(Washington, DC) – El presidente de México Andrés Manuel López Obrador debería rechazar cualquier nuevo acuerdo con Estados Unidos que conduzca a un aumento de las expulsiones sumarias de solicitantes de asilo hacia México, dijo Human Rights Watch en una carta al presidente López Obrador y a la secretaria de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena, quien se reunirá hoy con el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken en Washington, DC.
El presidente de Estados Unidos Joe Biden y congresistas estadounidenses están considerando aprobar nuevas y estrictas medidas migratorias que contravendrían estándares internacionales de derechos humanos y expondrían a miles de migrantes y solicitantes de asilo a graves peligros. Algunas de las medidas propuestas requerirían el beneplácito del gobierno mexicano para ser implementadas.
“El presidente López Obrador tiene la oportunidad de defender los derechos de miles de migrantes y solicitantes de asilo vulnerables, en su mayoría latinoamericanos, negándose a acceder a otro acuerdo que permita a Estados Unidos expulsar migrantes hacia México”, señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “El presidente de México debería dejar en claro que no pretende ser cómplice de este intento, por parte de congresistas estadounidenses, de despedazar el sistema de asilo de Estados Unidos”.
Los legisladores estadounidenses han propuesto las nuevas restricciones migratorias a cambio de su apoyo para autorizar más de US$100 mil millones en fondos de ayuda para Ucrania e Israel, como parte de las negociaciones del presupuesto federal de Estados Unidos para 2024.
Las propuestas que están siendo consideradas incluyen crear una nueva regla que permitiría a los funcionarios migratorios de EE. UU. expulsar a los solicitantes de asilo sin evaluar sus casos, lo cual sería similar a la política de expulsión fronteriza del Título 42, cuya vigencia terminó en mayo de 2023; restringir el programa de permisos humanitarios, que permite a ciertas personas de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua solicitar permiso para viajar legalmente a los Estados Unidos; y hacer permanente una nueva versión de la “prohibición de tránsito”, una norma que obliga a cualquier solicitante de asilo que haya pasado por un país en su camino hacia Estados Unidos a demostrar que solicitó asilo en ese país y fue rechazado.
Cualquier nueva política sobre la expulsión de migrantes y solicitantes de asilo hacia México requeriría la participación del gobierno mexicano, ya que las autoridades mexicanas tendrían que otorgar los permisos para que los migrantes expulsados ingresen al país.
Desde 2019, el presidente López Obrador permitió a Estados Unidos expulsar a migrantes no mexicanos y solicitantes de asilo a México mediante una serie de acuerdos que incluyeron el programa Quédate en México y, posteriormente, la política de expulsión fronteriza Título 42. Las personas expulsadas a México en el marco de estas políticas habitualmente son objeto de graves abusos, incluyendo secuestros, extorsiones, robos, agresiones sexuales y asesinatos, cometidos por cárteles y funcionarios corruptos. Los delitos contra migrantes rara vez se denuncian, investigan o castigan.
López Obrador también ha intensificado los esfuerzos para impedir que los migrantes atraviesen México para llegar a Estados Unidos, incluyendo mediante el despliegue de más de 32 mil soldados para el control migratorio y la operación de puntos de control y revisión migratoria en el interior del país. Las autoridades mexicanas detuvieron a 686 mil migrantes en 2023, la cifra más alta jamás registrada.
Los derechos a solicitar asilo y a ser protegido contra la devolución (es decir, el regreso a un país donde una persona corre el riesgo de persecución, tortura u otros daños graves) son reconocidos en la legislación estadounidense y mexicana y son principios fundamentales del derecho internacional garantizados por la Convención sobre Refugiados, la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. México ha ratificado estos tres tratados. Estados Unidos ratificó la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se adhirió al Protocolo de 1967 de la Convención sobre Refugiados, que obliga al país a respetar las disposiciones centrales de la Convención sobre Refugiados.
Toda persona que busque protección internacional tiene el derecho a solicitar asilo y a que su caso sea analizado por las autoridades correspondientes. Expulsar a solicitantes de asilo sin permitirles presentar sus solicitudes es ilegal y pone a estas personas en peligro.
“Estas propuestas de congresistas estadounidenses podrían violar derechos básicos y dar aún más poder a los grupos criminales en México que se están lucrando con el secuestro y la extorsión de migrantes vulnerables”, dijo Goebertus. “El presidente López Obrador debería priorizar la seguridad de los mexicanos y los derechos básicos de los migrantes y dejar claro que México no participará en nuevas expulsiones”.
