(Washington D.C.) – Numerosos solicitantes de asilo enviados a México por el gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump han sufrido violencia y extorsión por parte de policías, agentes migratorios y grupos criminales mexicanos, señaló hoy Human Rights Watch.
Desde enero de 2019, Estados Unidos ha, en la práctica, cerrado su frontera sur a los solicitantes de asilo, a raíz de lo cual muchos han quedado expuestos a abusos en México. El gobierno de Trump, en el marco del programa Quédate en México, envió a más de 71 mil solicitantes de asilo a México mientras sus solicitudes de asilo eran procesadas en Estados Unidos. Asimismo, desde marzo de 2020, el gobierno de Estados Unidos ha expulsado migrantes más de 400 mil veces, muchos de ellos a México, incluyendo algunos que buscaban protección internacional y a quienes les negaron la posibilidad de solicitar asilo. Estas últimas expulsiones se realizaron invocando restricciones de viaje supuestamente impuestas para prevenir la propagación del Covid-19.
Los entrevistados han señalado que temían denunciar delitos y abusos sufridos en México a las autoridades mexicanas, y que a menudo no podían obtener los documentos necesarios para trabajar, recibir atención médica o enviar a sus hijos a la escuela. Casi la mitad de los solicitantes de asilo en Quédate en México perdieron sus casos después de faltar a sus audiencias migratorias en Estados Unidos. Human Rights Watch habló con familias que no se presentaron a las citas en los tribunales porque habían sido secuestradas en México. Otras habían sido transportadas al sur del país por el gobierno mexicano y quedado a miles de kilómetros de donde estaba programada su audiencia.
“Decenas de miles de familias migrantes, incluyendo venezolanos que buscaban protección frente a la tortura, la persecución política y las detenciones arbitrarias, han sido abandonadas por los gobiernos de Estados Unidos y México en un contexto en el cual sufren extorsión y violencia en México”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Ante los pasos positivos que está dando el Presidente Biden para revertir algunas de las políticas migratorias más abusivas del gobierno de Trump, al Presidente López Obrador le queda mucho más difícil mirar hacia otro lado mientras funcionarios mexicanos siguen cometiendo abusos contra migrantes”.
El Presidente Joe Biden debe asegurar que los planes para eliminar Quédate en México incluyan a los solicitantes de asilo cuyos casos fueron desechados injustamente mientras estaban en México, y poner fin a la política que permite a EE.UU. expulsar a migrantes a México sin debido proceso. El Presidente Andrés Manuel López Obrador debe cerciorarse de que los solicitantes de asilo que siguen esperando en México puedan trabajar y acceder a atención médica y educación, y que quienes hayan cometido delitos contra migrantes, incluidos policías y agentes de migración, respondan ante la justicia.
Como parte del trabajo de investigación y monitoreo constante sobre la crisis en Venezuela, que ha hecho que más de 5.5 millones de personas huyan del país, entre septiembre y diciembre de 2020 Human Rights Watch entrevistó a 71 venezolanos que habían cruzado México para pedir asilo en Estados Unidos y fueron enviados a México para esperar mientras se procesaban sus solicitudes, en el marco del programa Quédate en México. La mayoría viajaba con sus parejas, hijos u otros familiares. Human Rights Watch también habló con funcionarios públicos, organizaciones humanitarias y de defensa de los derechos de los migrantes y con dos abogados que representan a solicitantes de asilo. En muchos casos, consultó evidencias que eran consistentes con los testimonios, como por ejemplo fotografías, documentos migratorios e informes policiales.
Las conclusiones de esta publicación coinciden con investigaciones anteriores de Human Rights Watch, para las cuales entrevistamos a solicitantes de asilo de numerosas nacionalidades en México, abogados y actores humanitarios; visitamos albergues y campamentos de migrantes en la frontera entre EE.UU. y México; consultamos documentos legales, y observamos audiencias judiciales. Human Rights Watch ha concluido en reiteradas oportunidades que los migrantes en México están expuestos a violaciones sexuales, secuestros, extorsión, agresiones y trauma psicológico.
