La 28ª Conferencia anual de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) reunirá a los Estados partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), así como a miles de expertos, periodistas, activistas climáticos, miembros de la comunidad y representantes de empresas y grupos no gubernamentales. Es un foro para que los Estados discutan cómo hacer frente a la crisis climática que cada vez está incidiendo más en los derechos humanos de todo el mundo.
A pesar de la creciente urgencia, las reuniones han fracasado en gran medida en conseguir los recortes necesarios en las emisiones de gases de efecto invernadero y en apoyar adecuadamente una transición hacia la energía renovable, protegiendo a las personas más afectadas por las inundaciones, las sequías, los huracanes y otros desastres relacionados con el clima. La COP28 se celebrará en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023, a pesar de la severa represión del país contra la disidencia pacífica y su agresiva expansión de la producción de combustibles fósiles.
- ¿Por qué la crisis climática es también una crisis de derechos humanos?
- ¿Qué está en juego para los derechos humanos en la COP28?
- ¿Por qué es necesaria una eliminación gradual de los combustibles fósiles para hacer realidad los derechos humanos?
- ¿Qué tan bien funciona la práctica actual de regular los mercados de carbono para reducir el cambio climático y proteger los derechos de los grupos marginados, y qué debería suceder en la COP28 para abordar este tema?
- ¿Cómo están utilizando los Emiratos Árabes Unidos la COP28 para lavar su reputación en materia de derechos humanos y maquillar su expansión de la producción de combustibles fósiles?
- ¿Cuáles son las preocupaciones en materia de derechos humanos acerca de que los Emiratos Árabes Unidos sean anfitriones de la COP28?
- ¿Quién es Ahmed Mansoor?
- ¿Qué tipo de restricciones se podrían imponer en Emiratos Árabes Unidos durante la COP28?
- ¿Ha habido cumbres climáticas anteriores en las que se restringiera la participación de la sociedad civil?
- ¿Por qué es esencial la participación significativa de la sociedad civil y los pueblos indígenas para una COP28 exitosa?
- ¿Qué debería hacer el gobierno emiratí para permitir una participación plena y significativa en la COP28?
- ¿Qué deberían hacer los Estados miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para presionar a los Emiratos Árabes Unidos a que pongan fin a los abusos contra los derechos humanos?
- ¿Cuál es la responsabilidad de la secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de defender los derechos humanos en la COP28?
¿Por qué la crisis climática es también una crisis de derechos humanos?
El derecho a un medio ambiente saludable es un derecho humano reconocido en todo el mundo. La crisis climática también afecta a muchos otros derechos humanos, incluido el derecho a la vida y el derecho a la vivienda, la alimentación y el agua.
Desde bosques en llamas hasta ciudades sofocantes, tierras de cultivo resecas y costas azotadas por tormentas, la crisis climática se está cobrando un precio cada vez mayor en vidas y medios de subsistencia en todo el mundo. Las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre, causadas principalmente por la quema de combustibles fósiles, atrapan el calor con graves consecuencias. El daño ya se está sintiendo, y la velocidad y la escala aumentarán exponencial y erráticamente en el futuro previsible.
Alrededor de 3.500 millones de personas ya viven en entornos que son altamente vulnerables al cambio climático, advirtió recientemente el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Se prevé que para 2050, más de mil millones de personas que viven en pequeñas islas y en comunidades y asentamientos costeros bajos estarán en riesgo debido al aumento del nivel del mar y las condiciones climáticas extremas. El cambio climático agrava las desigualdades sociales y económicas existentes. Las consecuencias de los desastres agudos y los cambios a largo plazo, como las sequías de varios años, son mucho peores para las comunidades marginadas y de bajos ingresos, a las que los gobiernos ya han fallado en proteger.
