México debe reformar las fuerzas policiales

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(Washington, DC) – Los abusos policiales cometidos recientemente en todo México deberían movilizar al Presidente Andrés Manuel López Obrador a poner en marcha un proceso nacional para profesionalizar a las fuerzas policiales y exigir que rindan cuentas, señaló hoy Human Rights Watch.

El pasado mes de junio, se produjeron manifestaciones en ciudades de todo México en respuesta a una serie de escandalosos asesinatos de civiles no armados perpetrados por policías locales y municipales. En algunos casos, las autoridades golpearon y detuvieron a manifestantes.

“Las fuerzas policiales de México tienen una lamentable reputación debido a hechos de corrupción y uso de tortura y violencia, así como nexos con el crimen organizado”, indicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Estas protestas, que siguen la línea de la indignación que desató en todo el mundo el asesinato de George Floyd por policías en EE. UU., también expresan la profunda y arraigada desconfianza y frustración que muchos mexicanos sienten ante las abusivas fuerzas policiales”.

Las protestas empezaron luego de que circulara en redes sociales un video que registró la detención violenta del albañil Giovanni López Ramírez, de 30 años, que luego murió bajo custodia policial. López Ramírez fue detenido a principios de mayo en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, presuntamente por no llevar puesto cubrebocas, cuyo uso era obligatorio en el estado debido a la pandemia.

Su historia fue publicada en una entrevista en una página de noticias a principios de junio. En la entrevista, la tía y el hermano de López Ramírez afirmaron que, al presentarse a buscarlo en la estación de policía el día siguiente a la detención, les indicaron que se dirigieran directamente a la morgue. Allí encontraron el cuerpo de López Ramírez, que presentaba contusiones y un orificio de bala en la pierna. Los agentes les dijeron que a los policías se les había “pasado la mano”. El hermano de López Ramírez también señaló a los periodistas que el presidente municipal de la localidad había ofrecido a la familia 200 mil pesos (USD 10 mil) a cambio de que no dieran a conocer la historia, y amenazado con matarlos si lo hacían.

El hecho provocó protestas en la capital del estado, Guadalajara, así como en el resto del país. Los manifestantes rompieron las puertas de acceso a la sede del Palacio de Gobierno del estado, quemaron vehículos policiales y también prendieron fuego a un policía. En respuesta, agentes sin uniforme que se desplazaron en camionetas sin matrícula, armados con palos y bates de béisbol, amenazaron y detuvieron a manifestantes. Un representante de la organización de derechos humanos Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, de Guadalajara, dijo a Human Rights Watch que los policías sin uniforme obligaron a los manifestantes a subirse a la parte trasera de los camiones y camionetas y los dejaron varados en una zona rural en las afueras de la ciudad. Más tarde, los manifestantes señalaron a periodistas que los agentes los habían golpeado hasta que perdieron el conocimiento.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sostuvo que las protestas habían sido organizadas por partidos opositores y que las órdenes a la policía de reprimir manifestantes no habían sido impartidas por su institución, sino por carteles delictivos. Sugirió, de este modo, que la policía del estado no se encuentra bajo su control.

También han salido a la luz varios asesinatos de civiles cometidos por policías en los últimos tiempos. En Tijuana, Baja California, Yair López Jiménez murió asfixiado mientras lo detenían. En un video del incidente se ve a un policía que pisa a López Jiménez en el cuello con su bota hasta que pierde el conocimiento. En Xalapa, Veracruz, Carlos Andrés Navarro murió luego de ser detenido. Los registros oficiales indican que la muerte se debió a un paro cardíaco; sin embargo, su familia sostiene que recibió una golpiza letal, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha pedido que se inicie una investigación. En Oaxaca, Alexander Martínez, de 16 años, salió a hacer un recado para su madre y recibió un disparo mortal de un policía que, supuestamente, lo confundió con otra persona.

En México, los asesinatos cometidos por policías, las detenciones arbitrarias, la tortura bajo custodia policial y la cooperación entre policías y carteles delictivos son algo habitual. En el censo más reciente de personas detenidas que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, se detectó que casi dos terceras partes habían recibido golpes u otros maltratos al momento de la detención, más de un tercio habían sido estranguladas o sometidas a simulacros de ahogamiento y un quinto habían recibido descargas eléctricas. En casi la mitad de los casos, la persona que llevó a cabo la detención no se identificó como funcionario de seguridad pública, y en una quinta parte de los casos la persona fue detenida sin una orden judicial y llevada a un lugar privado, de ubicación desconocida, en vez de a una dependencia policial.

La brutalidad policial no ha generado una reducción de la criminalidad. En la última década, los delitos violentos han tenido un aumento vertiginoso en México y la impunidad ha sido casi absoluta.

El comportamiento abusivo de las fuerzas policiales de México es el resultado de múltiples factores, incluida la impunidad sistemática, la falta de claridad y cumplimiento de reglamentaciones que limitan el uso policial de la fuerza, la corrupción y la intimidación generalizadas por parte de la delincuencia organizada, y las décadas de abandono institucional, apuntó Human Rights Watch.