Los casi 1,600 venezolanos que aún tienen casos activos de asilo en el marco de Quédate en México representan apenas una pequeña proporción de los cientos de miles de migrantes que han sido enviados a México por Estados Unidos en los dos últimos años.
Desde que asumió el poder, el Presidente Biden ha suspendido la inclusión de nuevos casos en Quédate en México —conocido formalmente como Protocolos de Protección de Migrantes (o MPP)— y está permitiendo que los 25 mil solicitantes de asilo que pudieron acudir a sus citas ante tribunales migratorios comiencen a anotarse para darles una fecha de ingreso a los Estados Unidos. Este es un paso positivo que permitirá que Estados Unidos vuelva a cumplir con sus obligaciones de derechos humanos, expresó Human Rights Watch. Sin embargo, el gobierno de Biden sigue invocando dudosos motivos de salud pública para expulsar a solicitantes de asilo que llegan a la frontera, y no ha tomado ninguna medida para solucionar la situación de los 30 mil individuos a quienes les desecharon sus solicitudes de asilo injustamente tras ser enviados a México.
Casi todos los venezolanos entrevistados para este informe indicaron haber huido de persecución política, tortura o acoso. Sus relatos son consistentes con investigaciones previas de Human Rights Watch que documentaron la brutal arremetida contra opositores por el gobierno de Nicolás Maduro, así como con informes de la fiscalía de la Corte Penal Internacional y de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas, ambas cuales concluyeron, sobre la base de información con la que contaban producto de sus investigaciones, que es probable que en Venezuela se hayan cometido crímenes de lesa humanidad.
Casi la mitad de los entrevistados dijeron que policías, agentes de migración u organizaciones criminales intentaron extorsionarlos en México. En 16 casos, los solicitantes de asilo manifestaron que agentes de migración o policías mexicanos los sacaron de autobuses o de filas en el aeropuerto y amenazaron con deportarlos si no les pagaban un soborno. Algunos afirmaron que los funcionarios mexicanos los detuvieron y amenazaron con matarlos o entregarlos a los carteles si no pagaban.
En 27 casos, los solicitantes de asilo indicaron que grupos criminales los habían interceptado en cruces fronterizos, estaciones de autobús, hoteles u otros lugares en ciudades fronterizas. Los criminales los habían secuestrado o amenazado con secuestrarlos, y habían exigido cientos o miles de dólares a modo de rescate o a cambio de protección.
La mayoría de las víctimas afirmaron haber sufrido estos abusos por su condición de migrantes. Los agresores a menudo identificaban a las víctimas inspeccionando los documentos de identidad o migratorios que llevaban consigo. En algunos casos, el agresor ya tenía su fotografía o identificaba a la persona en cuestión entre la multitud. Muchas víctimas dijeron haber visto a desconocidos que los miraban o les tomaban fotografías antes o después de ser víctimas del delito.
Estos señalamientos también son consistentes con publicaciones previas de Human Rights Watch que documentaron cómo los grupos criminales secuestran a migrantes de distintas nacionalidades y llevan un registro de esas personas: les toman fotografías, verifican su identidad y documentos legales y guardan sus datos de identificación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones internacionales y varios medios de comunicación han informado que es común que funcionarios públicos mexicanos y organizaciones delictivas elijan como víctimas a solicitantes de asilo que viajan por México para secuestrarlos y extorsionarlos.
Refiriéndose al hecho de que los migrantes son victimizados tanto por funcionarios públicos como por delincuentes, un hombre nos dijo: “No entiendo quién es un criminal y quién es la ley”.
