(Nueva York) – La policía ecuatoriana respondió a manifestaciones pacíficas en conmemoración del Día Internacional de la Mujer con un uso excesivo de la fuerza, que incluyó golpear a una periodista con un tolete y uso indiscriminado de gases lacrimógenos y gas pimienta, señaló hoy Human Rights Watch.
El 8 de marzo, cientos de mujeres en Ecuador salieron a las calles reclamando a las autoridades que protejan y garanticen sus derechos. Su objetivo era generar consciencia sobre la violencia de género en el país, donde han ocurrido 28 feminicidios en lo que va del 2022, según indica la organización de derechos de la mujer Fundación Aldea. Las manifestantes también dijeron que el presidente Guillermo Lasso debería aprobar una ley sancionada por la Asamblea Nacional en febrero, que garantizaría el acceso al aborto para las víctimas de violaciones sexuales.
“El presidente Lasso manifestó el 8 de marzo que su gobierno está trabajando para asegurar el bienestar de las mujeres y contribuir a una sociedad más justa y equitativa”, señaló Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch. “Debería comenzar asegurando la rendición de cuentas por los abusos policiales cometidos durante las marchas por el Día Internacional de la Mujer”.
El 15 de marzo, el presidente Lasso vetó parcialmente la ley sobre acceso al aborto y la envió de vuelta a la Asamblea Nacional, que tendrá 30 días para considerar las enmiendas propuestas, que reducen el alcance de la ley. El veto presidencial menoscaba el trabajo que han llevado a cabo la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo, así como el voto mayoritario en la Asamblea Nacional, para permitir que las mujeres y niñas ecuatorianas recuperen el control sobre sus vidas tras el trauma de la violencia sexual.
La Asamblea Nacional debería cumplir con su compromiso a proteger a las mujeres y niñas al mantener el texto actual, sin cambios, dijo Human Rights Watch.
Human Rights Watch verificó más de una docena de publicaciones de redes sociales y videos de Quito y Guayaquil difundidos en Twitter, Instagram y Youtube el 8 de marzo. Algunos muestran el uso de gases lacrimógenos y gas pimienta contra las mujeres que estaban manifestando, o a las manifestantes reaccionando ante el empleo de los mismos. Otros muestran a la policía usando líquido presurizado para dispersar a manifestantes. Algunos medios de comunicación publicaron señalamientos similares y reportaron que la policía golpeó a las manifestantes.
En Quito, Viviana Erazo, periodista del medio digital Wambra, estaba cubriendo la protesta cuando, según señaló, un policía la acorraló y la golpeó con un tolete. Erazo dijo a Human Rights Watch que luego fue rociada con gas pimienta cuando intentaba escapar. Erazo grabó el incidente, que fue publicado en la cuenta de Twitter del medio donde trabaja.
Estas denuncias condicen con un video publicado en Instagram, en el cual se ve a Erazo parada en una esquina, grabando la protesta con su teléfono, cuando un policía la golpea en la espalda con un tolete. Segundos más tarde, Erazo parece reaccionar ante el uso gas pimienta. En el video publicado en redes se escucha el sonido que emite el rociador al ser accionado.
En otro caso, una mujer denunció en Twitter que la policía las había golpeado a ella y a su hija de 23 años y las había rociado con gas pimienta. Publicó una foto de un hematoma en el lado izquierdo de su espalda en su cuenta de Twitter. Según dijo a un medio de comunicación, recibió el golpe mientras intentaba proteger a su hija de la policía, que estaba lanzando gases.
En otro video grabado en Quito, se ve a la policía lanzando líquido presurizado contra manifestantes a pocos metros de distancia. Esto coincide con una fotografía de un policía cargando el tanque presurizador. La presión del líquido causa escozor en las personas que reciben el impacto.
La activista Valeska Chiriboga, que participó de las protestas de Guayaquil, contó a Human Rights Watch que la policía había usado gases contra las manifestantes. Dijo que más de 40 mujeres presentaron síntomas como vómitos, picazón y ardor en los ojos.
En ninguna de las dos ciudades fue posible discernir con claridad en el momento por qué había restringido las marchas la policía. Human Rights Watch verificó informes en medios y videos publicados en redes sociales en los que se ve a policías con escudos, caballos y motocicletas bloqueando calles en el centro de Quito para impedir que las manifestantes lleguen a la plaza principal frente el Palacio Presidencial. La policía indicó que las manifestantes no podían ingresar a la plaza, refiriéndose a ella como una “zona de acceso restringido”.
En Guayaquil, los policías le dijeron a las manifestantes que estaban bloqueando las calles. Activistas por los derechos de las mujeres dijeron a Human Rights Watch y a medios de comunicación que la policía no les permitía avanzar a pesar de que, según afirmaron, las autoridades locales habían autorizado la marcha. Más tarde, les fue permitido continuar con los eventos programados, con modificaciones a los recorridos y lugares de la marcha.
La secretaria de derechos humanos, Bernarda Ordóñez, manifestó su solidaridad con las mujeres, denunció los incidentes e instó a que fueran investigados. Ninguna otra autoridad criticó el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.
El uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes de las fuerzas de seguridad ecuatorianas no es un fenómeno nuevo. Durante las protestas que iniciaron el 3 de octubre de 2019, la policía ecuatoriana utilizó fuerza indiscriminada, provocando lesiones oculares a manifestantes al lanzarles gases lacrimógenos de forma directa y desde muy poca distancia, o causando asfixia al lanzar estos gases en espacios cerrados. El 14 de mayo de 2020, policías en Guayaquil utilizaron fuerza excesiva y golpearon e hirieron a manifestantes que protestaban de manera pacífica contra la gestión de la pandemia de Covid-19.
Ecuador necesita una ley que regule el uso legal, proporcional, adecuado y necesario de la fuerza con base a los estándares internacionales de derechos humanos, afirmó Human Rights Watch. Una ley de ese tipo debe cumplir con los criterios expuestos en una sentencia de la Corte Constitucional adoptada el 6 de mayo de 2021.
Conforme al derecho internacional de los derechos humanos, las autoridades solo deben restringir las manifestaciones pacíficas cuando dichas medidas resulten necesarias y proporcionales y sean el medio menos restrictivo para el logro de un objetivo legítimo. Independientemente de si las autoridades consideran que las protestas son ilícitas, no deben usar la fuerza para dispersarlas, salvo como medida de último recurso para responder a una amenaza genuina.
