencias de las armas explosivas que afectan áreas extensas en zonas pobladas muestran el fuerte impacto que tienen para los civiles. Esto pone de manifiesto la necesidad de una declaración política firme para evitar su uso y formular mejores prácticas.
Las armas explosivas con efectos de amplio alcance incluyen aquellas que producen un área de onda expansiva extensa o que desperdigan esquirlas. También incluyen algunas bombas arrojadas desde el aire; armas con municiones múltiples que saturan una zona extensa, como los cohetes Grad y armas con un grado de precisión tan bajo que no es posible definir un objetivo eficazmente, como las “bombas de barril”. Todas estas armas deberían quedar alcanzadas por la declaración internacional propuesta.
Debido al daño indiscriminado previsible que estas armas causan a los civiles, en la declaración se debería establecer que su uso debe evitarse en zonas pobladas, explicó Human Rights Watch.
Las armas con efectos de amplio alcance han causado daños devastadores a civiles y bienes de carácter civil. Los conflictos se desarrollan cada vez más en zonas urbanas exponiendo a millones de civiles en riesgo por estas armas, y provocando decenas de miles de muertos y heridos en sitios como Siria, Afganistán y Yemen.
Human Rights Watch documenta desde hace tiempo el uso ilegal de armas explosivas tanto por fuerzas armadas gubernamentales como grupos armados no estatales en numerosos conflictos armados. La organización no gubernamental Action on Armed Violence (AOAV) concluyó que en casi cada año de la última década, los civiles sufrieron el 90 % de los daños cuando se usaron armas explosivas en zonas pobladas.
Las armas explosivas con efectos de amplio alcance con frecuencia dañan o destruyen la infraestructura civil como puentes, acueductos, centrales eléctricas, hospitales y escuelas, impactando a su vez otros servicios esenciales. Su uso en zonas pobladas obliga a las personas a huir de sus hogares, lo cual exacerba las necesidades humanitarias.
Los países que asistan al encuentro en Ginebra deberían formular y apoyar una declaración política contundente que reconozca los daños causados por el uso de armas explosivas con efectos de amplio alcance y plasme un compromiso de evitar su uso en zonas pobladas. La declaración debería contribuir a aclarar el derecho internacional humanitario estableciendo la presunción contra el uso de estas armas en zonas pobladas, tal como lo han propuesto Human Rights Watch y otras organizaciones.
En la declaración, los países deberían comprometerse a formular y, cuando corresponda, revisar las leyes, políticas y la doctrina militar pertinentes. Los países también deberían manifestar el compromiso de asistir a víctimas de las armas explosivas, por ejemplo, brindando atención médica y apoyo psicosocial, y asegurando la inclusión socioeconómica. Deberían apoyar los esfuerzos de reconstrucción, resarcir oportunamente a las personas cuando ocurran violaciones del derecho de guerra y, cuando resulte posible, brindar pagos graciables en casos de muerte, lesiones y daños materiales. También debería orientarse asistencia específicamente a las personas con discapacidad. Asimismo, los países deberían adoptar el compromiso de reunir e intercambiar prácticas positivas y datos desagregados, sobre todo para el seguimiento de víctimas civiles y otros daños causados por las armas explosivas, como así también intercambiar sus prácticas durante reuniones periódicas.
Si bien los elementos preliminares de la declaración política que se divulgaron hace poco representan un sólido punto de partida para el debate, un análisis de Human Rights Watch y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard identificó aspectos que deberían modificarse para mejorar la protección de los civiles. La declaración debería articular un compromiso de “evitar el uso de armas explosivas con efectos de gran alcance en zonas pobladas”, y establecer una presunción inequívoca de que su uso es inaceptable en razón de la previsibilidad del daño indiscriminado que causarían. Asimismo, la declaración debería reforzar y precisar el compromiso de asistir a las víctimas. Debería poner mayor énfasis en los efectos de reverberación que tienen las armas explosivas en las zonas pobladas, fortalecer los compromisos sobre recopilación e intercambio de datos y establecer un marco para la celebración de reuniones periódicas de seguimiento.