Muchos afirman que temen salir o interactuar con funcionarios mexicanos, incluso para encontrar trabajo o conseguir atención médica, y evitan hablar frente a extraños porque les preocupa que su acento los convierta en un blanco fácil. También les preocupa la posibilidad de que secuestren a sus hijos si los inscriben en escuelas.
“Me aterra salir”, nos contó una mujer. “No sé qué es peor, si estar aquí o en Venezuela”.
Según el acuerdo que estableció Quédate en México, el gobierno mexicano debería garantizar el acceso a oportunidades laborales, atención médica y educación a los solicitantes de asilo en el programa. Pero, a diferencia de otros migrantes con estatus legal en México, quienes forman parte de este programa no reciben documentos migratorios con fotografías que confirmen su acceso a estos derechos. Por ello, empleadores o funcionarios públicos les han dicho en reiteradas oportunidades que no tienen conocimiento del programa Quédate en México o no entienden el estatus legal que este les confiere.
Algunos solicitantes de asilo señalaron no haber podido abrir cuentas bancarias o recibir transferencias internacionales de dinero. Una migrante afirmó que en su familia han pasado hambre porque no pueden trabajar ni recibir transferencias. Varios no pudieron recibir tratamiento por graves condiciones de salud. Algunos niños habían estado varios meses sin ir a la escuela, incluso antes de la suspensión de clases por la pandemia.
La información que habían recibido del gobierno mexicano era escasa o nula. Muchos no sabían que, con los documentos que habían recibido, podían usar servicios públicos, o no entendían cómo obtenerlos.
“Las peligrosas condiciones que enfrentan los solicitantes de asilo en el programa Quédate en México son injustificables”, sostuvo Vivanco. “Mientras el gobierno de Biden termina de revertir este programa abusivo, el gobierno mexicano debe asegurarse de que los solicitantes de asilo puedan permanecer de manera segura en México y acceder a servicios esenciales”.
Ver más abajo información adicional sobre los hallazgos y recomendaciones de Human Rights Watch, así como una selección de los casos documentados. A menos que se indique lo contrario, estos casos se basan en el testimonio directo de los entrevistados.
Por qué huyeron de Venezuela
Casi todos los venezolanos entrevistados en México habían huido de persecución política, tortura u hostigamiento en Venezuela.
Los entrevistados mencionaron varios motivos para buscar asilo en EE.UU.; entre ellos, haber sufrido abusos por parte de agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas, como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y varias fuerzas policiales de los estados, así como por grupos armados partidarios del gobierno, conocidos en Venezuela como “colectivos”. Algunos habían sido miembros de partidos políticos opositores o activistas políticos. Algunos solamente habían participado en manifestaciones, en algunos casos en reclamo de servicios esenciales como agua y electricidad. Otros eran empleados públicos que se habían negado a participar en eventos a favor del gobierno o que habían compartido alguna imagen crítica del gobierno en redes sociales.
Jonathan, a quien, como a los demás entrevistados, se identifica con un seudónimo para garantizar su seguridad, contó que en abril de 2019 lo detuvieron cuando participaba en una manifestación en apoyo al líder opositor Leopoldo López. Estuvo detenido tres días, lo golpearon y lo obligaron a dormir de pie. Finalmente, lo acusaron de delitos como terrorismo, asociación para delinquir y uso de bombas incendiarias. Su familia tuvo que vender sus pertenencias para poder pagar USD 3 mil 500 para que lo liberaran. Relató que durante meses, mientras su juicio era postergado una y otra vez, se presentaban agentes en los alrededores de su casa y tomaban fotografías. Su abogado en un momento le advirtió que el gobierno revocaría su libertad condicional, por lo que decidió huir de Venezuela con su esposa y sus dos hijos, de 3 y 13 años. En marzo de 2020, los enviaron a esperar a México tras haber solicitado asilo en EE.UU. En enero de 2021, seguían esperando en una ciudad fronteriza.
