El presidente Jair Bolsonaro amenaza el sistema democrático en Brasil, señaló Human Rights Watch hoy, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Democracia. El mandatario ha intentado intimidar al Tribunal Supremo, indicado que podría cancelar los comicios de 2022 o negar de otro modo el derecho de los brasileños a elegir a sus representantes y violado la libertad de expresión de personas que criticaron su gestión.
El 7 de septiembre de 2021, en discursos durante actos en Brasilia y São Paulo, el presidente Bolsonaro atacó al Supremo Tribunal y advirtió que los brasileños “no pueden permitir” que se mantenga el sistema electoral actual y que “no puede haber elecciones que siembren dudas en los electores”, refiriéndose a alegaciones de fraude electoral sin presentar ninguna prueba. El Congreso rechazó una enmienda constitucional impulsada por el presidente Bolsonaro para reformar el sistema electoral en base a esas alegaciones.
Los discursos recientes del presidente Bolsonaro forman parte de un patrón de acciones y declaraciones que parecen orientadas a socavar derechos fundamentales, instituciones democráticas y el Estado de derecho en Brasil.
“El presidente Bolsonaro, ardiente defensor de la dictadura militar de Brasil, es cada vez más beligerante contra el sistema democrático de separación de poderes”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Emplea una combinación de insultos y amenazas para intimidar al Tribunal Supremo, que supervisa las investigaciones sobre su conducta, y por medio de acusaciones infundadas de fraude electoral parece estar preparando el terreno para intentar cancelar las elecciones del año que viene o rechazar la decisión de los votantes si no resulta reelecto”.
El Tribunal Supremo de Brasil se ha convertido en uno de los principales frenos a las políticas contra los derechos humanos que propugna el presidente Bolsonaro, incluyendo su intento de suspender, en la práctica, la ley sobre acceso a la información. En vez de respetar la independencia del sistema judicial, el presidente ha reaccionado con insultos y amenazas contra el Tribunal Supremo, dijo Human Rights Watch.
El 7 de septiembre, el presidente Bolsonaro dijo que no acataría ninguna decisión de Alexandre de Moraes, magistrado del Tribunal Supremo. El juez Moraes supervisa las investigaciones de la policía federal sobre si el presidente intervino de forma ilegal en los nombramientos internos de esa fuerza para favorecer sus intereses, si divulgó un documento secreto de la policía federal por razones políticas y si difundió información falsa sobre el sistema electoral.
En su discurso, el presidente Bolsonaro le dijo al magistrado Moraes que archivara esas investigaciones y advirtió al presidente del tribunal, Luiz Fux, que si no “castiga” a Moraes el sistema de justicia “podría sufrir algo que no queremos que pase”, sin explicar lo que eso sería.
Otra investigación en trámite, autorizada por otro magistrado del Tribunal Supremo, analiza si el presidente Bolsonaro cometió prevaricato en un caso de supuesta corrupción en la compra de vacunas contra el Covid-19.
El 8 de septiembre, el presidente del Tribunal Supremo respondió que insultar a los magistrados e incitar al incumplimiento de las decisiones judiciales “son prácticas antidemocráticas, ilícitas e intolerables”.
En una declaración por escrito del 9 de septiembre, luego de que su postura fuera criticada en el ámbito nacional e internacional, el presidente Bolsonaro dijo que nunca tuvo la intención de atacar a los otros poderes del Estado. Sin embargo, no se retractó de su acusación infundada de que el sistema electoral brasilero no es confiable, una afirmación que reiteró el 7 de septiembre.
Previamente, el presidente Bolsonaro había alegado, sin proporcionar evidencia alguna, que las últimas dos elecciones presidenciales fueron fraudulentas; incluyendo su propia elección, en la cual aseguró haber obtenido más votos que los registrados en el recuento final.
Brasil ha utilizado máquinas de votación electrónica que no están conectadas a internet desde 1996. El Tribunal Superior Electoral ha indicado que “no hay vestigio ni pruebas de fraude electoral” desde entonces. El 9 de septiembre, el Tribunal creó una comisión de transparencia, conformada por órganos públicos, representantes de la sociedad civil y expertos, para vigilar y auditar las próximas elecciones.
El 4 de agosto, el magistrado Moraes ordenó el inicio de una investigación sobre las acusaciones infundadas de fraude electoral realizadas por el presidente Bolsonaro. La investigación debe determinar si el presidente acusó falsamente a alguien de cometer un delito con fines electorales, incitó a la subversión del orden político y social, o cometió algún otro delito.
El presidente amenazó con reaccionar con medidas “fuera de los límites de la Constitución”. También solicitó al Senado que sometiera al magistrado Moraes a juicio político. Es la primera vez que se formula dicha petición desde el restablecimiento de la democracia en Brasil en 1985. El presidente del Senado rechazó el pedido.