Las personas con identidades marginadas y vulnerabilidades interrelacionadas pueden tener una probabilidad aún mayor de morir, caer en la pobreza o perder recursos importantes debido al cambio climático. Los grupos más afectados incluyen personas de bajos ingresos, negros, indígenas y otras personas de color, personas mayores, personas con discapacidades, personas LGBT, mujeres y embarazadas, niños y trabajadores migrantes. Estos grupos también corren mayor riesgo de ser dejados de lado cuando ocurren desastres. Los gobiernos deberían asignar presupuestos a la protección de los derechos humanos de las personas del daño climático. Sin embargo, la capacidad de los gobiernos de ingresos bajos y medios para hacer realidad los derechos de las poblaciones más expuestas podría verse gravemente afectada y, en muchos lugares, quebrantada. La capacidad de los gobiernos para hacer frente a la crisis climática probablemente dependerá, en gran medida, de lo que los gobiernos estén haciendo hoy para defender los derechos de quienes ya están experimentando el impacto del cambio climático y abordar las industrias y políticas económicas subyacentes que lo causan.
La crisis climática requiere apoyar economías basadas en combustibles no fósiles y sistemas políticos que se centren en poner fin a la marginación económica, el racismo, el capacitismo, la discriminación por edad, la misoginia y otras formas de discriminación.
¿Qué está en juego para los derechos humanos en la COP28?
En marzo de 2023, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, la principal autoridad mundial en ciencia climática, confirmó que el planeta se está calentando a niveles récord y advirtió que los gobiernos no están tomando medidas suficientes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El panel instó a los gobiernos a reducir las emisiones eliminando gradualmente los combustibles fósiles, frenando la deforestación y aumentando la energía renovable.
Para cumplir con su obligación de derechos humanos de abordar el cambio climático, en la COP de este año, los gobiernos deberían comprometerse a la eliminación gradual equitativa y respetuosa con los derechos de todos los combustibles fósiles en las conclusiones de la COP28. Los gobiernos también deberían garantizar una transición justa y equitativa hacia la energía renovable y ayudar a las personas a adaptarse a las repercusiones de la crisis climática.
Los gobiernos en la COP28 deberían comprometerse a no autorizar nuevos proyectos de combustibles fósiles. Además, deberían poner fin a todas las formas de apoyo, incluidos los subsidios y la financiación internacional, a los proyectos de desarrollo de petróleo, gas y carbón para reducir rápidamente las emisiones y limitar los efectos del cambio climático.
Los gobiernos también deberían comprometerse a defender los derechos de las comunidades directamente afectadas por las operaciones de combustibles fósiles, incluidas las personas que trabajan y viven en y alrededor de los sitios de exploración, producción, almacenamiento, transporte, refinación, uso y eliminación de combustibles fósiles. Los gobiernos deberían garantizar su participación y representación en la toma de decisiones sobre las operaciones de combustibles fósiles y el cambio climático. Es particularmente importante garantizar la participación de grupos históricamente excluidos, como las personas con discapacidad.
Hace dos años, en la COP26 en Glasgow, los gobiernos se comprometieron a reducir gradualmente el uso de carbón. Pero el año pasado, en la COP27 en Egipto, un grupo de 81 países hizo un esfuerzo finalmente infructuoso para incluir la eliminación gradual de todos los combustibles fósiles en el texto final del documento de conclusión. Este impulso se vio obstaculizado por Arabia Saudita y otros estados del Golfo, informó The Guardian.
¿Por qué es necesaria una eliminación gradual de los combustibles fósiles para hacer realidad los derechos humanos?
Existe un consenso cada vez mayor, incluso por parte de la Agencia Internacional de Energía y el Panel Intergubernamental, de que para que los gobiernos cumplan los objetivos climáticos globales no puede haber nuevos proyectos de petróleo, gas o carbón.
La quema de combustibles fósiles es el principal impulsor de la crisis climática y representa más del 80 % de las emisiones mundiales de dióxido de carbono. Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, los proyectos existentes de combustibles fósiles ya son más de lo que el clima puede soportar para limitar el calentamiento global a un aumento de 1,5 grados centígrados necesario para evitar un colapso climático global.
Sin embargo, los gobiernos siguen autorizando –y subsidiando– la construcción de infraestructuras de combustibles fósiles y no regulan adecuadamente las operaciones existentes. La industria de los combustibles fósiles desvía la presión pública y política sobre sus operaciones principales, más recientemente al afirmar que sus operaciones pueden llegar a ser “cero emisiones netas”.