Mayra, abogada de derechos humanos y activista de un partido opositor, contó que en 2019 había ayudado a organizar marchas para que el gobierno permitiera el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Afirmó que después había comenzado a recibir mensajes amenazantes de funcionarios y desconocidos. Finalmente, agentes allanaron su casa, la detuvieron violentamente, le vendaron los ojos y la arrastraron hasta una camioneta, donde perdió el conocimiento tres veces mientras la golpeaban y le aplicaban descargas eléctricas durante seis horas. La llevaron a un campamento guerrillero cerca de la frontera, donde un hombre amenazó con matarla si no salía del país y dejaba de participar en eventos políticos. Finalmente, regresaron a la ciudad, donde la abandonaron en una estación de la GNB. Mientras se recuperaba en casa, un amigo presentó una denuncia policial. Sin embargo, cuando Mayra se presentó en la dependencia para certificarla, dos personas la secuestraron y le dijeron que la policía había destruido la denuncia. Abandonó el país poco antes de que se emitiera una orden de arresto en su contra. Ha estado esperando en el marco de Quédate en México desde septiembre de 2019.
Blanco de secuestros y extorsión en México
Extorsión por parte de policías y agentes de migración mexicanos
Dieciséis personas entrevistadas dijeron que agentes de migración o policías mexicanos las habían detenido y les habían exigido sobornos, en algunos casos de miles de dólares. Contaron que los funcionarios las habían amenazado con deportarlas, hacerlas desaparecer o entregarlas a carteles si no pagaban. Algunas dijeron que las habían extorsionado al ingresar al país. Otras, que las habían detenido en un aeropuerto y los agentes de migración las habían llevado a áreas de espera para exigirles un pago.
Ángel y su familia volaron de Ciudad de Panamá a Monterrey, en el norte de México, en octubre de 2019, como parte del trayecto para solicitar asilo en la frontera de EE.UU. Ángel contó que un agente de migración mexicano que tenía fotos de ellos, presuntamente tomadas más temprano ese mismo día en el aeropuerto de Panamá, los sacó de la fila de llegada y les hizo pasar la noche en una celda. A la mañana siguiente, otro funcionario les exigió un soborno de USD 100 por persona y les dijo que los deportaría si no pagaban.
Ángel pagó, y él y su familia continuaron en un vuelo hacia la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez. Allí, agentes uniformados de la policía federal y municipal sacaron de la fila a todos los ciudadanos venezolanos y cubanos y les exigieron nuevamente sobornos de USD 100 por persona, mientras uno de ellos les decía: “Sabemos que están intentando llegar a la frontera”. Cuando Ángel se negó a pagar, esos mismos agentes lo detuvieron junto a su familia hasta el anochecer, los llevaron en una camioneta a un callejón abandonado y los amenazaron con que, si no pagaban USD 6 mil, los entregarían a un cartel.
Ángel dijo que no tenía esa cantidad de dinero, así que golpearon a su padre, rompieron las maletas de su familia para abrirlas y desparramaron su contenido por el suelo. La hermana de Ángel les entregó su cartera, en la que había USD 3 mil, todo el dinero que tenían para el viaje. Los agentes se fueron en la camioneta y, en el medio de la noche, la familia caminó hasta la frontera, donde comenzaron el proceso de asilo.
Mauricio contó que cuando llegó al aeropuerto de Cancún, en octubre de 2019, un agente de migración lo llevó a una sala y le exigió un soborno de USD 300 para ingresar al país. Accedió al pago, pero el funcionario desapareció y a Mauricio lo deportaron. En diciembre de 2019, volvió a intentarlo, esta vez volando hacia Ciudad de México, donde otro agente de migración le exigió un soborno de USD 500. Lo pagó y el agente le dio una visa para ingresar.
