Cuando unos policías militares interceptaron a William Alejandro Martínez, un hombre transexual de Honduras, en Comayagüela en mayo de 2019 y le pidieron su documento de identidad, William intentó hacer valer sus derechos.
Le preguntaron sobre su identidad de género, lo agredieron físicamente y amenazaron con detenerlo. “No me toques, soy defensor de derechos humanos”, insistió Martínez. Entonces un agente le apuntó con un fusil y le dijo: “Me importa un carajo lo que eres”. “Vi mi vida pasar delante mis ojos”, recordó Martínez.
Se estima que Honduras tiene uno de los índices más altos de homicidios de personas transgénero del mundo.
Diez años antes de que Martínez tuviera un arma ante sus ojos, Vicky Hernández, una mujer trans, trabajadora sexual y activista, fue asesinada en las calles de San Pedro Sula. La semana pasada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos llamó a audiencia en un caso en el que se alega que el gobierno hondureño es responsable por la muerte de Hernández.
Los peticionantes que representan a la víctima, la red lésbica Cattrachas y RFK Human Rights, sostienen que el gobierno tiene responsabilidad directa por la muerte de Hernández y que además, al no llevar adelante una investigación genuina sobre el homicidio, incluida la determinación de si la violencia fue motivada por prejuicios contra las personas LGBT, Honduras violó su derecho a la vida reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El caso llegó a la Comisión Interamericana porque Honduras incumplió las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió en 2018. Entre las recomendaciones se incluía establecer un proceso respetuoso de los derechos orientado a asegurar el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans, elaborar un mapa de la violencia contra las personas LGBT y adoptar una política integral para abordar sus causas estructurales, y capacitar a las fuerzas de seguridad con respecto a la violencia contra las personas LGBT.
Human Rights Watch formuló recomendaciones similares en un informe que dio a conocer recientemente, en el marco de nuestro trabajo sobre violencia y discriminación contra las personas LGBT en el Triángulo Norte de América Central. El informe concluye que el gobierno hondureño no ha abordado con eficacia la violencia y la discriminación enquistada por motivos de identidad de género y orientación sexual, y que esto ha llevado a muchas personas a pedir asilo en EE. UU. En algunos casos, los mismos agentes de seguridad son quienes ejercen la violencia.
Tras sobrevivir a una segunda agresión por parte de policías militares en junio de 2019, William Martínez huyó del país. El exilio no debería ser la única forma de escapar de la violencia. Honduras debe adoptar medidas urgentes para proteger a las personas LGBT de la violencia y la discriminación.