El derecho internacional humanitario, o el derecho de la guerra, prohíbe el uso de armas y los ataques que provoquen daños indiscriminados o desproporcionados a civiles y bienes de carácter civil, y exige que las partes adopten todas las precauciones a su alcance para reducir al mínimo el daño a los civiles. Si bien no hay una prohibición específica contra el uso de las armas explosivas en las zonas pobladas, algunas armas podrían ser ilegales, en particular aquellas cuyos efectos no pueden limitarse adecuadamente. Se han prohibido de lleno dos tipos de armas explosivas –las minas terrestres antipersonales y las municiones en racimo– debido a sus efectos absolutamente indiscriminados para los civiles.
Las declaraciones políticas comprometen a los países a lograr una serie de metas consensuadas. Si bien no tienen carácter jurídicamente vinculante, estos compromisos tienen gran significancia pues estipulan normas de conducta y pueden contribuir a aclarar el derecho internacional vigente. Por ejemplo, la Declaración sobre Escuelas Seguras de 2015, a la que 101 países han dado su respaldo, procura restringir el uso militar de las escuelas y asegurar que los niños sigan escolarizados durante los conflictos.
Human Rights Watch y la Red Internacional contra las Armas Explosivas (International Network on Explosive Weapons, INEW), de la cual HRW es una de las organizaciones fundadoras, han trabajado desde 2011 para que se impongan restricciones al uso de estas armas, y han instado a que se tomen “medidas inmediatas para prevenir el padecimiento humano que provoca el uso de armas explosivas en zonas pobladas”.
“Esta última década ha quedado al descubierto no solo la destrucción que provocan las armas explosivas con efectos de amplio alcance en las zonas pobladas, sino además el horror que causa su uso, sin excepción”, apuntó Weir. “Los países deberían ponerse de acuerdo sobre cómo mejorar la protección de los civiles frente a los efectos devastadores de estas armas”.
Las armas explosivas y una década de destrucción
Human Rights Watch documenta desde hace tiempo el uso extensivo, en numerosos contextos de conflicto armado, de armas explosivas con efectos de amplio alcance en zonas pobladas. En muchos casos, esto ha implicado violaciones del derecho de guerra que constituyeron crímenes de guerra. Tanto fuerzas armadas gubernamentales como grupos armados no estatales emplean armas explosivas con efectos de amplio alcance en zonas pobladas, con consecuencias devastadoras para la población civil. Los ejemplos de la última década que se presentan a continuación ofrecen una aproximación a esta práctica y a sus consecuencias para los civiles. No representan la totalidad de las entidades que usan tales armas ni tampoco todos los supuestos de uso.
A lo largo de los últimos diez años, ha cobrado impulso la posibilidad de una declaración política sobre el uso de armas explosivas en zonas pobladas. En 2015, Austria convocó a un encuentro sobre el tema al cual asistieron numerosos países y organizaciones no gubernamentales, entre ellas Human Rights Watch. Se llevaron a cabo dos reuniones regionales, una con países africanos y otra con países latinoamericanos y caribeños. En noviembre de 2018, 50 países firmaron ante la Asamblea General de las Naciones Unidas una contundente declaración conjunta, sin precedentes hasta el momento, sobre la necesidad de una declaración política que limite el uso de estas armas en zonas pobladas.
En septiembre de 2019, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, emitieron una declaración conjunta en apoyo a una declaración política e instaron a que se formulen estándares y políticas para abordar el uso de las armas explosivas en las zonas pobladas.
Durante una conferencia que tuvo lugar en octubre de 2019 en Viena, Austria inició un proceso de trabajo tendiente a formular una nueva declaración política. Participaron 133 países y la gran mayoría de los que expusieron manifestaron su apoyo. Irlanda inició consultas diplomáticas sobre una declaración política el mes siguiente en Ginebra. En la reunión del 10 de febrero, los países se expresarán sobre un borrador que se dio a conocer recientemente, que contiene algunos elementos de la declaración. Luego de consultas adicionales, el objetivo de Irlanda es finalizar el texto y abrirlo para su respaldo en mayo o junio.
Armas explosivas y víctimas civiles
Las armas explosivas con efectos de amplio alcance pueden tener un extenso radio de destrucción, carecer de precisión o lanzar múltiples municiones al mismo tiempo, y así causar altos niveles de daños a civiles. A menudo, un arma puede encuadrarse en dos de estas categorías. Por ejemplo, los misiles no teledirigidos y la artillería de gran calibre podrían ser poco precisos y generar onda de choque y fragmentos en zonas extensas.