¿Qué tan bien funciona la práctica actual de regular los mercados de carbono para reducir el cambio climático y proteger los derechos de los grupos marginados, y qué debería suceder en la COP28 para abordar este tema?
La COP28 debe garantizar que el mercado global de carbono contemplado en el artículo 6.4 del Acuerdo de París esté estrictamente regulado para defender los derechos, apoyar la acción climática y proporcionar una reparación por las pérdidas y daños. Se trata de cuestiones vitales, dado que los Estados partes en el acuerdo, las empresas y otras entidades privadas están desarrollando rápidamente su presencia en el mercado, aun cuando en la mayoría de los países las salvaguardias van desde inadecuadas hasta inexistentes.
Los mercados de carbono comercian con créditos de carbono, que se supone representan el dióxido de carbono que ha sido eliminado de la atmósfera o se ha impedido su emisión mediante proyectos que van desde la conservación de bosques hasta la energía limpia, entre otros. Muchas empresas y gobiernos compran créditos de carbono para afirmar que compensan su propia contaminación.
Sin embargo, muchos créditos de carbono comercializados en esos mercados en realidad no representan carbono eliminado permanentemente ni emisiones evitadas. Estos créditos de “aire caliente” socavan la acción climática cuando se utilizan para compensar la contaminación, ya que en realidad no se producen reducciones generales de emisiones. Además, algunos proyectos de compensación de carbono han violado los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales al desplazarlos de sus tierras y criminalizar sus medios de vida.
En 2022, los Estados parte del Acuerdo de París ordenaron a un grupo de expertos, el Órgano de Supervisión del Artículo 6.4, que propusiera reglas para el mercado de carbono previsto en este nuevo mecanismo. En 2022, Human Rights Watch instó al Órgano de Supervisión a adoptar requisitos básicos estándar para la consulta que se alineen con los estándares internacionales y las mejores prácticas sobre el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado, y al acceso a la información y la participación. Human Rights Watch también ha hecho eco de las recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil de crear un procedimiento sustancial de quejas y apelaciones que esté operativo antes de que el Órgano de Supervisión pueda aprobar cualquier proyecto.
Las partes votarán las reglas propuestas por el Órgano de Supervisión durante la COP28. Antes y durante la COP28, el Órgano de Supervisión debería proponer reglas rigurosas para garantizar que el mercado de carbono establecido en virtud del Acuerdo de París esté estrictamente regulado para defender los derechos, apoyar la acción climática y proporcionar una reparación por las pérdidas y daños causados por el cambio climático.
¿Cómo están utilizando los Emiratos Árabes Unidos la COP28 para lavar su reputación en materia de derechos humanos y maquillar su expansión de la producción de combustibles fósiles?
Cada vez parece más evidente que los Emiratos Árabes Unidos, uno de los mayores productores de petróleo del mundo y una petro-autocracia que utiliza su riqueza en combustibles fósiles en parte para financiar su represión de los derechos y libertades fundamentales, pretende utilizar la conferencia como un medio para pulir su imagen mientras sigue impulsando la expansión de los combustibles fósiles, socavando los esfuerzos para hacer frente a la crisis climática y proteger los derechos humanos.
Los EAU son uno de los mayores emisores per cápita de gases de efecto invernadero que alimentan la crisis climática, y los fondos de su vasta industria de combustibles fósiles proporcionan la mayor parte de los ingresos del gobierno de los EAU. Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) es la principal compañía de combustibles fósiles del gobierno y recientemente anunció que estaba ampliando todos los aspectos de sus operaciones, a pesar del creciente consenso de que no puede haber nuevos desarrollos de petróleo, gas o carbón si los gobiernos quieren cumplir con los objetivos climáticos globales y proteger los derechos humanos.
Si bien en 2023 los Emiratos Árabes Unidos presentaron Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) recientemente reforzadas a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Climate Action Tracker, una organización que proporciona análisis científicos independientes, descubrió que ha habido “poca acción en la economía real” y le dio al país una calificación de “insuficiente”, particularmente porque los Emiratos Árabes Unidos todavía planean aumentar la producción de combustibles fósiles, y porque estos desarrollos planificados en materia de combustibles fósiles también harían que su objetivo sea inalcanzable. Estas políticas son inconsistentes con limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados.