Entró al terminal principal, donde un grupo de policías lo detuvo y le hizo pagar un tercer soborno, de USD 400. Además, un agente tomó una fotografía de su pasaporte y de su tarjeta de embarque y se la envió a alguien. Al día siguiente, en la puerta de su vuelo hacia la frontera, tres policías se le acercaron y le hicieron pagar USD 300 más para evitar que lo deportaran. Al llegar a Ciudad Juárez, la policía lo interceptó por quinta vez y le exigió los USD 300 que le quedaban. “Para ellos solo somos un negocio”, dijo Mauricio.
Human Rights Watch solicitó al Instituto Nacional de Migración de México que le enviara la información con la que contara sobre señalamientos de agentes migratorios que hubieran extorsionado a migrantes, pero no ha recibido respuesta.
Secuestros y extorsión por grupos criminales
Yaneth y su esposo, Rafael, contaron que llegaron a Reynosa en autobús en agosto de 2019 y le pidieron a un taxista que los llevara a un conocido albergue para migrantes. En lugar de eso, el conductor los llevó a una casa abandonada, donde estaban secuestradas varias familias procedentes de Honduras, Cuba y El Salvador. Cuando los secuestradores se enteraron de que la pareja había venido a buscar asilo en EE.UU., les exigieron USD mil 500 como “comisión” para cruzar la frontera, y los amenazaron con matarlos si no pagaban. Luego de que realizaran el pago, los llevaron a un puente fronterizo. “Nunca denunciamos el secuestro a la policía”, dijo Yaneth. “Teníamos demasiado miedo”.
Josué contó que cuando él y su familia llegaron a Reynosa, ingresaron su nombre en la lista de metering, un sistema que limita la cantidad de personas que pueden solicitar asilo cada día en los puertos de entrada de EE.UU. Dos días después, mientras esperaban su turno en la lista para presentarse en la frontera para solicitar asilo, un hombre se les acercó en el vestíbulo del hotel y les dijo que trabajaba para el “dueño” del puente fronterizo y que debían pagar una “comisión” de USD 300 por persona para poder cruzar. El director de un albergue cercano para migrantes les dijo que si no pagaban o si le decían a la policía estarían en mayor peligro.
Josué pagó. Pero el hombre regresó días más tarde y le exigió USD 3 mil. La familia de Josué no tenía esa cantidad de dinero y le atemorizaba seguir esperando, así que decidieron cruzar el río nadando para llegar a EE.UU. Allí, las autoridades los detuvieron, recibieron su solicitud de asilo y los enviaron a Matamoros como parte de Quédate en México. Josué nunca denunció el delito porque, según señaló, “todos saben que los delincuentes manejan la frontera”.
Sin posibilidad de recurrir a las autoridades
La mayoría de los solicitantes de asilo entrevistados dijeron que habían sido víctimas de algún delito en México pero no lo habían denunciado a la policía, porque creían que las autoridades eran cómplices o porque temían que de hacerlo podrían convertirse blanco de otros delitos o de abusos por parte de funcionarios. Algunos individuos que intentaron denunciar delitos contaron que los rechazaron por ser extranjeros o porque las autoridades dijeron que los delitos contra migrantes eran “normales” y no se podía hacer nada.
Maykel contó que llegó a Reynosa en agosto de 2019 y un grupo criminal lo secuestró y lo extorsionó, exigiéndole una “comisión” de USD 2 mil para cruzar la frontera. Cuando lo enviaron a México en el marco de Quédate en México, denunció el delito ante la policía y dio su dirección y número de teléfono para que las autoridades pudieran darle seguimiento. Afirma que, en lugar de ello, varios policías empezaron a presentarse en el departamento donde estaba quedándose para extorsionarlo. Lo amenazaron con entregarlo a los carteles a menos de que pagara para recibir protección. Maykel tuvo que mudarse dos veces y cambiar de número de teléfono para evitar el hostigamiento policial.
