(Washington, D.C.) - El Congreso Nacional de Honduras debe acatar los requisitos constitucionales para garantizar la transparencia y la integridad en el nombramiento del Fiscal General y el Fiscal General Adjunto, dijeron hoy WOLA, LAWG, DPLF, RFKHR, CEJIL y HRW.
La Constitución hondureña exige que el Fiscal General y el Fiscal General Adjunto, que el Congreso debe nombrar el 1 de septiembre, sean seleccionados de entre cinco candidatos presentados por una Junta Proponente. El nombramiento del actual Fiscal General, en 2018, violó este requisito.
La autonomía e independencia del Ministerio Público es esencial para garantizar el acceso a la justicia y hacer frente a la impunidad estructural que enfrenta Honduras. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el papel del Fiscal General es "esencial para el acceso a la justicia, la garantía del Estado de Derecho, la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos".
La impunidad, la corrupción y la falta de acceso a la justicia en Honduras es alta, por lo que el papel de la Junta Proponente es particularmente crucial para asegurar que los candidatos sean honorables, independientes y capaces de enfrentar los retos del país. En este sentido, es importante que la Junta Proponente aplique criterios objetivos de evaluación, divulgue de manera pública y transparente los requisitos y criterios de selección, y permita el control ciudadano y la participación de la sociedad civil, de acuerdo a los estándares internacionales.
La posible instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH), respaldada por la ONU, depende de que el sistema de justicia hondureño mantenga condiciones básicas de independencia y compromiso en la lucha contra la corrupción. Sin ello, no hay garantía de que el Estado hondureño pueda desmantelar las redes ilícitas que han cooptado la institucionalidad democrática y afectado la gobernabilidad del país.
Para la construcción de un verdadero Estado de Derecho, este proceso electoral debe realizarse libre de injerencias indebidas, para garantizar que aquellos actores políticos del Congreso Nacional bajo investigación por corrupción u otros actos ilícitos no se involucren en el proceso.
Organizaciones firmantes:
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación del Debido Proceso (DPLF)
Human Rights Watch (HRW)
Latin America Working Group (LAWG)
Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
