(Washington D.C.) – El amplio régimen de excepción adoptado en El Salvador en nombre de la seguridad pública ha suspendido una serie de derechos básicos, lo cual abre la puerta a que se cometan violaciones de derechos humanos, señaló hoy Human Rights Watch.
El 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa declaró un “régimen de excepción” que suspende por 30 días los derechos a la libertad de asociación y reunión y la privacidad de las comunicaciones, así como varias garantías al debido proceso. El presidente Nayib Bukele solicitó la suspensión para abordar un incremento de la violencia cometida por pandillas. Luego de la votación, el gobierno realizó una serie de anuncios que ponen en riesgo múltiples derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad, al debido proceso y a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
“El gobierno del presidente Bukele debe tomar medidas serias, sostenibles y respetuosas de los derechos humanos pare frenar la atroz violencia que ejercen las pandillas en El Salvador”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch. “Pero en lugar de proteger a los salvadoreños, este amplio régimen de excepción es una receta para el desastre que pone en riesgo sus derechos”.
En los últimos meses, los legisladores que apoyan a Bukele en la Asamblea Legislativa han cooptado la Corte Suprema, reemplazado al fiscal general por un aliado del gobierno y aprobado leyes para destituir a cientos de fiscales y jueces de tribunales inferiores. El Salvador hoy prácticamente no cuenta con instituciones independientes capaces de fiscalizar al poder ejecutivo, señaló Human Rights Watch.
El decreto que establece el régimen de excepción se basa en el artículo 29 de la Constitución de El Salvador, que permite a la Asamblea Legislativa suspender ciertos derechos constitucionales en circunstancias extremas, tales como una invasión extranjera o “graves perturbaciones del orden público”. El plazo de 30 días puede prorrogarse una sola vez por el mismo período.
El 26 de marzo, El Salvador registró la alarmante cifra de sesenta y dos homicidios, aparentemente cometidos por pandillas, lo cual constituyó la mayor tasa diaria de homicidios en varios años, según información oficial. Esa noche y la mañana siguiente, Bukele solicitó a la Asamblea Legislativa que declarara el régimen de excepción y ordenó el aislamiento absoluto de los presos en sus celdas.
La Asamblea Legislativa suspendió los derechos constitucionales a la libertad de asociación y reunión, la inviolabilidad de las comunicaciones, el derecho a ser informado sobre el motivo de una detención, a guardar silencio y a la representación legal, y el requisito de presentar a cualquier persona detenida ante un juez en las 72 horas posteriores a su detención.
Las autoridades salvadoreñas no han detallado qué medidas adoptarán en relación con el “régimen de excepción”. El presidente Bukele tuiteó que las medidas “serán implementadas por las instituciones pertinentes” y “anunciadas solo cuando sea necesario”. En los últimos meses, Bukele y los legisladores que lo apoyan en la Asamblea Legislativa han adoptado medidas para socavar el acceso a la información pública en el país.
Bukele anunció que las personas podrían continuar estudiando y asistiendo a eventos religiosos y deportivos, “a menos que usted sea pandillero o las autoridades lo consideren sospechoso”, sin especificar qué sería considerado un comportamiento “sospechoso” o evidencia de pertenencia a una pandilla.
Bukele también anunció medidas de “máxima emergencia” en las cárceles del país y ordenó a las autoridades penitenciarias mantener las celdas cerradas las 24 horas del día. “Nadie sale ni al patio”, tuiteó, al tiempo que envió “un mensaje a las pandillas” sugiriendo que los reclusos estaban siendo sancionados por las acciones de los pandilleros fuera de la prisión.
El 28 de marzo, Bukele tuiteó que “tenemos 16.000 ‘homeboys’ en nuestro poder. Aparte de los 1.000 arrestados en estos días. Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol. PAREN DE MATAR YA o ellos la van a pagar también”. El tuit hacía referencia a que, según Bukele, hay 16.000 detenidos considerados miembros de pandillas en las cárceles del país y otras mil personas han sido detenidas desde el aumento reciente de homicidios.