Ángeles contó que tres hombres que ella creía eran miembros de una organización criminal la atacaron y la golpearon. Dijo que, cuando fue a la policía a presentar una denuncia, la dejaron esperando por horas. Finalmente, un agente le dijo extraoficialmente: “Aquí estás perdiendo el tiempo. Nadie te ayudará. La policía no quiere involucrarse con esas personas”, contó. Ángeles comprendió que “esas personas” se refería a grupos de delincuencia organizada, así que se fue.
Human Rights Watch solicitó información sobre cómo responden a denuncias de delitos contra migrantes los policías estatales y el Ministerio Público en los seis estados fronterizos. Las autoridades estatales de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas brindaron datos sobre denuncias de delitos contra migrantes, pero dijeron no tener registros de casos en los cuales migrantes habían sido rechazados al intentar presentar denuncias policiales y que se había dado la orden a funcionarios estatales de respetar los derechos humanos de todas las víctimas, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria. Los funcionarios de Nuevo León no respondieron.
Obstáculos para acceder a los servicios esenciales en México
Los solicitantes de asilo en el programa Quédate en México tienen derecho a acceder a servicios esenciales como educación pública y atención médica básica, así como a trabajar en México. En diciembre de 2018, México se comprometió a garantizar que quienes estén en el programa “gocen plenamente de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales de los cuales es parte el Estado mexicano, así como en la Ley de Migración”. En junio de 2019, cuando EE.UU. y México acordaron ampliar el programa, México reiteró su compromiso manifestando que ofrecería “oportunidades laborales”, acceso a “la salud y educación”, y “protección a sus derechos humanos”.
Casi todos los solicitantes de asilo entrevistados describieron obstáculos para el ejercicio de esos derechos.
Perdidos en una infinidad de agencias y documentos
Quienes son parte de Quédate en México tienen derecho a obtener un número de identificación nacional mexicano, conocido como CURP (Clave Única de Registro de Población). Los funcionarios de migración deben proporcionar una CURP a cada persona que ingrese al país en el marco del programa, pero algunos entrevistados manifestaron nunca haber recibido una.
Con un número de identificación nacional se puede acceder a educación pública y a ciertos servicios de salud básicos. Las personas también pueden usar la CURP para solicitar un número de identificación tributaria, conocido como RFC(Registro Federal de Contribuyentes), el cual es necesario para trabajar legalmente, y un número de seguro social, que se necesita para utilizar el sistema nacional de atención de la salud, el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social).
Falta de información y desinformación proporcionada por las autoridades
La mayoría de los entrevistados no sabían que tenían derecho a utilizar servicios públicos o a trabajar legalmente, ni cómo obtener los documentos necesarios para ello. En consecuencia, algunos de ellos no habían intentado obtener un trabajo formal, matricular a los niños en una escuela ni conseguir atención de la salud pública. Una mujer contó que, aunque todos los miembros de su familia habían recibido una CURP y un número de seguro social, los funcionarios les habían dado información errónea al decirles que no podían acceder a los hospitales, por lo que no habían intentado utilizar el sistema de salud pública. Algunos contaron que no habían podido obtener los documentos correctos, por lo cual empleadores o funcionarios públicos se habían negado a ofrecerles trabajos o acceso a servicios.
Andrea relató que llevó su hija de 11 años a un hospital público cuando se lastimó la cabeza. Sin embargo, el personal del hospital se negó a atenderla porque Andrea no tenía un documento de identidad mexicano ni un número de seguro social. Tuvo el mismo problema cuando intentó inscribir a su hija en la escuela pública. Andrea acudió a una oficina de migración para preguntar cómo podía obtener los documentos necesarios, pero los agentes allí presentes le dijeron que no podían ayudarla.
Cuando Ana Laura y sus hijos, de 19 y 12 años, fueron asignados a Quédate en México en octubre de 2019, no les dieron sus CURP. Ana Laura contó que, más tarde, cuando intentó denunciar que habían sido víctimas de extorsión, la policía los rechazó alegando que no podían presentar una denuncia si no tenían CURP. Cuando ella y su esposo intentaron solicitar la clave, los funcionarios de migración se negaron a ayudarlos argumentando que no sabían qué documentación darles a quienes estaban en el programa Quédate en México.
