(Washington D.C.) - El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador es un atentado contra la democracia y evidencia la grave crisis de violencia en el país, señaló hoy Human Rights Watch.
El 9 de agosto de 2023, un sujeto armado disparó contra Villavicencio cuando este salía de un acto de campaña electoral en Quito, la capital del país, días antes de las elecciones presidenciales del 20 de agosto. Villavicencio, periodista y ex asambleísta, tenía un largo historial de exponer actos de corrupción, violaciones de derechos humanos y abusos por parte del crimen organizado. La fiscalía general informó que un sospechoso resultó herido durante enfrentamientos con la policía y murió poco después. Otras seis personas fueron detenidas. Villavicencio había denunciado amenazas de Los Choneros, un grupo de delincuencia organizada que, según él, está asociado con la organización narcotraficante mexicana cártel de Sinaloa.
“El asesinato de Fernando Villavicencio es un llamado de atención urgente para la democracia ecuatoriana”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “El aumento del crimen organizado está poniendo en peligro la vida de los ecuatorianos y sus instituciones. Se necesitan políticas de seguridad urgentes y respetuosas de los derechos humanos para proteger a los ecuatorianos de manera efectiva”.
Entre 2021 y 2022, la tasa de homicidios de Ecuador aumentó de 13,7 a más de 25 por cada 100.000 habitantes. Esta es la tasa de homicidios más alta de la historia de Ecuador y es significativamente superior a la media mundial de 6 por cada 100.000 habitantes. Se espera que la tasa de homicidios de Ecuador aumente aún más este año.
Dos grandes pandillas—los Choneros y los Lobos—operan en Ecuador, en alianza con narcotraficantes colombianos, mexicanos y albaneses. Las pandillas están luchando por control territorial y han aumentado sus actos de violencia.
Las autoridades y los medios de comunicación han denunciado casos en los que personas han sido decapitadas y desmembradas, atentados con explosivos y asesinatos de jueces, fiscales, periodistas y otros candidatos a cargos públicos. El 23 de julio, hombres armados mataron a Agustín Intriago, alcalde de la ciudad costera de Manta.
Dos de cada tres ecuatorianos no se sienten seguros al caminar solos por la noche, según una encuesta sobre seguridad realizada en 2022 por Gallup, una empresa de análisis global. Este es el peor resultado de todos los países latinoamericanos encuestados. La Policía Nacional informó haber recibido alrededor de 5.000 denuncias de extorsión entre enero y diciembre de 2022, la cifra más alta de la historia reciente. Las denuncias de extorsión casi se han duplicado en lo que va de 2023. Entre las víctimas se encuentran propietarios de pequeños negocios, transportistas y trabajadores de la salud, entre otros.
Las pandillas también controlan varias prisiones, según investigaciones de Human Rights Watch. En los últimos años, más de 600 personas han muerto en masacres ocurridas en las cárceles.
En respuesta a la ola de violencia, el presidente Guillermo Lasso ha declarado una serie de estados de excepción en algunas ciudades del país, suspendiendo los derechos constitucionales. El gobierno también ha desplegado al ejército y ha llevado a cabo redadas en las cárceles. Tras el asesinato de Villavicencio, Lasso amplió el estado de excepción a todo el país.
El gobierno debería implementar políticas de seguridad y justicia respetuosas de los derechos y abordar las causas de la criminalidad, incluyendo los altos niveles de pobreza y exclusión social, señaló Human Rights Watch. Es crucial impulsar procesos penales estratégicos enfocados en los abusos más violentos, en particular los cometidos por altos miembros de las pandillas o agresores recurrentes, y en cortar sus redes de financiación, apoyo político y suministro de armas.
Las autoridades deben tratar de reducir de forma permanente el poder de los grupos de delincuencia organizada. Entre otras medidas, deben considerar enfoques alternativos a su política de drogas a fin de reducir la rentabilidad del tráfico.
“Los continuos estados de excepción no han hecho que los ecuatorianos estén más seguros”, dijo Goebertus. “El gobierno necesita poner en marcha una política de seguridad eficaz y legítima que proteja a sus ciudadanos y que busque desmantelar a los grupos de delincuencia organizada”.