El 12 de enero, los Emiratos Árabes Unidos nombraron al Sultán Ahmed Al Jaber presidente de la COP28. Jaber es el director ejecutivo de ADNOC, el undécimo mayor productor de petróleo y gas del mundo y responsable de una cantidad significativa de emisiones globales en las últimas décadas; y también fundó la empresa estatal de energía renovable Masdar en 2006. Jaber mantendrá su puesto en ADNOC mientras se desempeña como enviado especial de los Emiratos Árabes Unidos para el cambio climático y dirige la conferencia. Después de que los Emiratos Árabes Unidos obtuvieron la presidencia de la COP28, rápidamente contrataron varias costosas firmas de relaciones públicas estadounidenses, aparentemente para promover su papel como anfitriones.
Al igual que otros grandes productores de petróleo y gas, las empresas emiratíes de combustibles fósiles contribuyen a los impactos adversos sobre los derechos humanos relacionados con el cambio climático a través de su producción. ADNOC anunció recientemente que estaba ampliando todos los aspectos de sus operaciones y aumentó su capacidad de producción de 4 millones a 5 millones de barriles por día, a pesar del creciente consenso científico de que será necesario prohibir nuevos desarrollos de petróleo, gas o carbón para que los gobiernos puedan cumplir con sus objetivos climáticos globales y proteger los derechos humanos. Solo el 10 % ciento de la expansión de ADNOC se alinea con el escenario de la Agencia Internacional de Energía para que el mundo alcance emisiones netas de carbono cero para 2050.
El New York Times informó en septiembre sobre una grabación filtrada de una reunión entre el equipo de comunicación de la COP28 y un funcionario de derechos humanos del tribunal presidencial de los Emiratos que reveló que las autoridades de los EAU no quieren reunirse ni interactuar con grupos de derechos humanos, entre ellos Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
¿Cuáles son las preocupaciones en materia de derechos humanos acerca de que los Emiratos Árabes Unidos sean anfitriones de la COP28?
Los grupos de derechos humanos temen que la criminalización de la libertad de reunión, el cierre del espacio cívico y la represión de los detractores en los Emiratos Árabes Unidos impidan una participación significativa de activistas y defensores de los derechos humanos en las negociaciones climáticas. En los Emiratos Árabes Unidos, quienes hablan o investigan la expansión de los fósiles, o los daños a la salud y al clima causados por los combustibles fósiles, podrían correr el riesgo de exponerse a vigilancia ilegal, arrestos, detenciones y malos tratos.
Durante la última década, las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos se han embarcado en un ataque sostenido contra los derechos humanos y las libertades, incluyendo ataques contra activistas de derechos humanos, la promulgación de leyes represivas y el uso del sistema de justicia penal como herramienta para eliminar el movimiento de derechos humanos. Estas políticas han llevado al cierre total del espacio cívico, severas restricciones a la libertad de expresión, tanto en Internet como en medios no digitales, y a la criminalización de la disidencia pacífica. Las autoridades de los EAU tienen una política de tolerancia cero hacia la disidencia. Los Emiratos Árabes Unidos implementan tecnologías de vigilancia avanzadas para monitorear los espacios públicos, la actividad en Internet y los teléfonos y computadoras de las personas.
Durante más de 10 años, las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos han detenido injustamente al menos a 60 defensores de los derechos humanos, activistas de la sociedad civil y disidentes políticos emiratíes que fueron arrestados en 2012 debido a sus demandas de reforma y democracia, o su afiliación con la Asociación de Reforma y Orientación Social ( al-Islah). Algunos de estos emiratíes detenidos ilegalmente, comúnmente conocidos como “EAU94” debido al número de acusados en su juicio masivo, fueron sometidos a desaparición forzada, tortura y otros malos tratos. Fueron condenados a entre 7 y 15 años de prisión durante un juicio celebrado en 2013 que no cumplió las normas mínimas de un juicio justo. Las autoridades emiratíes siguen manteniendo encarcelados al menos a 51 prisioneros que formaron parte del caso UAE94 y que ya han cumplido sus sentencias, algunos de ellos desde 2019.