Algunos empleadores o funcionarios públicos incluso han rechazado a personas que tenían todos los documentos legales necesarios para trabajar o acceder a servicios públicos. La confusión a menudo surge del tipo de identificación que reciben quienes están en el marco de Quédate en México. En lugar de las tarjetas de visitante o residente con foto que reciben la mayoría de los residentes temporales, los solicitantes de asilo obtienen el mismo formato impreso sellado que se les otorga a los turistas (el Formato Migratorio Múltiple, FMM), el cual solo tiene validez por unos meses (generalmente, hasta la fecha de su próxima audiencia en EE.UU.) En reiteradas oportunidades, deben cambiar este formulario impreso por uno nuevo. La mayoría de quienes se encuentran en el programa han permanecido en él por al menos un año.
Israel recibió una CURP cuando él y su familia fueron asignados a Quédate en México en julio de 2019, y también solicitó y recibió un RFC y un número de seguro social. Aun así, contó que a su familia le habían negado atención médica en hospitales públicos en varias oportunidades. Lo mismo ocurrió cuando se postuló a trabajos. “Me pidieron que mostrara el permiso de residencia. Les mostré el papel que nos dan en la frontera, pero [me] dijeron que necesitaba una tarjeta de identidad”, afirmó.
Cuando Marcela, una ingeniera que llegó a México en diciembre de 2019 en el marco de Quédate en México, empezó a buscar trabajo en su especialidad, acudió a una feria de empleo y envió su currículum a numerosas empresas. Sin embargo, según contó, nadie le daba trabajo porque su visa nunca tenía validez mayor a unos pocos meses; es decir, hasta la siguiente cita en el tribunal migratorio de Estados Unidos. Un empleador le dijo que si quería conseguir trabajo tendría que desistir de su solicitud de asilo en EE.UU. y solicitar asilo en México.
Falta de acceso a servicios financieros
Nueve personas manifestaron que no podían trabajar porque los empleadores les exigían que abrieran una cuenta bancaria para cobrar el salario, pero no podían abrir una cuenta sin las tarjetas de identidad con foto emitidas por el gobierno mexicano cuando los extranjeros obtienen otro tipo de visas. Otras indicaron que algunos empleados de bancos o servicios de transferencia internacional de dinero se negaban a aceptar pasaportes venezolanos como documentos de identidad válidos.
Luego ser rechazado reiteradamente por empleadores que indicaban que no estaban dispuestos a contratar a nadie que formara parte del programa Quédate en México, Diego contó que encontró una empresa dispuesta a contratarlo. Pero cuando un banco rechazó el formato migratorio que tenía como prueba de su estatus legal en México y se negó a abrirle una cuenta para el cobro del salario, la empresa retiró la oferta de empleo.
Patricia, quien está en el programa desde junio de 2019, no trabaja porque teme dejar sola a su hija de tres años. Depende de las transferencias de dinero que le envía su esposo. Intentó abrir una cuenta bancaria para recibir las transferencias, pero, según dijo, los empleados del banco le exigieron una visa de residencia con una cédula de identidad con foto, la cual no tenía. Patricia ha tenido que pedirles a individuos que conoció en México que reciban las transferencias por ella.
Temor
Nathaly y sus tres hijos —de 10, 4 y 3 años— han estado esperando en México desde agosto de 2019. “Nos pasamos todo el tiempo encerrados”, contó. Incluso antes de la pandemia, no había inscrito a sus hijos en la escuela porque los “pondría en riesgo” de secuestro o trata. No ha buscado trabajo porque teme dejar solos a sus hijos. “Incluso si nos enfermáramos, lo pensaría muy bien antes de salir”, aseveró.
