El Congreso aprobó este viernes una reforma judicial conocida como “Ley Zaldívar”. La ley, impulsada por legisladores de Morena y por el presidente López Obrador, contiene una modificación de último minuto (artículo transitorio) que extiende por dos años el mandato del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.
Esta maniobra contraviene el texto expreso la Constitución y además socava la independencia judicial. Representa nada más ni nada menos que un atentado frontal al Estado de derecho. Zaldívar pudo haber agradecido amablemente los elogios presidenciales y, a su vez, rechazado en términos inequívocos y públicos esta reforma que daña la credibilidad del poder judicial. Lamentablemente la actitud de Zaldívar ha sido, en el mejor de casos, ambivalente.
El mencionado artículo es preocupante por varios motivos. En primer lugar, viola la Constitución y, por lo tanto, carece de toda legitimidad. La Constitución establece que cada cuatro años los miembros de la Suprema Corte elegirán a uno de ellos como presidente del tribunal y que ese ministro no podrá ser reelecto por otro período consecutivo.
Zaldívar fue elegido presidente de la Suprema Corte en enero de 2019 y su mandato dura cuatro años, hasta diciembre de 2022. La constitución no prevé que su mandato se pueda prorrogar. Todo intento de hacer lo contrario por parte del Congreso, el presidente o los miembros de la Suprema Corte es inconsistente con la Constitución.
Pero además esta disposición representa un descarado intento de López Obrador y Morena por controlar el sistema judicial. Zaldívar ha fallado en favor de López Obrador y sus aliados, incluso en algunas de las decisiones más controvertidas de la Corte. En octubre, por ejemplo, votó a favor de la propuesta de López Obrador de realizar un referéndum para decidir si debía investigarse penalmente por corrupción a todos los últimos expresidentes. Asimismo, Zaldívar ha experimentado abiertamente en el ámbito político, apoyando públicamente al presidente López Obrador cuando decidió darle asilo a ex miembros del gobierno de Evo Morales en la embajada de México durante la grave crisis política sufrida en Bolivia en 2019.
Como presidente de la Suprema Corte, Zaldívar también preside el Consejo de la Judicatura Federal, el órgano que rige el sistema judicial y que designa, remueve, asciende y aplica medidas disciplinarias a jueces federales. A su vez, el consejo puede consolidar múltiples causas en una sola, lo que en algunos casos podría utilizarse para ayudar al Gobierno a obtener resultados judiciales favorables. Como presidente del consejo, Zaldívar además define la agenda y prioridades de este organismo clave.
Además de Zaldívar, el consejo tiene otros seis miembros. Dos son designados por el Senado, controlado por Morena, uno directamente por AMLO, y otros tres elegidos por la Suprema Corte. Esto significa que mientras Zaldívar siga siendo presidente de la Suprema Corte y siga alineado con López Obrador, el presidente y su partido pueden contar con al menos cuatro de los siete votos del órgano que controla el sistema judicial.
Con cuatro votos, el consejo puede aprobar el retiro forzoso de los jueces. Con apenas un voto más, Morena tendría suficiente quórum designar, sancionar y remover jueces. Esto es especialmente preocupante, dado que López Obrador ha demostrado que la independencia judicial le importa poco. De hecho, hace solo un mes, el presidente solicitó públicamente al Consejo de la Judicatura investigar y sancionar a un juez que falló en su contra en una controversia relacionada con su propuesta de reforma del sector eléctrico.
Para proteger los derechos humanos y las libertades públicas, es vital que el poder judicial sea independiente y que sus decisiones se basen exclusivamente en las leyes vigentes y no en los caprichos del partido político en el poder. En el pasado, el propio Zaldívar insistió en la importancia de la independencia judicial y se manifestó en contra de expresidentes que intentaron interferir en decisiones judiciales. Su posición actual, mientras López Obrador y el oficialismo en el Congreso interfieren con la independencia de los tribunales, resulta deplorable.