Los Emiratos Árabes Unidos también han participado en represión más allá de sus fronteras, incluida la extradición y el arresto de un disidente emiratí de Jordania, la designación de cuatro destacados disidentes emiratíes exiliados como partidarios del “terrorismo” y los secuestros internacionales y el regreso forzoso a los Emiratos Árabes Unidos por el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubai, de sus dos hijas adultas, Shamsa y Latifa.
La ley de ciberdelitos de los EAU, la Ley Federal no. 34 de 2021 sobre Lucha contra los Rumores y el Cibercrimen, se utiliza para silenciar a disidentes, periodistas, activistas y cualquier persona que las autoridades perciban como crítica con el gobierno, sus políticas o sus representantes. La ley contiene disposiciones abusivas, ambiguamente redactadas e inquietantes, restringe el ya muy limitado y fuertemente monitoreado espacio en línea de los EAU y plantea una grave amenaza a la libertad de los disidentes pacíficos, lo que hace aún más difícil para los ciudadanos comunes, residentes y visitantes reconocer qué tipo de actividades en línea podrían dar lugar a arresto y procesamiento.
La criminalización en los Emiratos Árabes Unidos de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, la sodomía y el aborto son delitos de “moralidad” demasiado amplios y la continuación de un sistema de tutores masculinos afecta desproporcionadamente a las mujeres y a las personas LGBT. Las autoridades también siguen dificultando que las personas solteras accedan a determinadas formas de atención de salud sexual y reproductiva, como atención prenatal y pruebas de salud sexual. Esto afecta tanto a las personas embarazadas como a las sobrevivientes de violencia sexual que necesitan acceso a anticonceptivos de emergencia, controles para detectar infecciones de transmisión sexual y profilaxis post-exposición (o PPE) al VIH.
Los Emiratos Árabes Unidos dependen en gran medida de los trabajadores inmigrantes, que constituyen más del 88 % de la población del país. Los trabajadores en los Emiratos Árabes Unidos están sujetos a un sistema de patrocinio (o “kafala”) que vincula sus visas a sus empleadores y los coloca en una posición de alta vulnerabilidad de la que los empleadores pueden, y a menudo lo hacen, aprovecharse indebidamente. Las malas prácticas en materia de contratación y empleo, como el robo de salarios y las tarifas de contratación ilegales, están muy extendidas, incluso entre los trabajadores en los sectores de la construcción y los servicios en Expo City Dubai, donde se celebrará la COP28. Los trabajadores migrantes en riesgo de sufrir estos abusos laborales generalizados también servirán durante la COP28 como personal de eventos, trabajadores de hospitalidad, administración de instalaciones, guardias de seguridad y conductores, entre otras funciones.
Los Emiratos Árabes Unidos tampoco protegen a los trabajadores de la exposición al calor extremo, que es un grave peligro para la salud exacerbado por el cambio climático. Los trabajadores al aire libre, incluidos los de la construcción, están desproporcionadamente expuestos a estos peligros. Al igual que el resto de los países del Golfo, los Emiratos Árabes Unidos imponen restricciones de trabajo al mediodía en verano que prohíben a los empleadores continuar trabajando al aire libre durante horas y meses predefinidos, a pesar de la fuerte evidencia de que no protegen adecuadamente a los trabajadores del calor.
Los daños causados por el calor no se producen de forma aislada. Otros abusos comunes, como las condiciones de vida hacinadas, la ausencia de áreas de descanso con sombra y servicios de transporte con aire acondicionado durante los desplazamientos, también afectan la capacidad de los trabajadores para descansar, rehidratarse y recuperarse. Múltiples estudios centrados en los riesgos de exposición al calor en los estados del Golfo encontraron una fuerte correlación entre el estrés por calor y las muertes por problemas cardiovasculares e indicaron que los días extremadamente calurosos están asociados con un mayor riesgo de mortalidad, con los trabajadores migrantes expuestos de manera desproporcionada. La prohibición de los sindicatos en los Emiratos Árabes Unidos y la libertad de expresión restringida impiden aún más que los trabajadores migrantes exijan colectivamente mejores protecciones contra el calor y otras salvaguardias.
