El 18 y 19 de octubre, un comité de expertos internacionales en derechos de la mujer examinará los avances conseguidos por Honduras en la implementación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), un tratado internacional que promociona los derechos de mujeres y niñas en el mundo.
En el período previo al examen, Human Rights Watch presentó al comité documentos sobre el impacto nefasto de las prohibiciones absolutas al aborto y la anticoncepción de emergencia que rigen en Honduras, así como de la discriminación y la violencia endémica contra mujeres y niñas, en particular mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero (LBT).
En el mes de junio, a través de una carta, Human Rights Watch también exhortó a la presidenta Xiomara Castro a que pusiera fin a esos abusos. En respuesta, el gobierno asumió el compromiso de defender los derechos sexuales y reproductivos y fortalecer las investigaciones sobre violencia contra las mujeres.
El examen por la CEDAW ofrecerá al gobierno de la presidenta Castro una evaluación especializada independiente sobre qué medidas pueden adoptarse para proteger mejor los derechos de las mujeres y las niñas. El gobierno debería usar las recomendaciones del comité para formular políticas concretas que reivindiquen esos derechos.
En Honduras existe un problema extendido de violencia contra mujeres y niñas. Dado que el aborto es ilegal en todas las circunstancias, las mujeres y niñas que han experimentado violencia sexual podrían verse obligadas contra su voluntad a continuar con un embarazo no deseado, lo cual perpetúa el ciclo de violencia que enfrentan las mujeres y niñas.
En su examen de Honduras que llevó a cabo en 2016, el Comité CEDAW instó al gobierno a despenalizar el aborto, y señaló que su prohibición provocó que mujeres y niñas procuraran obtener abortos inseguros y generó un aumento de la mortalidad materna.
La discriminación y la violencia de género endémicas, así como la impunidad de esos abusos, obligan a numerosas mujeres y niñas, en particular personas LBT, a irse de sus hogares y convertirse en desplazadas internas o pedir asilo en el extranjero. El Comité ha señalado anteriormente que el desplazamiento puede agravar las violaciones de los derechos de mujeres y niñas y ha instado a Honduras a que aborde las condiciones de violencia que lo generan.
Durante su campaña electoral, la presidenta Castro se postuló al cargo con la promesa de proteger los derechos humanos. Su gobierno debe honrar esa promesa expresado un compromiso inequívoco durante el examen de la CEDAW de proteger los derechos de las mujeres y niñas hondureñas a la salud y a una vida sin violencia ni discriminación. Ninguna persona debería vivir atemorizada debido a su identidad de género u orientación sexual.