Armas con un gran radio de destrucción
Muchas de las armas explosivas tienen efectos de amplio alcance como resultado de su diseño o forma de uso, y a menudo generan un amplio radio de onda expansiva o dispersan esquirlas en áreas extensas. Entre esas se incluyen distintos tipos de armas, como las armas lanzadas desde el aire, algunos proyectiles y la artillería de gran calibre. Las armas lanzadas desde el aire que producen una extensa onda expansiva letal o desperdigan esquirlas por lo general están asociadas con altos niveles de daños a la población civil. Human Rights Watch ha documentado el uso generalizado de estas armas en Siria, Irak, Yemen, Israel/Palestina y Sudán, entre otros países. Con independencia de si estas armas son dirigidas, su tamaño puede generar onda expansiva y esquirlas que afectan gravemente a civiles y estructuras civiles, incluso cuando el lanzamiento no estuvo directamente dirigido a estas.
El gobierno sirio y el ruso y miembros de la coalición encabezada por Estados Unidos han usado armas lanzadas desde el aire durante el conflicto sirio, y esto tuvo como consecuencia numerosas víctimas civiles y daños materiales. AOAV, que recopila datos sobre incidentes a través de informes publicados en medios en lengua inglesa, determinó que las armas lanzadas desde el aire provocaron el 45 % de todas víctimas civiles en Siria entre 2011 y 2018.
En diciembre de 2019, la organización concluyó que Siria era el país más afectado por armas explosivas, y las estadísticas indicaban que el 74 % de las 617 víctimas civiles habían sido causadas por fuerzas gubernamentales y el 55 % por ataques aéreos. Según señala la ONU, desde abril de 2019, los ataques aéreos en la gobernación de Idlib realizados por la alianza militar sirio-rusa han causado la muerte de más de 1500 civiles. Una serie de ataques presuntamente ilegales que documentó Human Rights Watch en mayo de 2019 alcanzaron a dos viviendas y provocaron la muerte de 10 civiles, incluidos 4 niños. Estos ataques pusieron de manifiesto el poder de destrucción de las armas grandes lanzadas desde el aire. Un testigo dijo al respecto:
Estábamos sentados dentro. De repente, hubo algo, una presión que nos sacudió. Se cayeron las ventanas. Se abrieron las puertas. Volaron vidrios por todos lados. Fue espantoso. El segundo ataque, aproximadamente un minuto o un minuto y 15 segundos después, fue similar: estás sentado y de un momento a otro oyes la explosión, sin haber oído los aviones de guerra ni las municiones; no oyes nada, salvo la explosión. El tercer ataque ocurrió un minuto más tarde. También el cuarto; entre cada ataque y el siguiente pasó un minuto o menos. Fue un día nefasto. No lo oyes. No puedes darte cuenta de si va a golpearte o no. De repente, salen llamas y hay piedras volando desde todos lados.
El uso de grandes municiones arrojadas desde el cielo por la coalición encabezada por EE. UU. en el noreste de Siria también hirió y mató a civiles que quedaban en el lugar durante la campaña para expulsar a Estado Islámico (también conocido como EI) del territorio, al tiempo que se provocaron graves daños a la infraestructura civil. El combate en la gobernación de Raqa fue una de las operaciones más intensas que llevó a cabo la coalición, y Human Rights Watch documentó numerosos ataques aéreos que dieron lugar a daños civiles significativos.
Las fuerzas israelíes también han usado en varias oportunidades municiones arrojadas desde el aire en numerosas operaciones en Gaza. Durante la campaña aérea y terrestre de 51 días que realizó en 2014, Israel lanzó más de 6000 ataques aéreos y disparó decenas de miles de proyectiles de tanques y artillería, conforme indica la ONU. En total, más de 1462 civiles palestinos fueron asesinados. Human Rights Watch documentó una serie de ataques aéreos presuntamente ilegales, ocurridos durante el operativo, que impactaron en estructuras claramente civiles, muchas de ellas en zonas pobladas. En uno de los ataques fallecieron una mujer embarazada de siete meses, Amal Abed Ghafour, y su hija de un año. En el hecho también resultaron heridos su esposo y su hijo de tres años. La familia vivía frente a un edificio de departamentos que fue alcanzado por varios misiles, señalaron testigos.
