Es imposible evaluar el año 2020 desde la perspectiva de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales sin reconocer que el Covid-19 puso un obstáculo y ha traído un año especialmente agitado, incluso para las personas LGTB. La pandemia del Covid-19 expuso brechas de desigualdad, dejando a algunos más vulnerables que a otros en lo que respecta a infecciones, pronóstico e impacto económico, también dentro de las comunidades LGTB. En los países en los que las personas LGTB se enfrentan al estigma social, al oprobio moral y a la discriminación legal, tienen menos oportunidades económicas y más probabilidades de ser pobres, más aún cuando algunas personas LGTB quedaron fuera de las medidas de recuperación económica del gobierno. Al mismo tiempo que luchaban contra las consecuencias de Covid-19, las personas LGTB también tuvieron que enfrentarse a una avalancha de homofobia y transfobia comunes y corrientes, ejercidas por gobiernos, políticos y miembros del público en general.
Los prejuicios contra el colectivo LGTB fueron evidentes en las respuestas al Covid-19 en todas las regiones del mundo. En Uganda, la policía detuvo a unos 20 jóvenes LGTB sin hogar acusándolos falsamente de infringir las restricciones de Covid-19 y los torturó en la cárcel. En Filipinas, funcionarios locales humillaron a personas LGTB mientras aplicaban el toque de queda. En Corea del Sur, los usuarios de las redes sociales convirtieron a las personas LGTB en chivos expiatorios después de que algunos medios de comunicación relacionaran un brote con bares gais. En Panamá, la policía y los funcionarios de seguridad privada discriminaron a personas transgénero mientras aplicaban una cuarentena con criterios de género. El líder populista húngaro Viktor Orbán utilizó los poderes de emergencia de Covid-19 para aprobar leyes discriminatorias contra las personas transgénero.
Rechazando derechos
Bajo Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos trató de hacer retroceder las reclamaciones de derechos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género, enviando una peligrosa señal a los gobiernos de todo el mundo de que tales derechos son desechables. Estableció una Comisión de Derechos Inalienables (CUR), enmarcada como un correctivo a una presunta “proliferación de derechos”. La comisión se propuso distinguir entre los derechos fundamentales y los llamados extraños, creando una falsa jerarquía de derechos, donde los de las mujeres y LGBT estaban en el peldaño inferior a los de propiedad y religiosos en el superior. En pocas palabras, la CUR pretendía crear un proyecto de derechos en EEUU en contradicción con los principios de universalidad e indivisibilidad. La CUR se formó en el contexto de un retroceso de los derechos LGTB en EEUU bajo la bandera de las exenciones religiosas, sobre todo un ataque sistemático a los derechos de las personas transgénero.
En una réplica a los intentos de la administración Trump de circunscribir los derechos, el Tribunal Supremo de EEUU declaró que la ley federal prohíbe la discriminación laboral por orientación sexual e identidad de género. Interpretó que la referencia al “sexo” en el Título VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe a los empleadores discriminar en el empleo por diversos motivos, incluye la orientación sexual y la identidad de género, en una sentencia con implicaciones de gran alcance para otras protecciones contra la discriminación, en EEUU y potencialmente en otros países. Cualquier ambigüedad en la ley vigente se disiparía si el Congreso de EEUU reintroduce y aprueba la Ley de Igualdad de 2019, un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes pero estancado en el Senado, y que prohíbe expresamente la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la educación, la vivienda, los espacios públicos, los programas financiados por el gobierno federal, los créditos y el servicio de jurado.
Tanto los demócratas del Congreso como el gobierno de Joe Biden han señalado su intención de dar prioridad al proyecto de ley en esta sesión. Dado que se han logrado tantos avances importantes a través de los tribunales estadounidenses, el nombramiento de tres jueces conservadores para el Tribunal Supremo de EEUU, y de docenas para los tribunales federales de todo el país, es una preocupación para la protección duradera de los derechos LGTB en EEUU. La sentencia sobre el caso Fulton contra la ciudad de Filadelfia, en la que se pregunta si Filadelfia puede exigir a las agencias que respeten su política de no discriminación y coloquen a los niños de acogida con parejas del mismo sexo, se espera para 2021 y servirá de barómetro para la protección judicial de los derechos de las personas LGTB.
