El 30 de agosto, la Suprema Corte de México despenalizó el aborto en el estado de Aguascalientes, convirtiéndolo en el duodécimo estado mexicano en eliminar las sanciones penales por aborto. El avance hacia la despenalización en México comenzó en 2007, cuando la Ciudad de México aprobó la primera ley de despenalización del aborto del país. Fueron necesarios 12 años para que le siguiera un segundo estado, Oaxaca. Si bien durante un tiempo el progreso pareció lento, 10 estados más han despenalizado el aborto en los últimos 3 años. Este cambio positivo se debe en gran medida a la visión y perseverancia de la sociedad civil mexicana.
Aunque la mayoría de los estados despenalizaron el aborto mediante cambios en la legislación local, Aguascalientes, así como el estado de Coahuila, se diferencian en que el cambio se produjo a través de un fallo de la Suprema Corte. Cinco organizaciones de la sociedad civil –GIRE, CECADEC, Cultivando Género, Morras Help Morras y TERFU A.C.– impugnaron la prohibición del aborto en el código penal de Aguascalientes. La Suprema Corte consideró que la prohibición violaba el derecho a la autonomía reproductiva, el derecho a la salud y el derecho a la igualdad y no discriminación, entre otros derechos, y confirmó la obligación del Estado de brindar servicios de aborto.
Estos esfuerzos de litigio requieren mucho tiempo –entre otras razones, porque las leyes de cada estado deben ser impugnadas una por una–, pero las impugnaciones exitosas de las leyes en Aguascalientes y Coahuila son precedentes importantes. Como señalan las cinco organizaciones que presentaron el recurso legal: “Este logro nos acerca a la despenalización del aborto en todo el país”.
El fallo de la Suprema Corte invalida la parte del código penal del estado que penaliza el aborto autoinducido o consensual y reitera que ninguna mujer o persona con capacidad gestacional, ni personal de salud puede ser procesado por aborto.
Este fallo también nos recuerda la importancia de un poder judicial independiente para salvaguardar los derechos y la colaboración entre los grupos de la sociedad civil locales y nacionales para lograr estas victorias. La “marea verde” mexicana, como parte de un movimiento latinoamericano más amplio, ilustra el poderoso impacto de esta coordinación. Esta fuerza feminista rechaza el autoritarismo, defiende la democracia, exige derechos y denuncia abusos y violencia contra mujeres y niñas en todo el mundo.
Aguascalientes tiene ahora la importante tarea no solo de modificar su código penal, sino también de fortalecer los servicios de salud para garantizar el acceso a los servicios de aborto para todas las personas.
