El presidente estadounidense, Joe Biden, ha vuelto a recurrir a políticas de disuasión ineficaces y letales en la frontera suroeste de Estados Unidos, al proponer la semana pasada una normativa que los grupos de defensa de los derechos han calificado de “prohibición de asilo” por su desmesurada limitación del acceso a la protección. El nuevo plan migratorio entraría en vigor tras un periodo de comentarios públicos de 30 días.
A través de su “presunción de inelegibilidad de asilo para ciertos no ciudadanos”, la normativa de Biden combina una versión de la “prohibición de tránsito a terceros países” del expresidente Donald Trump –una política contra la que Biden hizo campaña en su momento y que un juez federal declaró ilegal— con restricciones de asilo adicionales, incluida la expansión de lo que es en la práctica un sistema de medición electrónica (metering). Un juez federal estadounidense dictaminó que la medición es ilegal porque viola el derecho al debido proceso, y que esta práctica también viola las normas internacionales que protegen a los solicitantes de asilo.
La política permitiría al gobierno de Biden seguir devolviendo a la mayoría de las personas que buscan protección en la frontera sur de EE.UU., ya sea a sus países de origen o a México, a menos que ya hayan solicitado asilo y se les haya denegado en México o en otro país por el que hayan viajado de camino a la frontera. La política crearía una excepción para las personas solicitantes de asilo que esperan en México durante varios meses mientras intentan obtener un número limitado de citas en la frontera. Estas citas solo estarían disponibles a través de una aplicación para teléfonos móviles dependiente de Internet e intrusiva con la intimidad, utilizada por Aduanas y Protección Fronteriza denominada CBP One, cuya tecnología de reconocimiento facial ha demostrado reforzar la discriminación racial en la aplicación de la ley y ha disparado la separación familiar.
Medir a los solicitantes de asilo, u obligarles a esperar para solicitar asilo, es ilegal por una buena razón. Cuando los solicitantes de asilo son rechazados o se les hace esperar en peligrosas ciudades fronterizas mexicanas, se enfrentan a graves abusos a manos de organizaciones criminales, como el secuestro, la extorsión, la violencia física y la agresión sexual.
La difícil situación de los solicitantes de asilo es a menudo urgente y debe defenderse su derecho a buscar protección en cualquier lugar de la frontera. El mes pasado, sin ir más lejos, un joven haitiano murió mientras esperaba su cita con CBP One.
Asimismo, cuando a los solicitantes de asilo se les deniega injustamente la protección y son deportados al peligro, como ocurrirá si esta política entra en vigor, pueden sufrir persecución, tortura y muerte.
Biden debería poner fin inmediatamente al uso de CBP One y dejar de expandir y revivir políticas abusivas de la era Trump como la medición. Todos los migrantes que llegan, independientemente de cómo entren en Estados Unidos, tienen derecho a solicitar asilo de acuerdo con la legislación estadounidense. En su lugar, Biden debería ampliar los procesos seguros para incluir a las personas que huyen de los efectos nocivos del cambio climático, que regresan a lugares de EE.UU. donde residieron durante muchos años o que se reúnen con su familia.