Reino Unido se ha convertido en un ruidoso campo de batalla sobre los derechos de las personas trans, ya que una inusual alianza de conservadores sociales, algunas feministas y sus partidarios de la izquierda se han alineado para repudiar la identidad transgénero, basándose en una visión esencialista del género como inmutable, y presentándola como una amenaza para las mujeres y los niños, y la protección de los derechos de las mujeres y las personas trans como un juego de suma cero. En diciembre, el Tribunal Superior dictaminó que los menores de 16 años no podían dar su consentimiento a los medicamentos conocidos como bloqueadores de la pubertad, diseñados para dar a los jóvenes identificados como trans tiempo para decidir sobre la transición de género, retrasando el inicio de la pubertad. Los bloqueadores de la pubertad forman parte de la atención estándar para los jóvenes trans en varios países, incluidos los Países Bajos y EEUU. Una antigua paciente había demandado a la clínica Tavistock, la única clínica de género del Servicio Nacional de Salud, alegando que no había sido evaluada adecuadamente por la clínica antes de que se le administraran los bloqueadores de la pubertad y que ahora lamentaba su posterior decisión de transición. El caso se produce en un entorno políticamente cargado en el que algunos grupos están presionando contra la inclusión trans, en detrimento de los jóvenes trans que son especialmente vulnerables, con opciones de tratamiento limitadas. En este caso, el tribunal señala injustamente la atención a los transexuales para un mayor escrutinio, un golpe especialmente significativo después de que el gobierno conservador del primer ministro Boris Johnson no modificara de forma significativa la Ley de Reconocimiento de Género en respuesta a las demandas de los grupos trans de una vía de respeto a los derechos para el reconocimiento legal del género, una medida que el anterior gobierno conservador había prometido. Es probable que las cuestiones trans sigan estando en el centro de las actuales guerras culturales, en el Reino Unido y en otros países. En una época de gran carga política, aquellos que se perciben como ambiguos son siempre objeto de un mayor escrutinio.
Mientras tanto, los gobiernos conservadores de derecha dura de Polonia y Hungría avivaron el sentimiento anti-LGTB en nombre de los valores familiares, ocultando el verdadero objetivo: una distracción de sus tomas de poder antidemocráticas. Además de la legislación antitrans, Hungría prohibió las adopciones por parte de parejas del mismo sexo. El presidente de Polonia comparó el colectivo LGTB con una ideología peor que el comunismo, firmó una “Carta de la Familia” en la que se comprometía a bloquear el matrimonio homosexual, la adopción por parte de parejas del mismo sexo y la enseñanza de temas LGTB en las escuelas, y también fomentó el creciente número de autoridades locales que se declaran “zonas libres de LGTB”.
Mientras que en EEUU y Reino Unido se produjeron algunos retrocesos en los derechos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género, Egipto se negó a reconocer los términos “orientación sexual” e “identidad de género” en absoluto durante su Examen Periódico Universal, el mecanismo de revisión por pares de la ONU, negando de hecho la existencia de las personas LGTB, al tiempo que las detenía de forma rutinaria. Egipto es uno de los peores infractores en un contexto de criminalización, violencia y discriminación en todas las regiones del mundo, deteniendo a decenas de personas LGTB y sometiéndolas a abusos que incluyen exámenes anales forzados. En junio, la activista Sarah Hegazy, que había sido detenida, torturada y agredida sexualmente en una prisión egipcia por tener la temeridad de ondear una bandera arcoíris en un concierto de música en El Cairo en 2017, se quitó la vida en el exilio en Canadá. A pesar del espantoso historial de derechos de Egipto, la condena de otros gobiernos es inadecuada, ya que los aliados consideran a Egipto como un socio estratégico en materia de seguridad, una visión miope que no tiene en cuenta las consecuencias a largo plazo de reforzar un régimen que pisotea sistemáticamente los derechos humanos.