Castigar a los reclusos por las acciones cometidas por personas fuera de la prisión es una forma de castigo colectivo que viola múltiples derechos humanos, y el trato hacia los reclusos descrito por Bukele puede constituir un trato cruel, inhumano y degradante, señaló Human Rights Watch. Privar a los reclusos de ropa, luz, ropa de cama, acceso al aire libre, alimentos y agua adecuados también es incompatible con los estándares internacionales sobre el trato a los detenidos.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, tuiteó que la Fiscalía está realizando una “cacería” contra los miembros de las pandillas. Además, la policía informó que ha arrestado a más de 1.400 presuntos miembros de pandillas que, según la policía, son responsables por la reciente ola de homicidios.
La policía tuiteó fotos de decenas de personas detenidas acusándolas inequívocamente de cometer delitos, incluso antes de que muchas de ellas fueran presentadas ante un tribunal. La Asamblea Legislativa ha dicho que el régimen de excepción permite a la policía extender el período para presentar a un detenido ante un juez para que los fiscales puedan “recabar pruebas”.
“La estrategia del gobierno de Bukele parece ser ‘primero arrestar, luego twittear y después investigar’”, dijo Taraciuk.
Bukele también tuiteó que las fuerzas de seguridad deben “dejar que los agentes y soldados hagan su trabajo y deben defenderlos de las acusaciones de quienes protegen a los pandilleros”. Además, agregó que “[el gobierno] estar[á] pendiente de los jueces que favorezcan delincuentes”. Estos mensajes envían una señal peligrosa a las fuerzas de seguridad de que estarán protegidos de la rendición de cuentas en caso de cometer abusos y parecen estar diseñados para intimidar a jueces independientes, dijo Human Rights Watch.
El aumento de la violencia de las pandillas se produce después de una disminución sustancial en las tasas de homicidios durante el gobierno de Bukele. En septiembre de 2020, el medio digital El Faro reveló que el gobierno había negociado con pandillas para conceder privilegios carcelarios a algunos de sus miembros a cambio del compromiso de reducir la tasa de homicidios y apoyar al partido político de Bukele en las elecciones legislativas de febrero de 2021. En diciembre de 2021, el gobierno de EE. UU. acusó al gobierno de Bukele de llevar a cabo “negociaciones encubiertas” con MS-13, la pandilla más grande del país, y sancionó a dos funcionarios salvadoreños que, según dijo, habían participado en las negociaciones.
Bukele negó las acusaciones y, poco después del informe de El Faro, anunció una investigación contra el medio por presunto “lavado de dinero”, que no respaldó con pruebas. El fiscal general Delgado, quien asumió el cargo en mayo de 2021, desmanteló una unidad que investigaba las presuntas negociaciones entre el gobierno y las pandillas y, meses después, la Fiscalía allanó las oficinas de los fiscales que habían realizado estas investigaciones.
El derecho internacional permite a los países derogar o suspender temporalmente algunas de sus obligaciones en materia de derechos humanos en circunstancias sumamente limitadas, que no parecen aplicar al caso actual en El Salvador, dijo Human Rights Watch.
Con arreglo al artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que El Salvador ha ratificado, los gobiernos pueden suspender algunas de sus obligaciones bajo el Pacto “en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación." Las suspensiones deben ser solo aquellas “estrictamente limitada[s] a las exigencias de la situación”. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que se encarga de brindar interpretaciones autorizadas del Pacto, ha dejado en claro que los estados de emergencia no pueden utilizarse como justificación para violar normas imperativas del derecho internacional; por ejemplo, mediante privaciones arbitrarias de la libertad o apartándose de los principios fundamentales de un juicio justo.
Asimismo, el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos permite a los gobiernos suspender algunas obligaciones en caso de “guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad”, siempre que tales medidas sean estrictamente necesarias para hacer frente a las exigencias de la situación y siempre que tales disposiciones sean consistentes con otras obligaciones del derecho internacional.
Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas (“Reglas Mandela”) proporcionan estándares básicos para el tratamiento de los reclusos, incluyendo los requisitos mínimos respecto al acceso al aire libre para hacer ejercicio y ropa, alimentos y ropa de cama adecuados. Señalan que la ropa de los reclusos no debe ser degradante ni humillante. Varios tratados, incluida la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, prohíben los tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.
