(Washington, DC) – Las autoridades colombianas deben garantizar investigaciones independientes e imparciales en contra de los agentes de policía presuntamente responsables por el homicidio de siete manifestantes durante una protesta ocurrida en octubre de 2017, señalaron hoy Human Rights Watch y Robert F. Kennedy Human Rights al presentar una intervención ante la Corte Constitucional. Cuatro años después de la “masacre de El Tandil”, el caso continúa impune.
La intervención (escrito de amicus curiae) llama a la Corte Constitucional a garantizar que la investigación por estos homicidios, ocurridos en la vereda El Tandil, departamento de Nariño, se adelante en la justicia penal ordinaria—no en la justicia penal militar, donde se encuentra actualmente. El escrito también explica las obligaciones de Colombia de proteger y respetar el derecho a la asamblea pacífica, así como de asegurar los derechos de las víctimas a obtener justicia.
“La investigación sobre la masacre de El Tandil ha estado marcada por mentiras y demoras”, señaló Kerry Kennedy, presidenta de Robert F. Kennedy Human Rights. “Las autoridades colombianas deben transferir este caso a la justicia penal ordinaria y garantizar que exista una investigación independiente e imparcial”.
Cuando ocurrió la masacre, la Policía Nacional inicialmente señaló que los manifestantes habían muerto luego de que el Frente Oliver Sinisterra, un grupo armado que surgió de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lanzara “al menos cinco cilindros bomba” y luego “atacar[a] con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras” a manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad.
Un día después, la Defensoría del Pueblo visitó la zona y obtuvo testimonios de testigos que señalaron que el Frente Oliver Sinisterra no había atacado a los manifestantes y que, por el contrario estos “fueron atacados con arma de fuego por miembros de la Policía antinarcóticos”. Los testigos sostuvieron que “no hubo intervención de grupos armados” y la Defensoría señaló que no pudo encontrar evidencias de los efectos que producen las bombas cilindro.
En enero de 2019, la Fiscalía General de la Nación, que adelanta investigaciones en la justicia ordinaria, imputó por homicidio agravado a los comandantes de la Policía y del Ejército responsables de la operación. Un fiscal le dijo a Human Rights Watch en 2018 que él y sus colegas habían enfrentado dificultades para identificar a los autores materiales debido a que la policía demoró el acceso por parte de los investigadores a información sobre la operación.
En agosto de 2019, un juez de Nariño ordenó que el caso sea remitido a la justicia penal militar donde hasta ahora ha habido escasos avances, y ningún oficial ha sido llevado a juicio en relación con la masacre.
Los manifestantes de El Tandil estaban protestando contra la erradicación forzada de coca y las demoras en la implementación de planes previstos en el acuerdo de paz con las FARC para proveer asistencia económica y técnica a campesinos para que sustituyan sus plantaciones de coca por alimentos.
Los esfuerzos gubernamentales para adelantar estos planes siguen siendo lentos. En agosto de 2021, la Procuraduría General de la Nación, un organismo formalmente independiente del gobierno, señaló que los planes de sustitución de cultivos tenían “importantes retrasos” y “limitaciones presupuestales”.
En diciembre de 2020, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) señaló que el 98 por ciento de las más de 80.000 familias que se habían incorporado a los planes de sustitución de cultivos habían erradicado voluntariamente sus cultivos de coca. Sin embargo, el gobierno sólo había establecido “proyectos productivos” para el 7 por ciento de estas familias, aunque muchas otras habían recibido subsidios de corta duración.
Muchos campesinos plantan coca porque es el único cultivo rentable debido a los pobres mercados locales de alimentos y la falta de vías adecuadas y de títulos de propiedad formales sobre la tierra. En muchas comunidades remotas del país, donde la presencia de autoridades estatales a cargo de proteger a la población es escasa, muchos de estos campesinos plantan coca bajo presión por parte de grupos armados. En diciembre de 2020, el gobierno colombiano le dijo a Human Rights Watch que 47 personas involucradas en la sustitución de cultivos habían sido asesinadas desde 2019. Varios más han sido asesinados en 2021.
Las autoridades han acelerado los esfuerzos para erradicar coca de manera forzada y han adelantado planes para reinstaurar la aspersión de glifosato para la erradicación forzada de los cultivos, aunque esta política fue suspendida en 2015 debido a sus riesgos para la salud y el medioambiente. El glifosato es considerado una sustancia “probablemente cancerígena” por parte de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud.
En años recientes, las autoridades colombianas también han violado de forma reiterada los derechos humanos de manifestantes. Entre abril y junio de 2021, miembros de la Policía Nacional cometieron abusos brutales contra manifestantes mayoritariamente pacíficos durante protestas ocurridas en todo el país. Human Rights Watch documentó evidencias que vinculan a la policía en al menos 25 homicidios, decenas de casos de golpizas, cientos de detenciones arbitrarias y algunos casos de violencia sexual.
“Colombia debe tomar medidas urgentes para proteger los derechos de los manifestantes, así como de los campesinos vulnerables que frecuentemente cultivan coca bajo presión de grupos armados”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Garantizar justicia por la masacre de El Tandil sería un paso esencial, pero ello no ocurrirá mientras la investigación se encuentre en manos de la justicia penal militar”.