Abusos en el ámbito médico
Egipto no fue el único país que realizó exámenes anales forzados sin base científica, que pueden llegar al nivel de tortura. Los médicos de Túnez, Uganda, Tanzania y Sri Lanka, entre otros, fueron cómplices de realizarlos en 2020.
Este año ha habido un creciente impulso internacional para poner fin a la terapia de conversión, la práctica de intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona. Países como Albania, Australia, Canadá, Francia, Alemania, Malta, Irlanda, Nueva Zelanda, España y Reino Unido han promulgado alguna forma de prohibición o han tomado medidas para hacerlo. La Unión Europea también ha pedido a los Estados que prohíban esta práctica. El Experto Independiente de la ONU para la Lucha contra la Violencia y la Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género presentó un informe a la ONU sobre el tema. Se ha demostrado que la terapia de conversión causa un daño considerable, especialmente a los niños. En algunos casos, se considera una forma de tortura o trato cruel, inhumano y degradante.
Dicho esto, hay que ser cauteloso. Algunas jurisdicciones se basan en definiciones vagas y demasiado amplias de lo que constituye la “terapia de conversión” y dependen en exceso de sanciones penales punitivas que pueden violar aún más los derechos. Es necesario adoptar un enfoque holístico y respetuoso con los derechos, que incluya prohibiciones legales adaptadas, educación pública y apoyo psicosocial para los supervivientes.
El Hospital de Boston se convirtió en el segundo gran hospital infantil de EEUU (junto con el Hospital Infantil Lurie de Chicago) en perfeccionar sus normas de atención a los niños intersexuales, dando marcha atrás en la realización de algunas cirugías cosméticas no consentidas. Estos avances son un buen augurio para poner fin a las cirugías médicamente innecesarias y no consentidas en niños intersexuales, aunque un esfuerzo legislativo para prohibir dichas cirugías en California no tuvo éxito. El nuevo año trajo consigo la prometedora noticia de que la agencia de derechos del niño de la India recomendaba la prohibición en todo el país de las denominadas cirugías “normalizadoras”.
Aliados inesperados
En octubre se emitió un vídeo documental sobre la vida y la época del Papa Francisco que incluía un extracto de una entrevista en la que expresaba su apoyo a las uniones civiles. A pesar de que la doctrina oficial de la Iglesia católica no ha cambiado, el Papa Francisco ha tenido una influencia moderadora con respecto a la discriminación basada en la orientación sexual, tanto por su postura de “¿quién soy yo para juzgar?” como por su reenfoque en cuestiones críticas de nuestro tiempo como la pobreza, la desigualdad y la catástrofe climática por encima de las cuestiones morales sexuales tradicionales. Su apoyo a las uniones civiles lleva esta postura un paso más allá, prestando el peso del Vaticano a un mensaje largamente propuesto por los grupos de defensa de los homosexuales de que la sociedad no caerá, y de hecho se fortalecerá si la ley civil y secular proporciona un reconocimiento ordenado de las relaciones entre personas del mismo sexo.
De cara a 2021, los defensores de los derechos de las personas LGTB deben basarse en los éxitos conseguidos en la lucha contra los abusos médicos –aunque no deben recurrir a la criminalización como solución única– y deben oponerse a los intentos de reducir el alcance de lo que constituye un derecho humano o de quién debe disfrutar de esos derechos. También deben ser conscientes de la cruda realidad que ha puesto de manifiesto la pandemia de Covid-19: las brechas de la desigualdad subyacen en todos los movimientos sociales. Si las luchas por los derechos humanos de las personas LGTB dejan fuera a los marginados social y económicamente, sólo algunos se beneficiarán.
