Los préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) están empeorando la vida de muchas personas en todo el mundo.
En principio, la institución financiera mundial debería hacer lo contrario. Al funcionar como un banco para los gobiernos nacionales, el FMI reúne el dinero de 190 países y actúa como "prestamista de última instancia" para los gobiernos que tienen graves problemas de deuda. La intención es que el país se recupere financieramente.
No es de extrañar que estos préstamos vengan con condiciones, pero lo que puede sorprender a algunos es lo poco razonables que pueden ser estas condiciones y el impacto desigual que tienen en la sociedad. En la mayoría de los casos, imponen una austeridad brutal a la población, reduciendo el gasto público en servicios públicos y/o aumentando los impuestos regresivos de forma tan rotunda que violan los derechos de muchas personas.
Tomemos el caso de Pakistán. Un acuerdo de 2022 entre el FMI y Pakistán exige al gobierno, entre otras cosas, poner fin a las subvenciones a la energía y los combustibles y aumentar los impuestos. El resultado ha sido una subida de los precios de la electricidad y el combustible, la inflación y la depreciación de la moneda, todo lo cual afecta con mayor dureza a los más pobres. Millones de paquistaníes se ven así obligados a tomar decisiones difíciles.
Un conductor de rickshaw de 47 años de Lahore dijo a Human Rights Watch: " O consigo medicinas (insulina) para mi diabetes o pago para que mi hija vaya a la escuela o mantengo encendida la luz en mi casa. Sólo puedo hacer una de las tres cosas. El FMI debería venir a ver cómo me las arreglo".
La conexión con los derechos humanos es clara. Los derechos de las personas a la educación, la atención sanitaria, la alimentación, etc., se ven afectados negativamente por las condiciones de estos préstamos del FMI.
Las instituciones financieras internacionales y los gobiernos tienen la obligación a nivel mundial de actuar de otro modo en materia de derechos humanos. Deberían responder a las crisis económicas protegiendo los derechos, no pisoteándolos.
Otra forma de verlo es la siguiente: mientras que son los políticos acomodados los que han endeudado a un país, cuando llega el momento de solucionar el problema, son los más pobres y vulnerables los que tienen que pagar el precio.
Y aquí está el truco: la propia investigación del FMI indica que estos programas de austeridad generalmente no funcionan como se pretendía. En su mayor parte, estas "consolidaciones fiscales" -término vinculado a las medidas de austeridad- "no reducen los índices de deuda, en promedio". Por tanto, ni siquiera son eficaces para reducir la deuda, que es su principal objetivo y la razón por la que tanta gente está sufriendo.
Para ser justos, el FMI ha intentado a en ocasiones mitigar el impacto de las medidas de austeridad. Pero la mayoría de estos esfuerzos se han basado en estereotipos anticuados sobre la pobreza, como señalamos en Jordania hace unos meses.
Como dice mi colega Sarah Saadoun, experta en el tema, "el experimento del FMI de intentar compensar el daño causado por los programas de austeridad sencillamente no está funcionando".
El FMI necesita volver a la mesa de trabajo. Es preciso un nuevo enfoque, que parta del objetivo de hacer realidad los derechos económicos y sociales. Que sus políticas fluyan a partir de ahí.
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