Al ser preguntado sobre este tema durante una conferencia de prensa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó a los periodistas que prefería no hablar sobre los asesinatos de mujeres motivados por factores de género, porque no quería que los “feminicidios opaquen la rifa”, refiriéndose a una rifa que había organizado el gobierno para la venta del avión presidencial.
Durante las dos semanas siguientes, bajo la presión de los periodistas que siguieron interpelándolo sobre el tema, el Presidente atribuyó los feminicidios al “proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal”; expresó que su gobierno estaba “atendiendo a las causas” instando a los mexicanos a fomentar el “amor al prójimo” y dio a conocer el “Decálogo del Presidente de México vs. la violencia contra mujeres”, un listado de enunciados morales que incluyen frases como “Es una cobardía agredir a la mujer” y “No a los crímenes de odio contra mujeres”.
El homicidio de Escamilla generó renovada indignación ante un tema que ya no es algo nuevo para muchos mexicanos: el carácter generalizado de la violencia de género en México y la realidad de un gobierno que no actúa con la seriedad requerida para erradicarla. Pese a que los activistas llevan ya muchos años reclamando que el gobierno intervenga para frenar estas muertes, la cantidad de feminicidios ha aumentado un 137 % en los últimos cinco años, señaló el Fiscal General de México. Tras el asesinato de Escamilla, los manifestantes salieron a las calles en protesta, pintaron grafitis en las paredes del Palacio Nacional y tuvieron algunos enfrentamientos con la policía. Y no fueron los primeros en protestar contra la violencia de género.
Desde octubre, la universidad mexicana de mayor renombre, la Universidad Nacional Autónoma de México, ha quedado prácticamente tomada por estudiantes que reclaman ante el acoso y las agresiones sexuales por parte de académicos de la institución. El Presidente López Obrador afirmó que las protestas fueron organizadas por el “conservadurismo” para empañar la imagen del mandatario.
En agosto, se produjeron protestas violentas luego que las autoridades se negaran a suspender a cuatro policías de la Ciudad de México señalados de haber violado sexualmente a una niña de 17 años, alegando que tal medida sería violatoria de sus derechos laborales. La jefa de Gobierno y la titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México acusaron a los manifestantes de “provocar” a la policía.
En enero de 2019, hubo protestas en reacción a las declaraciones de una diputada estatal, quien sugirió que la solución a la violencia contra las mujeres podía ser establecer un toque de queda para que las mujeres de su estado no salgan después de las 10 p.m.
El gobierno mexicano define al “feminicidio” como el homicidio de una mujer por su género. Hace ya tiempo que los defensores de derechos humanos exhortan al gobierno a que actúe ante estos asesinatos. Demandaron al gobierno en el sistema interamericano de derechos humanos y, a través de la sentencia en el caso Campo Algodonero, consiguieron que se obligara al gobierno mexicano no solamente a mejorar sus procedimientos de investigación de delitos de violencia contra la mujer, sino tomar medidas proactivas para prevenir tal violencia. La presión de estos activistas también logró que se apruebe en 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.
En 2019, las autoridades informaron que hubo mil 6 feminicidios, una cifra que representa cerca de una cuarta parte de todos los casos de homicidios de mujeres durante ese año. Las organizaciones de derechos de la mujer sostienen que es probable que esta cifra sea inferior a la real, ya que muchas autoridades estatales y locales no tienen la capacidad o la voluntad de reconocer si en un homicidio hubo un factor de género, y debido a esto, numerosos feminicidios se reportan en la categoría de homicidios, un concepto más ampliamente reconocido que no identifica al género como una causal.
En México hay niveles generales desorbitados de violencia e impunidad casi absoluta. Sin embargo, el número creciente de mujeres que son asesinadas por su género está ligado a otros problemas sociales de larga data, como que los medios de comunicación suelan trivializar la violencia por parte de parejas como un derivado esperable de la pasión; o que las autoridades a menudo asignen menos importancia a las investigaciones y los procesos penales de feminicidios, en comparación con otros delitos violentos. Todo esto se manifestó con particular truculencia en la respuesta de los medios y del gobierno al atroz homicidio de Ingrid Escamilla.
Tanto organizaciones de la sociedad civil mexicanas como organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, han formulado un sinfín de recomendaciones sobre estrategias para reducir la violencia de género en un país cuyos esfuerzos a lo largo de tres décadas en este plano no han logrado contrarrestar sustancialmente estos homicidios evitables de mujeres. En este momento, el gobierno de López Obrador debe optar entre seguir ignorando sus obligaciones jurídicas internacionales, los manifestantes que se congregan frente a sus puertas y los cuerpos de mujeres que se acumulan ante su vista, o adoptar medidas adecuadas para abordar esta situación.
Dentro de algunos meses, México será sede del Foro Generación Igualdad de ONU Mujeres, que marcará el 25.º aniversario de la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín. Dado que el evento seguramente servirá de plataforma al gobierno de López Obrador para proyectarse como defensor de los derechos de la mujer, los gobiernes afines a la causa deben estar muy atentos a la incongruencia entre la retórica en el escenario internacional y la parálisis a nivel nacional. En el ámbito interno México no impulsa medidas tangibles orientadas a prevenir la violencia de género y responder razonablemente ante este devastador fenómeno, en detrimento de mujeres como Ingrid Escamilla y muchísimas otras cuyos nombres ignoramos.