Ahmed Mansoor es posiblemente el defensor de derechos humanos más conocido de los Emiratos Árabes Unidos. Recibió el prestigioso Premio Martin Ennals para los Defensores de los Derechos Humanos en 2015 y es miembro del Comité Asesor de Human Rights Watch para la división de Medio Oriente y Norte de África. Antes de su detención, Mansoor era el último defensor de los derechos humanos emiratí que seguía trabajando abiertamente en los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos deberían liberar a Mansoor de forma inmediata e incondicional; todos los gobiernos participantes en la COP28 y los organismos de la ONU deberían pedir repetida y públicamente la liberación de Mansoor.
Las fuerzas de seguridad allanaron su casa y lo arrestaron el 20 de marzo de 2017. Desde entonces, las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos han mantenido a Mansoor en una pequeña celda en régimen de aislamiento y lo han privado de material de lectura, una cama, un colchón y otras necesidades básicas. También se le priva de cualquier contacto significativo con otros presos o con el mundo exterior, incluidas visitas o llamadas periódicas a su esposa y sus cuatro hijos, en clara violación de los derechos de los presos según las normas internacionales, que los Emiratos Árabes Unidos afirman falsamente respetar.
En mayo de 2018, la Sala de Seguridad del Estado del Tribunal de Apelaciones de Abu Dabi condenó a Mansoor a 10 años de prisión por cargos enteramente relacionados con sus actividades de defensa de los derechos humanos. El 31 de diciembre de 2018, el tribunal de última instancia, el Tribunal Supremo Federal, confirmó su injusta sentencia, anulando su última oportunidad de obtener una liberación anticipada. Ambos juicios se celebraron completamente en secreto y el gobierno ha rechazado las solicitudes de hacer públicos el pliego de cargos y las sentencias judiciales.
Los tuits de Mansoor sobre injusticias, su participación en conferencias internacionales de derechos humanos en línea y sus intercambios de correos electrónicos y conversaciones de WhatsApp con organizaciones internacionales de derechos humanos, incluidos Human Rights Watch y Gulf Centre for Human Rights, se incluyeron como evidencia de actividad criminal para respaldar sus falsos cargos.
En agosto de 2016, Mansoor fue atacado por el famoso software espía Pegasus de NSO Group, según Citizen Lab, con sede en Toronto. En 2011, Mansoor fue atacado con el software espía FinSpy de FinFisher, y en 2012 fue atacado con el software espía Remote Control System de Hacking Team. Una vez que Pegasus está instalado en un dispositivo, el cliente puede convertirlo en una poderosa herramienta de vigilancia al obtener acceso completo a su cámara, llamadas, medios, micrófono, correo electrónico, mensajes de texto y otras funciones, lo que permite la vigilancia de la persona objetivo y sus contactos.
¿Qué tipo de restricciones se podrían imponer en Emiratos Árabes Unidos durante la COP28?
El ataque de los Emiratos Árabes Unidos al derecho a la libre expresión se extiende no solo a los ciudadanos emiratíes, sino también a los no emiratíes en los Emiratos Árabes Unidos. Las fuerzas de seguridad emiratíes detuvieron a un académico británico, Mathew Hedges, en 2018 tras un viaje de investigación para realizar trabajo de campo para su tesis doctoral. Estuvo recluido arbitrariamente durante meses en régimen de aislamiento antes de ser liberado bajo presión del gobierno del Reino Unido. El caso de Hedges ilustra las amenazas potenciales que plantea el gobierno de los EAU a las personas que asistan a la COP28.
Los Emiratos Árabes Unidos continúan ampliando sus capacidades de vigilancia, en Internet y medios no digitales. Las autoridades despliegan tecnología de vigilancia avanzada para monitorear los espacios públicos mediante cámaras CCTV e inteligencia artificial. Muchos sitios web, blogs, salas de chat y plataformas de redes sociales son monitoreados para censurar el contenido que el gobierno percibe como crítico de los gobernantes, el gobierno, las políticas y otros temas de los Emiratos Árabes Unidos que las autoridades consideran delicados.
¿Ha habido cumbres climáticas anteriores en las que se restringiera la participación de la sociedad civil?