En Afganistán, casi dos décadas de conflicto entre las fuerzas estadounidenses y afganas y los talibanes y otros grupos armados han provocado considerables daños a civiles, incluidas víctimas, destrucción material e impacto en la salud mental de la población. El número creciente de víctimas civiles de los ataques aéreos y con artillería de las fuerzas estadounidenses e internacionales empezó a revertirse con la imposición de “directivas tácticas” que se emitieron para abordar la cuestión de las víctimas civiles desde 2007 y que, como consecuencia, restringieron el uso de armas explosivas en zonas pobladas. No obstante, estas restricciones al parecer se han flexibilizado en los últimos años, y esto ha conllevado un incremento estrepitoso de las víctimas civiles provocadas por ataques aéreos del gobierno estadounidense y afgano. En uno de estos ataques aéreos ocurridos en 2017, Human Rights Watch documentó la muerte de nueve personas por efecto de un drone estadounidense, luego de que las fuerzas del gobierno afgano atacaran a combatientes afiliados a EI en la provincia de Khorasan. Un testigo, que en el ataque aéreo sufrió la pérdida de su madre, su hermana y su cuñada, dijo sobre esto:
Había un velorio y [la gente] se había acercado a dar sus condolencias a la familia… Cuando cayó la bomba, mi hermana y mi madre estaban entrando por el portón y mi cuñada se encontraba cerca. Su automóvil quedó enterrado hasta la mitad en un pozo. La casa estaba en medio de dos sitios donde había combates, a una distancia de algo de 200 metros de cada uno. Los ataques aéreos afectaron la casa y el automóvil.
Miles de civiles también han muerto y sufrido heridas producto de ataques de insurgentes perpetrados con grandes armas explosivas, como artefactos explosivos improvisados, en muchos casos ejecutados por los talibanes en Kabul. Las muertes provocadas por operaciones de los gobiernos de EE. UU. y Afganistán superaron a las causadas por los talibanes por primera vez en la primera mitad de 2019, en gran parte debido al drástico aumento de los ataques aéreos estadounidenses.
Armas y sistemas de armas imprecisos
Varios tipos de armas y sistemas vectores de armas, tanto fabricados como improvisados, son, por naturaleza, difíciles de usar en áreas pobladas sin que presenten un riesgo significativo de ataque indiscriminado. Las armas tales como morteros, artillería y misiles, cuando disparan municiones no teledirigidas, son sistemas esencialmente imprecisos. En algunos casos, las fuerzas armadas pueden compensar esto observando los impactos y haciendo ajustes, pero los impactos iniciales y el área relativamente grande sobre la que podrían caer, independientemente de los ajustes, hacen que no sean aptas para utilizarse en áreas pobladas. Las municiones improvisadas, como las bombas de barril, y los misiles no teledirigidos lanzados desde tierra o desde el aire, son esencialmente imprecisos. Esta falta de precisión puede hacer que sea prácticamente imposible distinguir entre civiles y combatientes durante un ataque en una zona poblada.
En Yemen, los bombardeos con artillería y morteros por parte de fuerzas del gobierno y del grupo armado hutí han provocado numerosas muertes en las ciudades más grandes del país. En una ola de ataques ocurrida en mayo de 2017, Human Rights Watch documentó 7 ataques perpetrados por fuerzas hutíes y afiliadas al gobierno, en los que murieron al menos 12 civiles, entre ellos 4 niños, y 29 resultaron heridos, incluidos 10 niños. Los ataques ocurrieron a cientos de metros de los frentes y otros objetivos militares, e impactaron en vecindarios residenciales, un mercado y un puesto de frutas.
En Sudán del Sur, el uso de morteros y artillería por parte de fuerzas gubernamentales y de oposición en zonas densamente pobladas, en 2016, provocó numerosas muertes durante los combates en los alrededores de Yuba. Tanto las fuerzas gubernamentales como las de oposición dispararon artillería y morteros a emplazamientos de protección de civiles establecidos por la ONU o sobre dichos espacios, y algunos de los proyectiles cayeron en un campamento donde se albergaban cerca de 30 000 desplazados internos. Otro proyectil cayó y provocó daños en una clínica operada por la ONG internacional médica International Medical Corps.
