El TPS puede otorgarse cuando las personas no pueden regresar de manera segura a su lugar de origen debido a condiciones temporarias y generalizadas. En el derecho estadounidense, se trata de una figura distinta al asilo, que requiere que los solicitantes de asilo demuestren un temor debidamente fundado de ser perseguidos si son obligados a regresar. Estados Unidos ha otorgado el TPS a ciudadanos de 10 países, incluidos El Salvador, Honduras y Nicaragua, por motivos tan diversos como huracanes o guerras civiles.
El anuncio del Presidente Donald Trump que su administración dejaría de emitir tarjetas de residencia por un período de 60 días, en respuesta a la Covid-19, no tiene ninguna implicancia para el otorgamiento del TPS debido a que únicamente venezolanos que ya se encuentran en los Estados Unidos podrían beneficiarse con TPS.
Sin ninguna duda los criterios del TPS se aplican a Venezuela, especialmente en tiempos de Covid-19, lo cual agudiza la urgencia de la situación. Incluso antes de que surgiera la pandemia, las investigaciones de Human Rights Watch ya mostraron que Venezuela atravesaba una emergencia humanitaria, con escasez de alimentos y un sistema de salud totalmente colapsado. Documentamos niveles crecientes de mortalidad materna e infantil; la propagación de enfermedades que podían prevenirse con vacunación, como el sarampión y la difteria; y drásticos incrementos en enfermedades infecciosas, como la malaria y la tuberculosis. Pese a que las autoridades venezolanas dejaron de publicar datos oficiales sobre nutrición hace varios años, varias universidades y organizaciones no gubernamentales han documentado altos niveles de inseguridad alimentaria y desnutrición infantil.
Durante la presidencia de Nicolás Maduro, en vez de abordar la crisis humanitaria, las autoridades han hecho todo lo posible para negar y ocultar su gravedad. Han hostigado y perseguido a profesionales de la salud que cuestionan al gobierno por no actuar ante la crisis y la pandemia. El gobierno de Maduro también ha obstaculizado que llegara toda la asistencia internacional que es urgentemente necesaria.
Este hostigamiento forma parte de un patrón mucho más extendido de represión. La arremetida del gobierno contra manifestantes, críticos y opositores políticos en Venezuela ha dado lugar a miles de detenciones arbitrarias, el procesamiento de cientos de civiles en tribunales militares, torturas y otros abusos contra detenidos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de corto plazo. Los abusos continúan, al igual que la impunidad con que se cometen.
Al 21 de abril de 2020, en Venezuela había 298 casos confirmados de Covid-19. Es probable que la cantidad real sea mucho mayor, debido a la escasa disponibilidad de pruebas de detección y la falta de transparencia del gobierno en la difusión de datos epidemiológicos oficiales. El hacinamiento en zonas populares y en cárceles, así como el limitado acceso al agua potable en numerosos hospitales y hogares, generan las condiciones ideales para que la Covid-19 se propague con rapidez.
El colapso del sistema de salud y la censura de datos de salud pública por el gobierno dificultan enormemente que Venezuela pueda afrontar la Covid-19. El Índice de Seguridad Sanitaria Global de 2019 clasifica a Venezuela en la posición 180 entre 195 países —y última entre los países latinoamericanos— en lo que respecta a su preparación para responder con celeridad y mitigar la propagación de una epidemia.
A nivel mundial, la tasa de mortalidad de la Covid-19 ha sido de entre el 1 % y el 3 %. Las autoridades sanitarias señalan que es probable que esa tasa varíe según la disponibilidad de tratamiento y el estado general de salud de la población afectada. Este es un mal augurio para Venezuela, donde la capacidad de brindar atención de alta complejidad se encuentra gravemente limitada y gran parte de la población ya sufre desnutrición y un extenso repertorio de enfermedades que podrían prevenirse. En Venezuela faltan equipos básicos para radiografías, análisis de laboratorio, camas de terapia intensiva y respiradores. Con hospitales y clínicas sin agua, muchos profesionales de la salud no pueden siquiera lavarse las manos, una medida vital para contener la propagación de la Covid-19.
Hace más de un año, Human Rights Watch y más de 200 organizaciones instaron al gobierno estadounidense a conceder el TPS a los venezolanos. El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. señaló entonces que la facultad de conceder el TPS era “discrecional” y que estaba “dando seguimiento a la situación” en Venezuela.
El gobierno de Trump debería conceder el TPS a los venezolanos sin que se lo ordene el Congreso. De no hacerlo oportunamente, el Congreso debería intervenir y otorgar ese estatus a los venezolanos durante los próximos 18 meses. Se han presentado proyectos legislativos en la Cámara de Representantes y el Senado de EE. UU. que otorgarían ese beneficio, pero ninguno ha recibido aprobación de ambas cámaras. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó, en junio pasado, que en EE. UU. hay cerca de 200.000 venezolanos que reunirían los requisitos para obtener TPS. Hasta marzo, habían ingresado en Estados Unidos otros 108.000 solicitantes de asilo venezolanos.
Otorgar el TPS a los venezolanos sería un acto de clemencia en un período en el cual cunde el miedo. Este es el momento de actuar.
