(Washington D.C.) – Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) deben pronunciarse urgentemente contra la más reciente arremetida autoritaria del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, señaló hoy Human Rights Watch. La OEA debe rechazar categóricamente los recientes proyectos de ley que buscan aumentar la censura y la represión a los periodistas independientes y organizaciones de derechos humanos.
El 22 de septiembre de 2020, legisladores oficialistas presentaron un proyecto de ley rotulado “agentes extranjeros” que permitiría que el gobierno de Ortega controle las actividades de prácticamente cualquier persona que reciba fondos o apoyo del exterior, incluidas organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes. El 28 de septiembre, un grupo de legisladores oficialistas presentó otro proyecto de ley sobre “ciberdelitos” para penalizar la difusión de “noticias falsas” y otras expresiones en internet, que podría usarse para silenciar y castigar la libre expresión.
“Estos proyectos de ley pretenden darle una fachada de legalidad al gobierno de Ortega para seguir hostigando y persiguiendo a periodistas, organizaciones de derechos humanos y a cualquier otra persona que critique al gobierno”, explicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Los estados de la OEA no deben guardar silencio mientras Ortega intensifica su ataque contra las voces críticas de su gobierno”.
El proyecto de ley sobre “agentes extranjeros” exige que las personas físicas o jurídicas se registren como “agentes extranjeros” ante el Ministerio de Gobernación si reciben “directa o indirectamente” fondos desde el exterior, trabajan bajo la “instrucción o bajo la dirección [o] supervisión” de personas que responden a “gobiernos, capital, empresas o fondos” extranjeros o representan los “intereses” de “gobiernos, fundaciones, empresas u organismos” extranjeros. Quienes no se inscriban podrían ser sujetos a multas, la confiscación de sus bienes y la cancelación de la personalidad jurídica de la entidad correspondiente en Nicaragua.
El proyecto establece que quienes se registren como “agentes extranjeros” pueden recibir “sanciones legales”, que no están precisadas en el proyecto de ley, si intervienen en “cuestiones, actividades o temas de política interna”. También prohibiría que las personas registradas como “agentes extranjeros” se postulen a cargos públicos hasta que haya transcurrido un año desde haber dado de baja su inscripción y el gobierno haya corroborado que no reciben fondos del exterior.
Human Rights Watch ha documentado que otros países, como Rusia, han usado leyes similares sobre “agentes extranjeros” para silenciar a la sociedad civil. El Parlamento Europeo ha condenado la ley adoptada por Rusia —la cual es objeto de varios recursos jurídicos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos— como una herramienta para acallar el disenso, y el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha expresado de manera inequívoca que la ley viola estándares internacionales.
El proyecto sobre “ciberdelitos” incluye varias disposiciones excesivamente amplias que amenazan particularmente la libertad de prensa. De ser aprobado, establecería penas de hasta cuatro años de cárcel para quien, valiéndose de las tecnologías de la comunicación, “publique o difunda información falsa y/o tergiversada que produzca alarma, temor o zozobra” en la población. También castigaría con hasta cinco años de cárcel a quienes publiquen “información falsa o tergiversada” que “incita al odio y a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana”, todos términos imprecisos que no están definidos en el proyecto de ley.
El proyecto prevé penas de prisión para quien use tecnologías de la comunicación para divulgar información clasificada y otra información que se considere “personal”. Asimismo, contempla penas de tres a cinco años de prisión para quienes hagan uso de tales tecnologías con el fin de “ensal[zar]” delitos o a sus autores, y de dos a cuatro años de prisión para quienes usen la tecnología con el fin de desprestigiar a otros o divulgar “secretos” que puedan perjudicar a terceros.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), ambos ratificados por Nicaragua, establecen que las leyes solamente pueden limitar los derechos a la libertad de expresión y libertad de asociación cuando ello resulte necesario y proporcional para conseguir un fin legítimo, como la protección de la seguridad nacional o los derechos de terceros. Estos proyectos de ley incluyen numerosas disposiciones de contenido excesivamente amplias que son incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y podrían ser usadas fácilmente para perseguir a críticos y medios de comunicación, señaló Human Rights Watch.
Además de las iniciativas sobre “agentes extranjeros” y “ciberdelitos”, el 15 de septiembre la Vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del Presidente Ortega, manifestó que el gobierno impulsaría una reforma constitucional con el fin de establecer penas de prisión perpetua para los “crímenes de odio”. El derecho nicaragüense no contempla los “crímenes de odio”, pero el gobierno a menudo ha acusado a críticos y opositores políticos de cometer estos delitos.
El gobierno mencionó por primera vez la reforma sobre “crímenes de odio” en relación con el homicidio de dos niñas, de 10 y 12 años, ocurrido en septiembre en el municipio de Mulukukú. Al referirse a los casos en un discurso, Ortega sugirió que opositores al gobierno y manifestantes “quieren ya seguir cometiendo asesinatos, colocar bombas, provocar destrucción”, pero su gobierno no ha presentado pruebas que vinculen a estos grupos con dichos delitos en particular.
Dado que el gobierno nicaragüense ha acosado y perseguido penalmente a periodistas y opositores en el pasado, su retórica sobre una reforma contra los “crímenes de odio” parece ser un intento más por intimidar a sus críticos, señaló Human Rights Watch.
La feroz represión de manifestantes por agentes de la Policía Nacional y grupos armados partidarios del gobierno en 2018 tuvo un saldo de más de 300 muertos y 2.000 heridos, así como cientos de personas detenidas y procesadas arbitrariamente. El gobierno canceló la personería jurídica a 10 organizaciones no gubernamentales, que se vieron forzadas a cesar sus actividades, y también hostigó y detuvo a periodistas.
El 14 de septiembre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que cerca de 94 personas “percibidas como opositoras al Gobierno” seguían privadas de libertad. Las graves violaciones de derechos humanos que se cometieron en el contexto de la represión de 2018, incluyendo hechos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, han quedado impunes.
“A pesar de la violenta represión y la creciente hostilidad que sufren los medios y las organizaciones de derechos humanos en el país, estas entidades siguen denunciando los abusos que comete el gobierno de Ortega”, manifestó Vivanco. “Sin embargo, los nuevos proyectos legislativos de Ortega podrían terminar por sofocar definitivamente a la sociedad civil y al periodismo independiente en Nicaragua”.
