La posible carga financiera de la atención médica o la hospitalización podría disuadir a muchos estadounidenses, particularmente a los que no tienen seguro o tienen un seguro insuficiente, de solicitar atención. Eso podría tener resultados catastróficos para ellos, sus familias y sus comunidades. El 18 de marzo de 2020, la Cámara de Representantes y el Senado de EE. UU. aprobaron un paquete de estímulo que solamente contempla el costo de las pruebas de diagnóstico y las visitas médicas asociadas, pero no el tratamiento contra el COVID-19.
“Es posible que un gran número de estadounidenses opten por no solicitar ningún tipo de atención médica o tratamiento contra el COVID-19 por temor a que no puedan pagar las astronómicas facturas”, señaló Komala Ramachandra, investigadora sénior del programa de Empresas y Derechos Humanos de Human Rights Watch. “Eso no solamente será perjudicial para las personas que tienen la enfermedad, sino que es muy probable que también cause una mayor propagación del virus”.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention) de EE. UU. proyectan que entre 2.4 y 21 millones de personas de EE. UU. que contraigan el COVID-19 necesitarán ser hospitalizadas, y un número significativo de esos pacientes requerirá cuidados intensivos. Los expertos estiman que el costo de la hospitalización por COVID-19 podría ser superior a los USD 20.000 por persona. Para los estadounidenses que cuentan con seguros privados, eso podría significar USD 1.300 o más en costos directos representados por deducibles y pagos de coseguro.
A los estadounidenses que no tienen seguro se les podrían facturar directamente los cargos de hospitalización a tarifas aún mayores de las que se cobran a quienes tienen seguro. Los estadounidenses con bajos ingresos enfrentan una carga doble. Tienden a presentar mayores tasas de afecciones médicas preexistentes que los vuelven más vulnerables a sufrir casos graves de COVID-19 y a los costos médicos relacionados.
Si bien los estadounidenses de mayor edad cuentan con los seguros de Medicare, 28 millones de estadounidenses que no son de edad avanzada no tienen seguro. Ese número ha aumentado por primera vez en una década, en un momento en que el gobierno actual ha intentado dejar sin efecto la Ley de Atención de la Salud Asequible (Affordable Healthcare Act). Las personas de color y los niños y niñas se han visto particularmente afectados por la caída del número de personas que tienen cobertura de seguro. Además, casi una de cada tres personas en EE. UU. tiene un seguro insuficiente, lo cual significa que cuentan con un seguro, pero que este tiene altos deducibles, copagos y otros gastos directos. Las personas que tienen estos planes de alto costo suelen ser trabajadores con salarios bajos, lo cual hace que sea aún más difícil para ellos afrontar el gasto de la atención médica.
El número creciente de personas de EE. UU. que no cuentan con cobertura adecuada hace que cada vez sean más las familias que tienen dificultades para pagar sus facturas médicas. Un estudio reciente determinó que más de 137 millones de estadounidenses enfrentan dificultades financieras a causa de sus deudas por servicios médicos, y que los problemas médicos contribuyen a causar las dos terceras partes de las quiebras.
El alto costo de la atención podría hacer que las personas descarten de plano la posibilidad de someterse a pruebas y recibir tratamiento, y esto exponer a más personas al virus. Una tercera parte de las familias ya manifiesta que optaron por no solicitar atención médica en general a lo largo del último año a causa de los costos que esto implica. Esta situación se agrava debido a que muchas personas tampoco gozan de una licencia paga por enfermedad. Si las personas no pueden acceder a atención de la salud asequible y no pueden tomarse licencia por enfermedad, pueden continuar propagando el virus, ya que no tienen otra opción más que seguir trabajando. Casi seis de cada diez estadounidenses no tienen ninguna capacidad de ahorro.
A nivel federal y estatal, se han lanzado iniciativas orientadas a conseguir que las pruebas de COVID-19 puedan realizarse gratuitamente, pero aún no se han abordado cuestiones relacionadas con el costo del tratamiento. Algunos estados han establecido de manera obligatoria la dispensa de los copagos y los costos de las pruebas, y algunos proveedores de seguros privados se han comprometido a esto, pero no han asumido compromisos similares en relación con el tratamiento.
El gobierno estadounidense tiene la obligación, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, de asegurar que esta grave crisis de la salud pública no se convierta también en una crisis de derechos humanos debido a que las personas no cuentan con atención médica adecuada, manifestó Human Rights Watch. El gobierno de EE. UU. tiene varias opciones para asegurar que el costo del tratamiento no se convierta en un obstáculo que afecte la atención.
En la legislación que se sancione para abordar la crisis, el Congreso podría disponer que se destinen fondos suficientes para que el costo de los tratamientos esté cubierto para todas las personas que no pueden afrontarlo, y para reducir o eliminar los costos directos para quienes cuentan con un seguro. El director de los CDC también puede autorizar el pago de la atención y el tratamiento, incluidos los costos asociados con la cuarentena y el aislamiento. Los dos candidatos presidenciales del partido demócrata han propuesto movilizar fondos federales para garantizar que los costos del tratamiento y la atención se encuentren cubiertos para todos los estadounidenses, tengan seguro o no.
Los gobiernos de los estados también pueden tomar medidas para aumentar la cobertura, como adoptar la ampliación de Medicaid, que alcanzaría a otros dos millones de personas que actualmente se encuentran en un “limbo de cobertura”, y eliminar o reducir de manera drástica sus costos directos. Los gobiernos federal y estatal también pueden abrir períodos de inscripción especial en los mercados de seguros de salud, para permitir la incorporación de las personas que no cuentan con un seguro.
Para las aproximadamente 2.2 millones de personas que se encuentran actualmente detenidas en cárceles y prisiones de EE. UU., el acceso a atención de la salud adecuada es de vital importancia. Un grupo de estados ha tomado medidas para eliminar los copagos requeridos a personas que se encuentran privadas de la libertad como respuesta al COVID-19. Los gobiernos locales, de los estados y federal deben tomar medidas y proporcionar fondos para asegurar que todas las personas que se encuentran en instituciones carcelarias tengan acceso a pruebas, atención preventiva y tratamiento contra el COVID-19 sin costo alguno.
“A los estadounidenses que tienen dificultades económicas, la necesidad de obtener tratamiento contra el coronavirus podría obligarlos a elegir entre la salud o la ruina económica”, señaló Ramachandra. “Nadie debería verse forzado a hacer esa elección, y el impacto para EE.UU. podría resultar trágico”.