Human Rights Watch y otros actores han documentado numerosos casos de muertes y daños a civiles por el uso generalizado de bombas de barril por parte de los gobiernos sirio, iraquí y sudanés. Estas bombas improvisadas son armas altamente explosivas y no dirigidas, que se producen a bajo costo a nivel local, generalmente usando barriles de petróleo, tubos de gas y tanques de agua que se rellenan con explosivos y chatarra para potenciar la fragmentación, y luego se arrojan desde helicópteros a gran altitud.
Los efectos devastadores de estas armas fueron observador por Marwan, de 15 años, en Anadan, en la provincia de Alepo en Siria, el 14 de junio de 2014, cuando una bomba de barril cayó sobre un mercado. Dijo sobre ese suceso:
No recuerdo nada excepto que desperté y vi personas muertas. Un edificio de dos pisos se desplomó sobre mí y había personas sacándome de los escombros... Vi a varias personas tendidas en el piso. Luego me dijeron en [el hospital en Turquía en] Kilis que habían muerto 20 personas y otras 16 resultaron heridos.
Entre el 22 de febrero de 2014 y el 25 de enero de 2015, Human Rights Watch identificó más de 1000 áreas de amplio impacto con marcas de daños que indican la detonación de municiones grandes arrojadas desde el aire, incluidas bombas de barril improvisadas y bombas convencionales arrojadas desde helicópteros. También es posible que en varios casos se hayan usado proyectiles, misiles y bombas de aire combustible.
Human Rights Watch también documentó el uso de las llamadas municiones improvisadas asistidas por misiles (improvised rocket assisted munitions, IRAM) por parte de la División de Respuesta a Emergencias y la Policía Federal de Irak durante el combate para recuperar Mosul del control de EI. En los vehículos o receptáculos de lanzamiento, las municiones no tenían una mira visible ni un sistema para ajustar la dirección del arma, que habrían permitido cambiar la posición del arma para impactar en un blanco específico. En consecuencia, era imposible intentar apuntar los proyectiles con precisión.
Grupos armados de oposición en Siria también han utilizado artillería improvisada a la que localmente se refieren con el nombre de “cañón del infierno” — un motor de proyectil acondicionado con un cartucho de gas relleno de explosivos— y otros proyectiles de producción local para bombardear las ciudades de Al-Zahraa y Nubul en la zona rural de Alepo, en lo que al parecer habrían sido ataques indiscriminados.
Durante la última década, Hamás y otros grupos armados en Gaza han lanzado miles de misiles no teledirigidos en dirección a centros con población civil en Israel, incluida la segunda ciudad más grande, Tel Aviv, que hirieron y mataron a civiles y provocaron daños en estructuras civiles. Estos misiles esencialmente imprecisos también han matado y herido a civiles dentro de Gaza, incluso en fechas tan recientes como noviembre.
Armas de municiones múltiples
Las armas explosivas diseñadas para lanzar municiones múltiples con el fin de afectar a un área extensa, como los lanzacohetes multi-barril (multi-barrel rocket launchers, MBRL) que tienen por objeto saturar un área extensa, generan especial preocupación. Un ejemplo son los proyectiles Grad de diseño ruso, y sus características explican por qué resultan tan preocupantes. Desde su punto de mira, el proyectil podría caer en cualquier parte dentro de un rectángulo de aproximadamente 54 000 metros cuadrados. Human Rights Watch ha documentado el uso de estas armas en numerosos conflictos durante la última década en zonas pobladas, que han matado y herido a civiles y destruido infraestructura civil.