Sofía, quien ha estado esperando en México desde febrero de 2020, no ha intentado obtener tratamiento médico por un bulto en el seno debido a que ella y su esposo Hernán temen salir del departamento donde se están quedando. El temor a ser reconocidos como extranjeros y victimizados por quienes sospechan que pueden tener dinero —o que cuentan con familiares en el extranjero con dinero— también ha hecho que se abstengan de buscar empleo.
Human Rights Watch pidió información a las secretarías de Salud, Educación, Trabajo y Relaciones Exteriores de México sobre los obstáculos para acceder a servicios esenciales en México. El secretario de Salud respondió que las autoridades de Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila han hecho esfuerzos por brindar información sobre el acceso a atención médica a quienes forman parte de Quédate en México y que en esos estados se brindó atención médica a individuos sin ciudadanía mexicana en 157 mil oportunidades en 2019 y 2020. Las demás secretarías no respondieron.
Recomendaciones
Al gobierno de Estados Unidos:
- Poner fin a las expulsiones desproporcionadas y dañinas de solicitantes de asilo por razones de salud pública.
- Permitir que los solicitantes de asilo cuyos casos fueron desechados mientras estaban en el programa Quédate en México puedan volver a solicitar asilo en EE.UU.
- Dar instrucciones al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Patrol, CBP) para que considere debidamente las solicitudes de permiso humanitario (humanitarian parole) en los puertos de ingreso, las cuales permiten a individuos ingresar a Estados Unidos de forma temporal por razones humanitarias.
Al gobierno mexicano:
- Negarse a aceptar nuevas expulsiones de solicitantes de asilo desde EE.UU.
- Adoptar medidas para que se investiguen y se lleven ante la justicia a los responsables de delitos contra migrantes, incluyendo:
- Ordenar a policías y al Ministerio Público que permitan que cualquier persona denuncie un delito, independientemente de su situación migratoria, conforme lo exigen la legislación mexicana y el derecho internacional.
- Disponer que se lleven a cabo investigaciones independientes y transparentes sobre las denuncias de que policías y agentes de migración han estado implicados en la comisión de delitos contra migrantes.
- Asegurar que los migrantes que sean víctimas de delitos reciban información sobre cuáles son sus derechos, incluido el derecho a pedir una visa humanitaria prevista en el derecho mexicano.
Hasta que se permita a todas las personas que están en Quédate en México ingresar a Estados Unidos, el gobierno mexicano debería:
- Emitirles visas humanitarias u otras visas de residencia temporal con tarjetas de identidad con fotos.
- Cerciorarse de que reciban un número de identificación nacional (CURP), un número del seguro social y un número de identificación tributaria (RFC) válidos durante la totalidad de su estadía en México.
- Asegurarse de que se les brinde información sobre sus derechos, incluso sobre cómo trabajar de manera legal y acceder a la atención de la salud pública y educación. Esto debe incluir una explicación de lo siguiente:
- Qué documentos se necesitan para trabajar y cómo obtenerlos;
- Qué tipos de servicios públicos, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva, están disponibles para quienes se encuentran en el programa y cómo utilizarlos;
- Cómo inscribir a los niños y niñas en las escuelas; y
- Qué hacer si a alguien se le niega el acceso a servicios públicos.
- Asegurar que los funcionarios públicos, incluidos policías, trabajadores de la salud y administradores de escuelas públicas, entiendan que los solicitantes de asilo en el programa se encuentran legalmente en México y tienen derecho a acceder a servicios públicos.
Corrección: El informe indicaba erróneamente que el gobierno de Estados Unidos ha expulsado "a más de 400 mil migrantes" desde marzo de 2020. Ha sido corregido para aclarar que el gobierno de Estados Unidos ha expulsado migrantes "más de 400 mil veces" desde marzo de 2020, lo cual significa que el número de migrantes individuales que fueron expulsados puede ser mayor a 400 mil.