En México, la mayoría de los delitos no se denuncian, ni tampoco se investigan o reciben castigo. Según la organización no gubernamental Impunidad Cero, las autoridades mexicanas resuelven apenas cerca del uno por ciento de los delitos, incluidos abusos policiales. En varias ocasiones, se han puesto al descubierto intentos de las autoridades por encubrir abusos denunciados u obstaculizar su investigación. No hay estadísticas oficiales sobre la cantidad de personas a quienes mata la policía cada año en México.

Otro factor que propicia los abusos es la falta de claridad y de cumplimiento de las normas que reglamentan el uso de la fuerza. Aunque México aprobó una nueva Ley Nacional de Uso de la Fuerza en 2019, las autoridades estatales y locales no han hecho demasiado por asegurar su implementación adoptando protocolos o pautas concretas.

La corrupción, la intimidación y las condiciones laborales precarias son factores que también inciden en el comportamiento abusivo de las fuerzas policiales mexicanas. Cerca de un tercio de los policías de la Ciudad de México y el 10 por ciento de los policías en todo el país informan que sus superiores los obligan a pagar “cuotas”, según indica Causa en Común, una organización que evalúa la formación y el desempeño policial. A quienes se rehúsan a pagar a menudo se les niegan ascensos, oportunidades de capacitación y acceso a equipos, o se los obliga a trabajar turnos más largos o en tareas más peligrosas. Un tercio de los policías indican trabajar turnos de 24 horas.

Muchos policías reciben amenazas y recompensas de grupos de criminalidad organizada, según indicó a Human Rights Watch un investigador de temas de reforma policial de World Justice Project. A su vez, según Causa en Común, 450 policías mueren asesinados cada año en México, lo cual convierte al país en uno de los más peligrosos del mundo para trabajar en las fuerzas de seguridad pública. Debido a estos factores, hay un elevado índice de recambio de integrantes de la fuerza. Un investigador de World Justice Project indicó que muchos agentes apenas permanecen uno o dos años en la función, y esto dificulta que la policía local cumpla con los requisitos de capacitación y desarrollo.

El abandono institucional de la policía por parte de las autoridades mexicanas no hace más que agudizar el problema. La presidenta de Causa en Común comentó a Human Rights Watch que ni una sola fuerza de policía mexicana cumple los requisitos mínimos de capacitación y desarrollo establecidos en la legislación de México. A muchos policías nunca se les capacita sobre cómo detener a una persona, entrevistar a un testigo, resguardar el lugar donde ocurrió un delito, usar sus armas o atender a víctimas.

Una quinta parte de los policías en el país no ha recibido ninguna capacitación, según señala un estudio que realizó el INEGI, y en algunos departamentos de policía municipales esta proporción es de dos quintos. En tres estados, Zacatecas, Tamaulipas y Campeche, la mitad de los policías han recibido un arma pero no se les ha brindado capacitación para usarla. A nivel nacional, cerca de la mitad de los policías están obligados a pagar al menos parte de sus propios equipos.

A su vez, en muchos sitios, parte de la policía no está formalmente empleada por el departamento. Causa en Común sostiene que esto dificulta que los policías rindan cuentas cuando cometen abusos. En la localidad donde se detuvo a Giovanni López Ramírez, 21 de los 52 policías municipales no estaban empleados de manera formal en esa función. Como resultado de esto, nadie sabe cuántos policías hay en México.

En vez de abordar de lleno estos problemas, durante años las autoridades mexicanas no han hecho más que traspasar fondos y responsabilidades de las fuerzas de seguridad pública a las fuerzas militares. Esto ha agravado el problema, y los soldados han cometido innumerables atrocidades. Pese a que el gobierno mexicano promete desde hace décadas que llevará a cabo una reforma policial, aún no ha ocurrido.

El Presidente López Obrador ha continuado las prácticas de sus antecesores, asignando más responsabilidad a las fuerzas militares. En 2018, eliminó la Policía Federal civil y la reemplazó con la Guardia Nacional, un órgano militar creado para intervenir en tareas de seguridad pública. Su gestión también recortó fondos destinados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el órgano federal que vigila la formación y el desarrollo de las fuerzas policiales municipales y estatales, en un 75 por ciento este año como parte de los recortes presupuestarios vinculados con el Covid-19.

El Presidente López Obrador debería poner en marcha un esfuerzo genuino para reformar las fuerzas policiales de México, el cual permita crear sistemas eficaces de rendición de cuentas, apuntó Human Rights Watch. La reforma debería enfocarse en hacer cumplir los límites al uso de la fuerza por parte de policías; investigar y desarticular redes corruptas; revisar leyes, políticas y prácticas que generan oportunidades e incentivos para los abusos y la corrupción; y asegurar una verdadera capacitación y profesionalización de la policía. El SESNSP debe crear un sistema integral que evalúe la observancia de los requisitos sobre capacitación y desarrollo por parte de las fuerzas de policía estatales y municipales.

“El Presidente López Obrador asumió con la promesa de transformar la vida pública en México”, destacó Vivanco. “Debe empezar por transformar a la policía”.