El presidente Bolsonaro quiere que las máquinas de votación impriman un recibo del voto y lo coloquen automáticamente dentro de una urna. Luis Roberto Barroso, el magistrado del Tribunal Supremo que preside el Tribunal Superior Electoral, manifestó que la propuesta es “una solución arriesgada para un problema que no existe” y puede abrir la puerta al tipo de fraude que ocurría en Brasil cuando se utilizaban boletas impresas.
El presidente Bolsonaro ha respondido insultando en reiteradas oportunidades al magistrado Barroso, a quien ha acusado de pretender manipular la elección presidencial de 2022, en la cual Bolsonaro tiene planeado presentarse a la reelección.
En enero, el presidente Bolsonaro manifestó que, a menos de que se modifique el sistema electoral, Brasil tendrá “un problema peor que el de Estados Unidos”, donde alega que hubo fraude electoral en los comicios de 2020, una acusación falsa. Además, en julio advirtió: “Corremos el riesgo de no tener elecciones el año que viene”.
El 10 de agosto el Congreso rechazó su propuesta de utilizar votos impresos. Aún así, el 7 de septiembre, el presidente Bolsonaro dio a entender que no se podrán llevar a cabo elecciones si no se implementan los cambios que él promueve. Esa amenaza representa una afrenta al derecho de los brasileños a elegir a sus representantes, protegido por las normas internacionales de derechos humanos, señaló Human Rights Watch.
El presidente Bolsonaro suele alegar que defiende la “democracia”, pero sus declaraciones hacen cuestionar qué significa para él la “democracia”, dijo Human Rights Watch. El presidente Bolsonaro, excapitán del Ejército, es un defensor de la dictadura militar de Brasil (1964-1985), que se caracterizó por prácticas generalizadas de tortura y asesinato. Reinstauró la conmemoración del aniversario del golpe con el que se inició la dictadura, que su gobierno ha descrito como un “hito para la democracia brasileña”. Además, el presidente calificó de “héroe nacional” a un coronel ya fallecido que dirigió uno de los centros de tortura del régimen militar.
En abril y mayo de 2020, mientras el presidente Bolsonaro atacaba al Tribunal Supremo, sus partidarios organizaban actos en los que pedían un régimen militar y el cierre de esa corte y del Congreso.
El presidente Bolsonaro ha instalado en el gobierno a más de 6.000 miembros activos y jubilados de las Fuerzas Armadas, incluyendo en puestos clave de su gabinete. En reiteradas ocasiones ha dado a entender que las Fuerzas Armadas respaldan su gobierno. En un acto de mayo de 2020, manifestó: “Tenemos a las Fuerzas Armadas del lado del pueblo”. En un acto de enero de 2021, señaló, “Quien decide si un pueblo va a vivir una democracia o una dictadura son sus Fuerzas Armadas”.
Además, el presidente Bolsonaro ha violado la libertad de expresión, la cual es fundamental para una democracia plena. Ha bloqueado a personas que critican su gestión de las cuentas en redes sociales que utiliza para anunciar y discutir cuestiones de interés público.
Su gobierno ha pedido la apertura de investigaciones penales contra por lo menos 16 personas por comentarios críticos, como periodistas, académicos y políticos. Aunque muchos de esos casos han sido archivados sin imputación formal, esas medidas del gobierno envían el mensaje de que criticar al presidente puede resultar en persecución, señaló Human Rights Watch.
El derecho internacional protege el derecho al voto, la libertad de expresión y la independencia del poder judicial. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Brasil, establece que todos los ciudadanos deben gozar del derecho y la oportunidad de “[v]otar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas... que garantice[n] la libre expresión de la voluntad de los electores”.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, el organismo especializado independiente encargado de interpretar el PIDCP, ha manifestado que llevar a cabo “unas elecciones periódicas auténticas ... es un requisito indispensable para asegurar la responsabilidad de los representantes en cuanto al ejercicio de las facultades legislativas o ejecutivas que se les haya otorgado” y agregó que esas “elecciones deben ser libres y equitativas, y celebrarse periódicamente en el marco de disposiciones jurídicas que garanticen el ejercicio efectivo del derecho de voto”.
El PIDCP también protege el derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad “de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”. Y según los Principios básicos de la ONU relativos a la independencia de la judicatura, “los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”.
“Las amenazas del presidente Bolsonaro de suspender las elecciones y adoptar medidas ilegales en respuesta a las investigaciones contra él son irresponsables y peligrosas”, señaló Vivanco. “La comunidad internacional debería decirle claramente al gobierno de Bolsonaro que la independencia judicial significa que los tribunales no están sujetos a los caprichos del presidente”.