En el este de Ucrania, fuerzas gubernamentales y separatistas apoyadas por Rusia utilizan proyectiles Grad desde 2014, que han matado y herido a numerosos civiles. El impacto indiscriminado de estas armas se documentó en un ataque muy probablemente perpetrado por fuerzas del gobierno ucraniano en un vecindario del distrito de Petrovsky. Aparentemente, fuerzas del gobierno ucraniano lanzaron múltiples misiles cuyo impacto generó 19 cráteres en una superficie de 600 metros de ancho, incluso en jardines y viviendas. Una mujer de 62 años dijo:
Estaba en mi habitación cuando escuché un sonido sibilante. Las paredes y las ventanas comenzaron a temblar y a continuación se sintieron muchas explosiones fuertes. Mi hijo estaba en la cocina. Vino corriendo cuando comenzó el ataque, probablemente con la intención de salvarme, pero esquirlas le impactaron en la pierna. ¿Qué puede haber aquí que quisieran atacar? No hay fábricas aquí, no hay combatientes, solo casas pobres.
Un ataque ocurrido en enero de 2015 en zonas de Mariupol controladas por el gobierno mató al menos a 29 civiles y a un militar, e hirió a otros 90 civiles. Las investigaciones realizadas por Human Rights Watch en el lugar indicaron que los proyectiles se dispararon desde el territorio en dirección al este, donde el control lo tienen grupos armados respaldados por Rusia. Human Rights Watch encontró 31 cráteres producidos por impactos de proyectiles Grad en el suelo y en edificios, incluida una escuela. Un testigo señaló:
Había cuerpos sin vida tendidos en el mercado. Vi un cuerpo, luego otro. El tercer cuerpo que vi era el de una niña que trabajaba en la tienda de ropa usada. Tenía la cabeza aplastada. Un proyectil cayó justo sobre el mercado y lo destruyó. Afortunadamente, no había alumnos en la escuela cuando cayó el proyectil. De lo contrario, habrían muerto decenas de niños aquí.
Consecuencias a largo plazo y “de reverberación” para los civiles
El uso de armas explosivas en zonas pobladas tiene efectos que van más allá de las muertes inmediatas. Parte del riesgo inherente de las armas explosivas con efectos de amplio alcance en zonas poblabas es el impacto desproporcionado sobre edificios e infraestructura civiles. Las armas suelen dañar y destruir viviendas, negocios e infraestructura como centrales eléctricas, hospitales, sistemas de saneamiento y escuelas. Cuando los establecimientos de salud y saneamiento sufren daños o se destruyen, el riesgo de enfermedades infecciosas puede aumentar significativamente. La destrucción de centrales eléctricas puede afectar el suministro de agua. El daño a establecimientos educativos tiene consecuencias duraderas para los niños que se ven obligados a suspender o abandonar su educación, y el efecto negativo de esto es mayor para las niñas.
Las consecuencias de reverberación que tienen los daños en los servicios esenciales pueden afectar desproporcionadamente a mujeres y poblaciones vulnerables, como niños, personas mayores y personas con discapacidad.
Estos factores obligan a muchos civiles a huir de sus casas, pueblos o ciudades. Las personas con discapacidad tienen mayor riesgo de sufrir perjuicios porque es probable que no puedan huir. El desplazamiento, tanto interno como transnacional, aumenta el riesgo de exposición a muchísimos otros factores, como, entre otros, la pérdida de acceso a agua, la atención médica y el saneamiento. Esto puede afectar a mujeres y niñas de manera desproporcionada, debido a que suelen ser las que se ocupan de juntar agua, a las necesidades médicas de las mujeres embarazadas y a los obstáculos para el manejo de la higiene menstrual. La huida también aumenta el riesgo de violencia, incluida la violencia sexual, trata de personas, matrimonio infantil y la explotación que afecta mucho más a mujeres y niñas. Las personas con discapacidad que llegan a lugares para desplazados internos o refugiados suelen enfrentar dificultades para acceder a alimentos, saneamiento y asistencia médica.
El uso de estas armas suele contaminar las áreas atacadas con municiones que no explotan según lo previsto (los llamados restos explosivos de guerra), y esto aumenta el peligro para los civiles que se quedan en el lugar o intentan regresar. Los niños y las niñas son especialmente vulnerables a los restos explosivos de guerra.
Las lesiones físicas y los riesgos relacionados con estas armas se ven potenciados por el daño psicológico asociado con la violencia y la pérdida que las armas explosivas infligen sobre los civiles, que también afectan particularmente a los niños.
