Tras nuevas acusaciones de corrupción contra el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, la fiscal general Consuelo Porras emitió una nueva serie de órdenes de captura contra funcionarios de la institución que dirige, quienes habían estado investigando al presidente y a otros funcionarios de alto nivel. Algunos de ellos han sido detenidos, y otros han renunciado o huido del país. Este es el capítulo más reciente de ataques contra el Estado de derecho que, en los últimos años, han dejado a la democracia guatemalteca pendiendo de un hilo. Este año será decisivo para el futuro del país. La presión que ejerzan Estados Unidos y Europa será clave.
Sin duda, en Centroamérica sobran las crisis que ameritan la atención de la comunidad internacional. Daniel Ortega ha consolidado su control autocrático sobre Nicaragua, Nayib Bukele está empeñado en desmontar los pocos controles que quedan sobre su poder en El Salvador y muchos se preguntan si Xiomara Castro podrá sacar a Honduras de la crisis institucional y de criminalidad organizada que abruma al país. Guatemala podría pasar desapercibida en este contexto. Pero los desafíos que enfrenta el país son graves y urgentes.
Durante años, los líderes de Guatemala han debilitado el Estado de derecho y la democracia en un aparente esfuerzo por impedir el avance de la justicia en casos de corrupción generalizada que involucran a las más altas esferas del poder. En 2019, el entonces presidente Jimmy Morales expulsó a la comisión internacional respaldada por la ONU que investigaba casos de corrupción de alto nivel. Desde que Giammattei asumió la presidencia en 2020, ha trabajado con el Congreso y la actual fiscal general para obstaculizar las investigaciones que siguen en curso. Entre otras medidas, ha intentado destituir a los últimos jueces independientes que quedan en el país y nombrado aliados en la Corte de Constitucionalidad.
Este año, Guatemala designará tres figuras clave: el fiscal general, el procurador de los derechos humanos y el contralor general. Estos nombramientos podrían dar forma al panorama político, designando a aliados del Gobierno en puestos importantes antes de las elecciones presidenciales de junio de 2023.
La actual fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, ha utilizado su mandato para obstaculizar las investigaciones en casos de corrupción que implican a políticos de alto rango y ha empleado el sistema judicial para perseguir e intimidar a críticos del Gobierno, periodistas y jueces independientes.
En mayo, el presidente designará un nuevo fiscal general a partir de una terna creada por una comisión de postulación integrada por decanos de facultades de derecho, miembros del colegio de abogados y la presidenta de la Corte Suprema. Porras busca la reelección.
La Procuraduría de los Derechos Humanos probablemente sea la última institución gubernamental independiente que queda en pie en Guatemala. El procurador Jordán Rodas ha denunciado con valentía ataques contra la independencia judicial, la libertad de expresión y los defensores de derechos humanos. El Congreso, que elegirá a su reemplazo, ha intentado en reiteradas oportunidades limitar el presupuesto de su oficina, y varios legisladores han buscado destituirlo por motivos políticos, incluyendo el apoyo del procurador a los derechos de personas LGBT.
El contralor general, cuya oficina audita los fondos públicos, y quien también será designado por el Congreso, tendrá un papel importante frente a las elecciones presidenciales de 2023. Toda persona que desee postularse para un cargo público debe obtener un certificado del contralor, conocido en Guatemala como un “finiquito”, que confirma que no está siendo investigada por uso indebido de fondos públicos.
Algunos actores internacionales han tomado medidas limitadas para proteger el Estado de derecho en Guatemala. Estados Unidos y el Reino Unido han congelado los activos de un legislador y un operador político que fueron descubiertos interviniendo en postulaciones judiciales para evitar la rendición de cuentas por presuntos actos de corrupción. Y EE. UU. ha cancelado las visas de algunos operadores políticos y funcionarios de justicia, incluyendo la fiscal general. La UE y algunos gobiernos europeos, especialmente Suecia, han denunciado abusos en el país. Pero todas estas medidas no han sido suficientes para disuadir los ataques constantes contra el Estado de derecho.
Se puede y se debe hacer mucho más. En primer lugar, la UE debería unirse a EE. UU. e imponer sanciones a funcionarios guatemaltecos implicados en ataques al Estado de derecho. Algunos Estados miembros, en particular Italia y España, están frenando la respuesta de la UE. No deberían hacerlo.
En segundo lugar, EE. UU., el Reino Unido y la UE deben reconocer que los funcionarios que atentan contra el Estado de derecho a menudo están aliados con actores privados que se benefician de un sistema judicial politizado. Años de investigaciones han demostrado cómo algunos empresarios han actuado en connivencia con funcionarios corruptos para designar a simpatizantes en los tribunales, y cómo se han utilizado fondos obtenidos mediante corrupción y actividades criminales para financiar campañas electorales. Pero pocos empresarios corruptos han sido afectados por las sanciones. EE. UU., el Reino Unido y la UE deben dejar en claro que nadie que corrompa el Estado de derecho está exento de la posibilidad de sanciones. Ello incluye a los empresarios.
Giammattei y el sector empresarial piensan que tienen una carta ganadora contra EE.UU.: la migración. Giammattei aceptó con entusiasmo los pedidos de ayuda de la administración Biden para impedir que los migrantes transitaran por Guatemala para llegar a la frontera estadounidense. Pero la lógica estadounidense es contraproducente. La corrupción en Guatemala ha facilitado la violencia, afectado el sistema de salud y otros servicios básicos y debilitado la rendición de cuentas necesaria para la democracia, lo cual contribuye a la pobreza y a la falta de protecciones a los derechos que impulsan la migración.
La corrupción está ganando terreno en Guatemala y arrasando con los derechos humanos y el Estado de derecho a su paso. La necesidad de actuar es más urgente que nunca. Después de 2022, podría ser demasiado tarde.