Los representantes de la sociedad civil y los pueblos indígenas llevan mucho tiempo luchando por su derecho a participar en las negociaciones climáticas. Por ejemplo, en la COP25 en Katowice, el gobierno polaco impidió la entrada al país de algunos activistas climáticos y registró a algunos de ellos en sus habitaciones de hotel. En la COP26 en Glasgow, los observadores tuvieron dificultades para acceder a las salas de negociación, en línea y en persona. Durante la COP27 en Sharm el-Sheikh, el gobierno egipcio impuso restricciones arbitrarias de registro a grupos y activistas de derechos humanos, intensificó la vigilancia y las detenciones, acosó a activistas climáticos y negó la entrada (y posteriormente deportó) al menos a un activista.
¿Por qué es esencial la participación significativa de la sociedad civil y los pueblos indígenas para una COP28 exitosa?
La acción climática que respete los derechos requiere la participación plena y significativa de periodistas, activistas, defensores de los derechos humanos, la sociedad civil, grupos de jóvenes y representantes de los pueblos indígenas. Esto incluye a aquellos que se encuentran en la primera línea de la crisis climática y a las poblaciones con mayor riesgo de sufrir las repercusiones del cambio climático.
¿Qué debería hacer el gobierno emiratí para permitir una participación plena y significativa en la COP28?
El gobierno emiratí debería reducir su control del espacio cívico y respetar sus obligaciones en materia de derechos humanos defendiendo los derechos a la libre expresión, reunión y protesta. Las autoridades de los EAU deben liberar inmediata e incondicionalmente a todas las personas detenidas arbitrariamente por ejercer su derecho a la libre expresión, incluidos Ahmed Mansoor y los detenidos injustamente en el caso UAE94. El gobierno emiratí debería modificar la Ley de Delitos Cibernéticos para alinearla con sus obligaciones sobre el derecho a la libre expresión según el derecho internacional.
Los Emiratos Árabes Unidos también deberían despenalizar las relaciones sexuales no matrimoniales consensuales, las expresiones disconformes con el género y otros actos vagamente definidos dirigidos a personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT). La criminalización del sexo no marcial y los actos vagamente definidos plantean un grave riesgo para la seguridad de las mujeres y las personas LGBT que asisten a la COP28.
Los Emiratos Árabes Unidos deberían garantizar que las leyes y políticas faciliten el acceso de las mujeres a la atención de la salud sexual y reproductiva, independientemente de si están casadas, incluido el acceso a la anticoncepción de emergencia, controles de infecciones de transmisión sexual y profilaxis post-exposición al VIH, importantes para las sobrevivientes de violencia sexual.
¿Qué deberían hacer los Estados miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para presionar a los Emiratos Árabes Unidos a que pongan fin a los abusos contra los derechos humanos?
Los Estados miembros de la CMNUCC deberían enfatizar la importancia de una sociedad civil próspera e independiente para exigir una acción climática ambiciosa, incluida la eliminación gradual de los combustibles fósiles, y presionar al gobierno de los EAU, en público y en privado, para que respete sus obligaciones en materia de derechos humanos y libere inmediata e incondicionalmente a los activistas y defensores de los derechos humanos detenidos arbitrariamente.
¿Cuál es la responsabilidad de la secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de defender los derechos humanos en la COP28?
La CMNUCC firmó un acuerdo de sede para la 28ª sesión de la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático con el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos el 1 de agosto de 2023 pero no ha hecho público ese acuerdo.
Los acuerdos de sede deben ser públicos y “reflejar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como las respectivas obligaciones en virtud del derecho internacional de derechos humanos”, según lo dispuesto por las partes de la CMNUCC en una decisión de junio de 2023.
Las partes de la CMNUCC alentaron a la secretaría a continuar defendiendo “las leyes de derechos humanos y garantizar la integridad, dignidad y seguridad de todos los observadores en las conferencias de la CMNUCC”. Por lo tanto, la secretaría debería presionar al gobierno de los EAU para que respete sus obligaciones en materia de derechos humanos y señalar su intención de facilitar negociaciones climáticas sólidas y respetuosas con los derechos antes, durante y después de la COP28.