Estas consecuencias se han observado en numerosos países en la última década, como Siria, donde Human Rights Watch y otros actores han documentado una vasta destrucción de la infraestructura civil. Gran parte de la infraestructura destruida era para uso civil —no militar— y no debería haber sido atacada conforme al derecho de guerra. El gobierno sirio, con el apoyo de sus aliados —Rusia, Irán y Hizbulá– llevaron a cabo cientos de ataques selectivos e indiscriminados contra escuelas y hospitales, a menudo sin que hubiera ningún objetivo militar en las cercanías, o que causaron daño desproporcionado a civiles. Tras las miles de municiones utilizadas por la coalición encabezada por Estados Unidos en sus ataques contra EI en Raqa, cerca del 70 % de la ciudad de Raqa quedó destruida o dañada. Asimismo, el análisis preliminar de imágenes satelitales realizado por Human Rights Watch reveló vastos niveles de daños edilicios en la provincia de Deir al-Zor causados por ataques de la coalición encabezada por EE. UU.
Estos ataques, llevados a cabo por varias partes del conflicto de Siria, en su mayoría con grandes municiones lanzadas desde el aire, artillería, morteros y bombas de barril imprecisas, han dejado en ruina grandes partes de Siria. Según la ONU, para 2017, el 50 % de la infraestructura social, como escuelas y hospitales, en Siria había resultado dañada o destruida. Un estudio del Banco Mundial de julio de 2017 sobre 8 provincias determinó que desde 2011 la guerra había dañado parcialmente el 20 % y destruido el 7 % de las viviendas del país, así como alrededor de dos tercios de sus establecimientos médicos y educativos.
Estimaciones de la ONU de todo el país presentadas en un informe de 2019 indican que las hostilidades afectaron el 50 % de las instalaciones cloacales. En el mismo informe, la ONU indicó que el país sufrió múltiples brotes de enfermedades infecciosas. En marzo de 2019, había 2,1 millones de niños que no asistían a la escuela. El costo estimado de la reconstrucción de Siria se sitúa entre USD 250 000 millones y USD 500 000 millones.
Libia también ha sido devastada por casi una década de conflicto armado intermitente y combates localizados, en los que en reiteradas oportunidades se han utilizado armas explosivas en áreas pobladas. Bombas arrojadas desde el aire, morteros, artillería y proyectiles empleados por numerosas partes en conflicto mataron e hirieron a miles de civiles y desplazaron a cientos de miles, además de dañar infraestructura civil en varias ciudades. Human Rights Watch ha documentado numerosos ataques de este tipo que provocaron daños en instalaciones médicas y viviendas civiles. El impacto de este daño ha agravado la vulnerabilidad de los civiles y ha puesto en peligro su acceso al agua, la atención médica, el saneamiento y la educación.
Durante 2019, reiterados ataques con armas explosivas por parte del grupo armado con base en el Este conocido como el Ejército Nacional Libio (LNA) mataron a cientos de civiles y desplazaron a decenas de miles en la capital, Trípoli, que es controlada por grupos armados que apoyan al Gobierno de Concertación Nacional respaldado por las Naciones Unidas. Según la ONU, los ataques aéreos fueron la principal causa de muertes de civiles como resultado del combate en el oeste de Libia, responsables de 182 de las 284 muertes de civiles documentadas en 2019. Human Rights Watch documentó un presunto ataque aéreo del LNA sobre Trípoli el 1 de diciembre de 2019, que causó la muerte de 6 civiles, entre ellos 4 niños. El ataque dañó 6 viviendas, destruyó 2 y causó daños en otros bienes de carácter civil.
El combate ha afectado seriamente el acceso a la educación. Un informe de la ONU sobre el año 2018 determinó que más de 250 escuelas resultaron dañadas o destruidas en Libia. Otros combates han hecho que cientos más de escuelas cerraran o interrumpieran las clases de más de 100 000 estudiantes. La situación también afectó gravemente la atención de la salud; según un informe de la ONU de 2019, casi el 20 % de los hospitales públicos, de atención primaria y de especialización cerraron como resultado de daños o destrucción.
El uso de armas explosivas con efectos de amplio alcance en zonas pobladas de Libia ha contaminado viviendas y vecindarios con restos explosivos de guerra que mutilan y matan a civiles, lo cual impide el acceso a servicios y prolonga la situación de desplazamiento.
