Las instituciones fueron puestas a prueba en octubre de 2019 cuando miles de personas salieron a protestar por el costo del transporte público. Los reclamos se ampliaron reflejando indignación generalizada por la desigualdad económica. La elección de una Convención Constitucional para redactar la nueva Constitución fue una respuesta democrática sólida a este malestar social.
La composición heterogénea de la Convención es un logro que aporta perspectivas que enriquecen las deliberaciones. Su éxito dependerá de si se redacta un contrato social que responda a las necesidades de la sociedad chilena y proteja derechos fundamentales.
Hay propuestas que sientan las bases para una sociedad más inclusiva y equitativa, por ejemplo al reforzar derechos económicos, sociales y culturales, y derechos de las mujeres y las comunidades indígenas.
Una prueba clave será en qué medida la nueva Constitución proteja la libertad de expresión, un pilar fundamental de la democracia.
La actual Constitución reconoce “la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio”. Pero el Código Penal contiene artículos que amenazan la libre expresión. El artículo 374 sanciona a quienes compartan canciones o escritos “contrarios a las buenas costumbres”, el 416 castiga expresiones “en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona” y el 412 penaliza la “imputación de un delito determinado pero falso y que pueda actualmente perseguirse de oficio”. Estas disposiciones imprecisas se han usado para intimidar, presionar y enjuiciar a individuos, incluyendo periodistas, por ejercer su libertad de expresión.
En septiembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que habría penalizado con hasta tres años de prisión a quien “justificare”, “aprobare” o “negare” violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura. En noviembre, el Tribunal Constitucional rechazó ese artículo por razones procesales.
En esta coyuntura, es preocupante que el 22 de febrero la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional aprobase una propuesta para prohibir “la negación o justificación de violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos”. Esto abre la puerta a criminalizar expresiones que, aun si son ofensivas, están protegidas por estándares de derechos humanos.
Negar abusos es indignante y supone una afrenta a las víctimas y a sus familiares, quienes tienen derecho a la justicia y a conocer la verdad sobre lo sucedido.
La mejor respuesta a declaraciones falsas no es prohibirlas. En democracia las expresiones falsas y ofensivas deben refutarse con información veraz y debates públicos.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos ratificados por Chile, disponen que las leyes sólo podrán limitar la libertad de expresión en la medida en que sea necesario y proporcionado para el respeto de los derechos o la reputación de otras personas, o “la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que interpreta y evalúa el cumplimiento con el Pacto, determinó que las “leyes que penalizan la expresión de opiniones sobre hechos históricos son incompatibles” con él.
El pleno de la Convención debería rechazar las disposiciones contra el negacionismo que propuso la Comisión de Derechos Fundamentales e ir más allá. Debería incluir protecciones sólidas a los derechos que propicien la derogación de artículos del Código Penal que violan la libertad de expresión.
En una región donde gobiernos de izquierda y de derecha están debilitando el Estado de derecho y garantías democráticas, las últimas elecciones presidenciales y el proceso de la Convención Constitucional distinguen a Chile como un modelo para la resolución de problemas a través de procesos democráticos. La Convención debería consolidar esta posición protegiendo el derecho fundamental a la libre expresión como parte de una hoja de ruta para una democracia fuerte.
