(Jerusalén) – Durante el último año, se produjeron agresiones, ataques, abusos y asesinatos contra civiles a una escala que no tiene precedentes en la historia reciente de Israel y Palestina, señaló hoy Human Rights Watch al presentar su Informe Mundial 2024.
Desde el 7 de octubre de 2023, han sido asesinados más de 1.200 israelíes y ciudadanos extranjeros en Israel y, al 4 de enero, más de 22.000 palestinos en Gaza, en su mayoría civiles, en el contexto de hostilidades entre las fuerzas israelíes y los grupos armados palestinos en Gaza, que han incluido ataques ilegales y otros abusos graves. A su vez, los asesinatos, las detenciones administrativas y la violencia de colonos contra palestinos en la Cisjordania ocupada alcanzaron niveles máximos en años.
“Los crímenes atroces perpetrados por las fuerzas israelíes y grupos armados palestinos desde el 7 de octubre son el legado deplorable de décadas de impunidad por ataques ilegales y represión sistemática de Israel contra los palestinos”, expresó Omar Shakir, director para Israel y Palestina de Human Rights Watch. “¿Cuántos civiles más deben sufrir o ser asesinados como resultado de crímenes de guerra, hasta que los países que proporcionan armas interrumpan este suministro y tomen medidas para poner fin a estas atrocidades?”.
En la 34.a edición del Informe Mundial 2024, de 740 páginas, Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en más de 100 países. En el ensayo introductorio, la directora ejecutiva Tirana Hassan manifiesta que el 2023 fue un año excepcional no solo en términos de represión de los derechos humanos y atrocidades perpetradas en contextos de guerra, sino también de indignación gubernamental selectiva y diplomacia transaccional que conllevaron profundos costos para los derechos de quienes no están entre los favorecidos. Pero señala que también hubo algunos destellos de esperanza, que demuestran que es posible un camino diferente, e insta a los gobiernos a respetar de manera congruente sus obligaciones de derechos humanos.
El 7 de octubre, hombres armados procedentes de la Franja de Gaza y dirigidos por Hamás perpetraron un ataque en el sur de Israel, en el cual mataron en forma deliberada a civiles, dispararon contra multitudes, abatieron con armas de fuego a personas en sus viviendas y se llevaron rehenes a Gaza, incluidas personas mayores y niños y niñas, todos actos que constituyen crímenes de guerra. Según las autoridades israelíes, al 2 de enero todavía había 128 rehenes.
Poco después, las autoridades israelíes interrumpieron servicios esenciales a la población de Gaza, incluidos los de agua y electricidad, y bloquearon el ingreso de prácticamente todo tipo de productos, excepto por un volumen ínfimo de combustible y ayuda humanitaria crítica. Estos actos implican una forma de castigo colectivo que resulta constitutiva de crimen de guerra y que incluye el uso de la hambruna como método de guerra. Los ataques aéreos israelíes asolaron incesantemente a Gaza, impactaron en escuelas y hospitales y redujeron a escombros sectores extensos de los vecindarios, incluso en ataques que presuntamente fueron ilegítimos. Las fuerzas israelíes también utilizaron fósforo blanco de manera ilegal en zonas densamente pobladas. Ordenaron la evacuación de todas las personas en el norte de Gaza y, al 2 de enero, habían desplazado a una cantidad estimada del 85% de la población de Gaza: 1,9 millones de personas.
El bloqueo exacerbó la situación humanitaria derivada de las restricciones generalizadas impuestas por Israel a la circulación de personas y mercancías hacia y desde Gaza, que ya llevan 16 años. El cierre prolongado, así como las restricciones establecidas por Egipto en su frontera con Gaza, han privado a los 2,2 millones de palestinos de Gaza, salvo pocas excepciones, de su derecho a la libertad de circulación y de oportunidades de mejorar sus vidas; limitaron severamente su acceso a electricidad, atención de la salud y agua, y devastaron la economía.
En Cisjordania, en 2023 las fuerzas israelíes mataron a 492 palestinos, entre ellos 120 niños y niñas, según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH), más del doble que en cualquier otro año desde 2005, cuando la ONU comenzó a registrar los incidentes fatales de manera sistemática. Esto incluye muertes ilegales originadas por el uso regular de fuerza letal excesiva por parte de Israel y algunos casos de ejecuciones extrajudiciales.
Al 1 de enero, las autoridades israelíes también mantenían a 3.291 personas palestinas en condiciones de detención administrativa y sobre la base de información secreta, sin presentar cargos contra ellas ni someterlas a juicio, según cifras del Servicio Penitenciario de Israel. Esta cifra marca el nivel máximo en tres décadas, indica la organización israelí de derechos humanos HaMoked.
Durante el primer semestre de 2023, el gobierno israelí aprobó que se construyeran 12.855 nuevas unidades de vivienda en asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, el número más alto que registró el grupo israelí Peace Now, que realiza un seguimiento sistemático de los planes desde 2012. El traslado de civiles a territorios ocupados constituye un crimen de guerra.
En los primeros ocho meses de 2023, los incidentes de violencia de colonos contra palestinos y sus bienes alcanzaron el promedio diario más alto desde que la ONU comenzó a registrar estos datos en 2006: un promedio de tres incidentes por día, en comparación con dos por día en 2022 y uno en 2021. Esa proporción aumentó incluso más después del 7 de octubre. La OCAH registró 1.227 incidentes de violencia de colonos en 2023 que causaron víctimas y/o daños materiales, más que en ningún otro año desde que, en 2006, comenzó a llevar un registro de incidentes que involucraban a colonos.
La represión de palestinos por autoridades israelíes, emprendida como parte de una política que procura mantener la dominación de los israelíes judíos sobre los palestinos, es constitutiva de los crímenes de lesa humanidad de apartheid y persecución.
